Brasil combina una de las mayores economías de América Latina con una estructura regulatoria compleja, en la que conviven normas federales, estaduales y municipales, y en la que los riesgos tributarios, laborales, ambientales, anticorrupción y de protección de datos se cruzan con frecuencia. En este escenario, el compliance dejó de ser un conjunto de documentos y procedimientos para convertirse en una función estratégica que debe estar cerca del negocio, basarse en riesgos y adaptarse a realidades regionales, sociales y empresariales muy distintas.
Marcelo Coimbra es socio fundador de CR& Partners, firma brasileña especializada en asesorar a empresas e inversionistas internacionales que operan en Brasil. Con más de 25 años de experiencia, su práctica se concentra en derecho corporativo, operaciones transfronterizas, tributario, ética empresarial y asuntos socioambientales. Ha acompañado a compañías e inversionistas en estructuración de operaciones, fusiones y adquisiciones, y ha desarrollado una perspectiva particular sobre la relación entre integridad, sostenibilidad, gobierno corporativo y competitividad.
En esta conversación, Coimbra analiza las lecciones que dejó el intenso ciclo de enforcement anticorrupción en Brasil, la evolución desde un compliance centrado en la formalidad hacia uno orientado a la efectividad, y los desafíos que plantean las cadenas de suministro globales, la debida diligencia ambiental y los derechos humanos. También aborda las oportunidades y límites de la inteligencia artificial, las tendencias regulatorias internacionales que impactarán a las empresas brasileñas y el valor de la colaboración regional para elevar los estándares de integridad en América Latina.
Brasil es uno de los mercados más grandes y complejos de América Latina. Desde tu experiencia, ¿qué exige gestionar riesgos legales y de compliance en un entorno de esa escala?
Gestionar el riesgo en un mercado del tamaño de Brasil exige, antes que nada, abandonar la idea de que el compliance puede resolverse únicamente mediante la elaboración de un buen manual. En más de veinticinco años asesorando a empresas brasileñas y a inversionistas extranjeros, aprendí que aquí la complejidad constituye el punto de partida de cualquier análisis, y no un simple detalle. Convivimos con tres niveles de normas —federal, estadual y municipal—, con autoridades que a veces miran el mismo hecho desde ángulos distintos y con marcos tributario, laboral, ambiental y anticorrupción que se cruzan todo el tiempo.
A esta complejidad normativa se suma una realidad marcada por profundas desigualdades, no solo económicas, sino también regionales e incluso culturales. Brasil reúne contextos sociales y empresariales muy distintos, con niveles desiguales de desarrollo, institucionalidad y madurez organizacional, lo que exige adaptar los controles y las estrategias de integridad a cada realidad sin perder coherencia ni rigor. Esa diversidad eleva aún más la complejidad de gestionar riesgos legales y de compliance en el país.
En ese entorno, lo que marca la diferencia es un enfoque genuinamente basado en riesgo, aplicado en la operación y no solo documentado en el papel. No se trata de controlar todo con la misma intensidad, sino de saber dónde está la exposición real y concentrar ahí los recursos. Y se trata, sobre todo, de traducir las políticas globales a procedimientos que funcionen dentro de la realidad jurídica brasileña, sin bajar el estándar.
Mi convicción, después de tantos años, es que, en un mercado de esta escala, la efectividad de un programa importa más que su formalidad, porque los programas que parecen robustos pero están desconectados de la operación tienden a fallar apenas se los pone a prueba en la práctica. Los que funcionan son los que están cerca del negocio, son multidisciplinarios y se actualizan con la misma velocidad con que cambian las reglas.
¿Cómo ha evolucionado la conversación sobre integridad empresarial en Brasil y qué cambios consideras más significativos en la manera en que las compañías abordan estos temas?
El cambio ha sido profundo y tuve la oportunidad de observarlo desde dentro, ya que cuando empecé a trabajar con ética empresarial, hace unos quince años, el compliance todavía se percibía como un tema casi marginal, confinado al área jurídica, mientras que hoy se ha convertido en un tema que se discute a nivel de directorio.
El punto de inflexión fue la Ley Anticorrupción, la Ley 12.846/2013, y más tarde su reglamentación por el Decreto 11.129/2022. Brasil pasó de un modelo centrado casi exclusivamente en el castigo a uno que valora la prevención y el consenso, con instrumentos como los acuerdos de lenidad. La CGU maduró como autoridad y fijó criterios claros para evaluar programas de integridad.
Pero el cambio más significativo, en mi opinión, es de naturaleza conceptual, en la medida en que dejamos de preguntar si la empresa cuenta con un programa para empezar a preguntar si ese programa resulta efectivo. La mera existencia de un código de conducta ya no se considera suficiente, puesto que lo que se valora es si existen controles reales, capacitación, canales de denuncia que funcionen y una alta dirección coherente con lo que exige al resto de la organización.
También se produjo una ampliación gradual de la propia agenda de compliance. El enfoque, antes concentrado principalmente en la lucha contra la corrupción, pasó a abarcar la protección de datos, la prevención y el tratamiento del acoso en el entorno laboral, la integridad de la planificación tributaria y los conflictos de interés. A ello se suman la prevención del lavado de activos y la identificación del beneficiario final, especialmente en empresas con socios en el exterior. También han cobrado relevancia los riesgos socioambientales y de derechos humanos, además del impacto creciente de leyes extraterritoriales que pueden alcanzar a empresas y operaciones en Brasil. Esta evolución exige programas más integrados y multidisciplinarios, capaces de identificar riesgos que atraviesan distintas áreas de la organización.
Hay un segundo movimiento que me parece igual de relevante: la integridad dejó de verse solo como defensa frente a sanciones y empezó a entenderse como un factor de competitividad y de acceso a capital, mercados y buenos socios, lo que representa, quizás, la señal de madurez más valiosa de todo el proceso.
Brasil ha estado en el centro de importantes debates regionales sobre corrupción y responsabilidad empresarial. ¿Qué aprendizajes dejaron esos procesos para las compañías y sus líderes?
En un período relativamente breve, Brasil atravesó una de las experiencias de enforcement más intensas de la región, de la que surgieron aprendizajes cuyo alcance excede el contexto brasileño.
La primera lección es que la mayor exposición rara vez proviene de la conducta propia de la empresa, sino de la de terceros como intermediarios, agentes y proveedores, sobre todo porque la ley brasileña consagra la responsabilidad objetiva de la persona jurídica: basta con que el acto ilícito se cometa en su nombre o en su beneficio para que la empresa responda, aun cuando no haya tenido conocimiento directo de él. Por esa razón, la gestión de terceros pasó a entenderse como una función estratégica dentro del programa de integridad y no como un mero trámite administrativo.
La segunda lección se dirige específicamente a los líderes, en la medida en que el llamado tone at the top tiene consecuencias concretas sobre la efectividad del programa: cuando la conducta de la cúpula contradice el discurso institucional, incluso el programa mejor diseñado pierde credibilidad y deja de funcionar. Por eso la alta dirección no se limita a definir los parámetros, sino que también responde para que esos parámetros se cumplan en la práctica.
La tercera lección, probablemente la más difícil de asumir, es que los controles que existen únicamente en el papel terminan siendo ineficaces cuando se los pone a prueba en la operación cotidiana. Muchas empresas descubrieron, con frecuencia en el momento más inoportuno, que contaban con políticas formalmente impecables mientras su práctica real seguía un camino distinto.
Existe una lección más optimista, relacionada con el valor concreto que tienen la transparencia y la cooperación. Las compañías que comprendieron que colaborar con las autoridades y remediar las fallas resultaba preferible a negar los hechos y resistirse terminaron fortalecidas, en buena medida porque invertir en integridad suele representar un costo menor que el de enfrentar una crisis.
También es necesario fortalecer la educación para la ética y los valores colectivos. Una cultura que asocia el éxito con el ascenso social a cualquier costo y con un apego excesivo a los bienes materiales puede normalizar atajos, debilitar el sentido de responsabilidad compartida y perjudicar la efectividad de los programas de compliance. Ningún sistema de controles sustituye una cultura que valore la integridad como un principio de convivencia y no solo como una obligación formal.
Desde la experiencia brasileña, ¿en qué aspectos crees que América Latina aún mantiene las brechas más importantes frente a los estándares internacionales de integridad corporativa?
Diría, con franqueza, que la brecha principal de América Latina ya no está tanto en la ley escrita como en su aplicación. Varios países de la región cuentan con leyes anticorrupción modernas, comparables a las mejores del mundo, de modo que la dificultad principal reside en la consistencia del enforcement y en la estabilidad institucional que lo sostiene.
La segunda brecha es la distancia entre la forma y la efectividad. Si bien resulta relativamente fácil adoptar un programa, lograr que ese programa viva en la operación diaria es mucho más difícil, y por eso muchas empresas de la región siguen ancladas en la fase del cumplimiento meramente formal.
La tercera, que veo crecer rápido, es la madurez en la gestión de la cadena de suministro y en la debida diligencia ambiental y de derechos humanos. Mientras Europa avanza con regímenes obligatorios, buena parte de la región todavía trata estos temas como voluntarios, cuando en la práctica ya son condición de acceso a mercados y financiamiento.
Y hay una cuarta, más silenciosa: la inclusión de las pequeñas y medianas empresas. La integridad no debería ser un atributo exclusivo de las grandes compañías exportadoras, ya que, mientras no alcance a la base del tejido empresarial, los avances quedarán limitados a focos aislados de buenas prácticas dentro de un entorno todavía marcado por la informalidad.
Operaciones, terceros y sostenibilidad
Has asesorado a empresas e inversionistas en operaciones corporativas dentro y fuera de Brasil. ¿En qué momento de una adquisición o inversión debería incorporarse el análisis de integridad, y qué riesgos suelen aparecer cuando se deja para el final?
Esta es una pregunta que me toca de cerca, porque buena parte de mi trabajo ha sido estructurar operaciones corporativas dentro y fuera de Brasil. En mi opinión, el análisis de integridad debe incorporarse desde el primer momento, en paralelo con la debida diligencia legal y financiera, y nunca en una etapa posterior.
Las razones son a la vez jurídicas y prácticas, puesto que en Brasil la responsabilidad bajo la Ley Anticorrupción se transmite a la sucesora: quien adquiere puede heredar la exposición por actos cometidos antes de la operación. Lo mismo ocurre con pasivos ambientales, laborales o con la inclusión del target en la llamada lista sucia del trabajo esclavo. Adquirir una empresa sin evaluar su integridad implica, en los hechos, asumir una parte relevante del riesgo sin tener conocimiento de ella.
Cuando el análisis se deja para el final, las dificultades tienden a concentrarse en la etapa menos conveniente, puesto que suele descubrirse tardíamente un intermediario problemático, un contrato público mal originado o una estructura societaria opaca, momento en el que ya no queda margen para ajustar el precio, estructurar garantías e indemnizaciones o, llegado el caso, retirarse a tiempo.
Mi recomendación a los inversionistas es siempre la misma: la debida diligencia de integridad no debe entenderse como un freno al negocio, sino como un mecanismo de protección de la inversión, puesto que un hallazgo identificado a tiempo puede gestionarse, mientras que uno detectado tardíamente suele traducirse en pérdidas.
La debida diligencia también es esencial para identificar pasivos que todavía no se han materializado y para comprender si la cultura de la organización objeto de la adquisición está alineada con la cultura ética del inversionista. Sabemos que una transformación cultural no es sencilla ni ocurre a corto plazo. Por eso, es necesario evaluar si existe un desajuste tan profundo que pueda comprometer la integración y convertirse incluso en un deal breaker.
Las cadenas de suministro conectan a las empresas con terceros que operan en distintas jurisdicciones. ¿Cómo debería integrarse la evaluación de proveedores y socios comerciales en una estrategia de compliance que sea efectiva y, a la vez, viable para el negocio?
El desafío consiste precisamente en lograr que la evaluación de proveedores y socios sea rigurosa sin convertirse en un cuello de botella para el negocio, algo que se resuelve aplicando un criterio de proporcionalidad.
En Brasil, este desafío se vuelve aún más complejo porque muchas pequeñas empresas operan con un grado significativo de informalidad y cuentan con bajos niveles de documentación, especialmente en materia de compliance. La ausencia de políticas, registros y controles estructurados no siempre indica una irregularidad, pero dificulta la evaluación objetiva del riesgo. Por eso, la debida diligencia debe combinar rigor con proporcionalidad y considerar la realidad operativa de cada proveedor.
Lo primero es segmentar por riesgo, ya que no todos los terceros merecen el mismo escrutinio. Un proveedor de insumos genéricos no plantea las mismas exigencias que un agente que interactúa con el sector público o que un proveedor en un sector sensible como el agro, la madera o la minería, de modo que calibrar la profundidad de la diligencia según el nivel de riesgo es lo que permite mantener el programa viable.
Lo segundo es pensar en todo el ciclo de vida de la relación, no solo en la contratación: diligencia previa, cláusulas contractuales con derecho de auditoría y de terminación, y monitoreo continuo. La relación con el tercero no concluye con la firma del contrato, sino que en rigor comienza en ese momento.
Lo tercero es apoyarse en la tecnología para escalar, dado que la automatización del screening y del monitoreo permite abarcar a muchos terceros sin frenar la operación y libera al equipo para concentrarse en los casos que realmente lo exigen.
Conviene, por último, no perder de vista el contexto internacional, en el que regímenes como el reglamento europeo sobre deforestación o las restricciones por trabajo forzoso en Estados Unidos ya condicionan el acceso de los exportadores brasileños. Para muchas empresas, una adecuada diligencia de terceros ha dejado de ser una buena práctica opcional para convertirse en una condición necesaria para poder operar.
Tu trayectoria también está vinculada a asuntos socioambientales y de ética empresarial. ¿Cómo pueden las compañías conectar sus compromisos de sostenibilidad con decisiones concretas de gobierno corporativo y gestión de riesgos?
La conexión entre sostenibilidad, gobierno corporativo y gestión de riesgos comienza por reconocer que los compromisos ambientales y sociales no son declaraciones de imagen, sino decisiones que generan obligaciones, costos, oportunidades y exposición reputacional. Para que esos compromisos sean creíbles, deben traducirse en metas medibles, responsabilidades claras y controles que permitan verificar su cumplimiento en la operación.
En la práctica, esto exige incorporar los riesgos socioambientales en los procesos de evaluación de inversiones, adquisiciones, contratos y proveedores. También requiere que los directorios reciban información suficiente para entender dónde están las exposiciones más relevantes, qué controles existen y qué medidas se están adoptando cuando aparecen fallas.
Una empresa que gestiona estos temas de manera integrada no solo reduce riesgos: también fortalece su acceso a mercados, financiamiento y socios comerciales. En un entorno donde las exigencias internacionales sobre trazabilidad, deforestación y derechos humanos avanzan rápidamente, la sostenibilidad dejó de ser una agenda aislada para convertirse en parte de la estrategia de negocio y de la gobernanza corporativa.
Tecnología, regulación y colaboración regional
La inteligencia artificial está cambiando la forma en que las empresas analizan información y toman decisiones. ¿Dónde ves sus mayores oportunidades para los equipos legales y de compliance, y qué riesgos exigirán una supervisión especialmente cuidadosa?
La inteligencia artificial es, probablemente, la mayor transformación que viviremos los equipos legales y de compliance en esta década, y prefiero abordarla con una combinación de interés y cautela.
Las oportunidades son enormes justamente en lo que más nos cuesta hacer a escala: el screening y el monitoreo continuo de terceros, la detección de anomalías en pagos y transacciones, la revisión de contratos, la aceleración de las debidas diligencias y el rastreo de cambios regulatorios en varias jurisdicciones a la vez. Tareas que antes requerían equipos muy numerosos hoy pueden realizarse mejor, con mayor rapidez y de forma más consistente.
Existen, no obstante, ciertos riesgos que exigen una supervisión especialmente cuidadosa y que conviene examinar por separado. El primero es la protección de datos: en Brasil, cualquier uso de IA tiene que dialogar con la LGPD. El segundo son los sesgos y los errores, los falsos positivos y negativos que pueden llevar a decisiones injustas o hacer que se pase por alto un riesgo real. El tercero, más sutil, es el riesgo de complacencia, es decir, la tendencia a delegar en la herramienta y a reducir el análisis crítico propio.
Mi posición es que la IA representa un multiplicador de capacidad muy relevante, pero el criterio y la responsabilidad continúan siendo humanos. Los equipos de compliance deberán incorporar a su actuación la identificación de los riesgos asociados al uso indebido de la IA y definir medidas concretas para prevenirlos, detectarlos y mitigarlos. A ello se suma un elemento nuevo: la propia gobernanza de la IA, junto con su explicabilidad y su trazabilidad, se está convirtiendo en una nueva frontera del compliance, de modo que ya no basta con utilizar estas herramientas, sino que resulta necesario saber gobernarlas.
¿Qué tendencias regulatorias internacionales crees que tendrán mayor impacto sobre las empresas brasileñas y cómo deberían prepararse aquellas que operan en varios países de la región?
A mi juicio, existen tres grandes frentes que marcarán la agenda regulatoria de las empresas brasileñas en los próximos años.
El primero es el de la debida diligencia obligatoria en sostenibilidad y derechos humanos que avanza en Europa, junto con las exigencias de reporte y las reglas de deforestación. Aunque sean normas europeas, alcanzan de lleno a nuestros exportadores, que deben demostrar trazabilidad y origen lícito para seguir vendiendo. Conviene seguirlas de cerca, porque Europa está en pleno proceso de recalibrarlas y simplificarlas, de modo que los plazos y los alcances siguen moviéndose.
El segundo frente es el del comercio y las sanciones, con restricciones crecientes vinculadas al trabajo forzoso y a insumos sensibles, sobre todo en Estados Unidos. Y el tercero, emergente pero acelerado, es la regulación de la inteligencia artificial y la convergencia global en materia de protección de datos.
¿Cómo prepararse, sobre todo si se opera en varios países de la región? Mi recomendación es construir un único programa integrado que apunte al estándar más alto aplicable, en lugar de adaptar las exigencias país por país, lo que supone mapear la exposición real, invertir en trazabilidad, involucrar a los proveedores y llevar el tema al directorio. La empresa que intenta perseguir cada norma por separado tiende a reaccionar tarde, mientras que aquella que define principios comunes y los adapta a cada jurisdicción logra anticiparse y prepararse adecuadamente.
CR& Partners representa a Brasil en ComplianceLatam. ¿Qué valor tiene participar en una red de líderes legales y de compliance de distintos países? ¿Qué experiencias puede aportar Brasil al debate regional y qué puede aprender de sus vecinos?
Para nosotros, representar a Brasil en ComplianceLatam tiene un valor muy concreto, dado que nuestros clientes rara vez operan en un solo país y piensan, por lo general, en términos regionales. Formar parte de una red de líderes legales y de compliance de distintas jurisdicciones nos permite ofrecerles esa mirada regional con conocimiento local de verdad, no con generalizaciones.
Participar en una red tan amplia en América Latina también es importante para crear conexiones de confianza que puedan dar lugar a futuros proyectos conjuntos. Esto resulta especialmente valioso al diseñar e implementar programas de compliance para empresas que operan en varios países de la región, porque permite articular capacidades locales dentro de una estrategia regional coherente.
Hay además un valor de aprendizaje colectivo. Cuando colaboramos en trabajos comparados, como la guía sobre Compliance en las cadenas de suministro, que tuve el gusto de preparar en representación de Brasil, uno ve con claridad en qué se parecen y en qué se diferencian nuestros sistemas, y eso enriquece el consejo que damos a cada cliente.
En cuanto a lo que Brasil puede aportar al debate, se trata sobre todo de experiencia vivida. Pocos países de la región atravesaron un ciclo de enforcement tan intenso ni construyeron un marco anticorrupción tan probado en la práctica, con la lenidad, la actuación de la CGU y una jurisprudencia abundante. Esa experiencia, aunque difícil, constituye también una fuente valiosa de conocimiento.
En cuanto a lo que puede aprender, hay bastante. Veo a vecinos con enfoques muy interesantes en protección de datos, en el diseño de incentivos a la autodenuncia o en la articulación entre el sector público y el privado. El valor de la red reside precisamente en ese punto: ninguno de sus integrantes cuenta con todas las respuestas, y el intercambio permite mejorar el nivel de todos.
Desde una perspectiva regional, ¿qué haría falta para que los avances en integridad, transparencia y gobierno corporativo se traduzcan en cambios sostenidos en la forma de hacer negocios en América Latina?
El salto pendiente no es, otra vez, de leyes, ya que América Latina cuenta en general con buenos marcos normativos y lo que todavía falta es que esos avances se incorporen a la cultura empresarial.
Para lograrlo se requieren tres condiciones. Primero, consistencia, es decir, un enforcement previsible y una estabilidad institucional que no dependa del ciclo político de turno, sin la cual resulta difícil que alguien invierta en integridad. Segundo, un cambio de mentalidad, que consiste en pasar de un compliance movido por el miedo a la sanción a una integridad movida por convicción, por ser la mejor manera de hacer negocios y de atraer capital y talento. Y tercero, amplitud, para que la integridad alcance tanto a las grandes empresas como a las pequeñas y medianas, y se extienda de los equipos técnicos a los liderazgos y a los directorios.
Existe, además, una dimensión de acción colectiva, ya que las empresas honestas no pueden competir solas contra aquellas que no lo son y necesitan sumarse, fijar estándares de mercado y exigirse mutuamente.
Soy optimista, aunque realista, porque los cambios culturales no se producen por decreto, sino que se construyen de manera gradual. Si logramos que la próxima generación de líderes entienda la integridad no como un costo, sino como parte de lo que significa hacer bien las cosas, habremos avanzado en lo que realmente importa.
Para más información sobre la plataforma, escríbenos a contacto@compliancelatam.legal.




