04-04-2022 | Noticias
La Superintendencia de Control de Poder del Mercado (“SCPM”), remitió el 17 de enero el proyecto de Ley Orgánica de Competencia Desleal (el “Proyecto de Ley”) a la Asamblea Nacional, que regula y prohíbe los actos de competencia desleal y propone convertir la actual SCPM en la Superintendencia de Competencia Económica.
Se busca establecer un sistema de protección autónomo que regule las prácticas desleales, independientemente de que el autor tenga o no afecte al mercado, distinto al régimen actual bajo la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado (“LORCPM”).
El Consejo de Administración Legislativa (“CAL”) de la Asamblea tiene 60 días para calificarlo y remitir a la Comisión Especializada respectiva (Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa) para su trámite (aprobación en dos debates). En caso de que sea aprobado, no se espera que entre en vigencia antes del segundo semestre de 2022.
¿Cómo cambia el régimen actual?
El régimen actual no cambiará hasta que, de ser el caso, se apruebe y entre en vigencia una reforma a la LORCPM.
La LORCPM tipificaba algunas conductas como prácticas desleales (actos de engaño, imitación, comparación, violación de secretos empresariales, entre otros) que se mantienen en el Proyecto de Ley, pero se incluyen además las ventas a pérdida, las prácticas señuelo, la venta piramidal, y las prácticas comerciales encubiertas, así como el abuso en situación de dependencia económica (no se requiere poder de mercado, como señalaba la LORCPM).
Bajo la LORCPM, estaban prohibidas y eran sancionables las prácticas desleales que afecten “la competencia, atenten contra la eficiencia económica, o el bienestar general o los derechos de los consumidores o usuarios”. El Proyecto de Ley busca diferenciar entre prácticas desleales que afectan solo a particulares (que se puede reclamar ante Jueces de lo Civil), y las que afectan a la competencia económica e interés general, denominados actos de competencia desleal agravados (que se pueden reclamar ante la Superintendencia de Competencia Económica o por la vía civil, y establece sanciones del 8%, 10 y hasta 12% de los ingresos brutos percibidos por el infractor en el año anterior).
Además, cabe destacar que se contempla la inversión de la carga de la prueba, es decir, el imputado deberá probar que no existe infracción.
Para mayor información contactar a:
María Rosa Fabara | Socia Bustamante Fabara | mrfabara@bustamantefabara.com
04-04-2022 | Noticias
El 15 de marzo de 2022, la Cámara de Senadores ratificó el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (“OIT”) 190 sobre la violencia y el acoso laboral, el cual tiene por objeto obligar a los patrones a establecer medidas preventivas y disciplinarias para erradicar cualquier tipo de violencia física y/o psicosocial que pudieran sufrir los trabajadores por la prestación de sus servicios.
Los puntos más relevantes del Convenio son:
Un enfoque inclusivo, con perspectiva de género;
Definiciones globales respecto a violencia, acoso y discriminación por temas de género;
Control de aplicación de sanciones, medios de prevención contra actos de violencia y reparación de daños; y
Sensibilización a la problemática de violencia y acoso laboral;
El Convenio será depositado ante la OIT y una vez que su director general lo registre, entrará en vigor al año siguiente como marco normativo mexicano y deberá ser publicado por un decreto en el Diario Oficial de la Federación.
El objeto del Convenio es contrarrestar actitudes y conductas negativas para el libre desarrollo de la persona dentro de los centros de trabajo. Las empresas tendrán que crear o actualizar sus políticas, protocolos y mecanismos para desarrollar un ambiente armónico libre de violencia y acoso.
Actualmente, dentro de las leyes y normas mexicanas, ya se encuentran algunas obligaciones vigentes que atienden al contenido de dicho Convenio, entre las que destacan:
La elaboración de un protocolo en conjunto con los trabajadores, para la prevención de actos discriminatorios por razones de género, de violencia, acoso u hostigamiento sexual, fundado en la Ley Federal del Trabajo en su artículo 132 fracción XXXI; y
La elaboración de una política y mecanismos para la prevención, seguimiento y aplicación de sanciones, fundada en la Norma Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018, Factores de riesgo psicosocial en el trabajo-Identificación, análisis y prevención (“NOM035”), misma que se enfoca en:
a) La prevención de los factores de riesgo psicosocial;
b) La prevención de la violencia laboral; y
c) La promoción de un entorno organizacional favorable.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a través de la dirección de inspección federal de trabajo, deberá velar por que dichas medidas y obligaciones sean aplicadas en los centros de trabajo. En caso de que la Secretaría, por medio de la dirección de inspección federal del trabajo encuentre irregularidades y/o advierta algún tipo de incumplimiento respecto de dichas disposiciones, podrá imponer multas que pueden variar de entre 50 hasta 5,000 UMAS por cada posible incumplimiento imputable al patrón, lo que equivale a una cantidad de $4,811.00 hasta $481,100.00 pesos. Es importante destacar que las cantidades antes referidas pueden aumentar en función del número de incumplimientos u omisiones que se puedan detectar.
En aras de estar preparados para el cumplimiento del Convenio 190 de la OIT, recomendamos que las empresas empiecen a observar a las obligaciones en este mismo sentido. Sugerimos iniciar con una lista de obligaciones y cumplimientos con el fin de determinar el grado de cumplimiento actual de la empresa.
Para mayor información contactar a:
Juan José López de Silanes | Socio Basham, Ringe y Correa | lopez_de_silanes@basham.com.mx
04-04-2022 | Noticias
El Ministro de la Contraloría General de la Unión (CGU), Wagner Rosário, participó el miércoles 23 de marzo, en Brasilia, de la ceremonia de entrega del Sello Más Integridad 2021/2022 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento de Brasil.
Empresas de agronegocios y cooperativas fueron premiadas por adoptar prácticas de integridad enfocadas en la responsabilidad social, la sostenibilidad ambiental y la ética, con base en la evaluación del Comité de Gestión del Sello, que cuenta con la participación de un representante de la CGU. La ministra del Mapa, Tereza Cristina, también participó del evento junto a otras autoridades.
El Sello Más Integridad del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento está alineado con el Programa de Promoción de la Integridad Pública (Profip) de la CGU. Durante el evento, el Ministro Wagner Rosário destacó los buenos resultados del esfuerzo de las instituciones públicas y privadas, junto a la sociedad civil, en favor de la ética y la integridad. “Nuestras empresas estatales, por ejemplo, están todas alineadas con las recomendaciones del Consejo de Integridad de la OCDE. Las empresas estatales que hace siete años se vieron envueltas en escándalos de corrupción, perjudicando al fisco, hoy presentan buenos resultados”, dijo.
El ministro también dijo que, en una encuesta realizada con el Banco Mundial, en 2021, en alianza con el Gobierno Federal, fueron entrevistados 22.130 servidores públicos, con una experiencia promedio de 16 años en el trabajo, en todas las unidades federativas del país y en todos los ministerios. Según él, de estos servidores públicos, el 58% dijo haber observado actos poco éticos en el gobierno federal durante su carrera en el servicio público. “Cuando preguntamos eso, en los últimos tres años, ese número ha bajado al 33%. Los números aún no son buenos, pero ya muestran que el trabajo de las instituciones públicas y privadas, junto a la sociedad civil, está dando frutos”, celebró.
Para Wagner Rosário, la integridad debe estar asociada a una actitud racional y razonable. “Este es el reto diario en nuestra profesión, un cambio de mentalidad. Con una cultura de integridad más fuerte, necesitaremos menos control. es un proceso Se necesita paciencia para que esta cultura sea absorbida por todos. Y, por mucho que mucha gente trate de denigrar la imagen de Brasil, los esfuerzos públicos y privados han hecho una diferencia en el país”, concluyó.
Se premiaron 17 organizaciones del sector agropecuario, nueve de las cuales recibieron el premio por primera vez y ocho lograron la renovación del certificado. En la ocasión, también se realizó el lanzamiento del “Sello Mais Integridade – Versión Especial” y el reconocimiento de cuatro organizaciones con la entrega del trofeo “Asociación Socia del Sello Mais Integridade 2021/2022”.
La ministra Tereza Cristina destacó el esfuerzo de las empresas y cooperativas del sector agropecuario por mantener el propósito íntegro de la gestión, aún frente a los desafíos que impone la pandemia. Según ella, esto abrirá mercados que antes se consideraban inalcanzables. “Desde que iniciamos el proyecto, hemos estado totalmente alineados con las buenas prácticas de gestión, con la responsabilidad social y la sustentabilidad ambiental. Apoyamos a las empresas en varios frentes y tenemos espacio para promover, a través de nuestro registro Agroíntegro, incluso aquellas que están con acciones iniciales de integridad. Hoy ya tenemos casi 30 empresas y cooperativas registradas”, dijo.
Durante la ceremonia también tuvieron lugar las ordenanzas que aprueban el Manual de Marca del Sello Mais Integridade y el reglamento de la próxima edición del premio por parte del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento.
Para mayor información contactar a:
Cláudia Massaia | Asociada Demarest | cmassaia@demarest.com.br
01-04-2022 | Noticias
El pasado diciembre de 2021 el ministro de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, Iván Lima Magne, pasó a exponer que durante marzo de 2022 se llevara a cabo la reforma judicial en base al anuncio que habría realizado el presidente, Luis Arce Catacora, en un informe ante organismos internacionales.
El ministro señaló el compromiso que se tiene con el pueblo de realizar una reforma judicial que sea objetiva.
Después de las recomendaciones de organismos internacionales, el ministro Lima oficializó que durante este año se realizará la Cumbre Judicial, en base a las recomendaciones realizadas al Gobierno Boliviano por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) y del Comité Contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés).
Asimismo, el Ministro Lima mencionó que se sumará al debate el diagnóstico realizado en los encuentros departamentales de socialización de los seis ejes de la reforma y los lineamientos establecidos en la cumbre de 2017.
Los ejes propuestos por el Ministerio de Justicia para la reforma son: balanceo del conflicto (distribución uniforme y estratégica de jueces en el país), acceso a la justicia, independencia judicial, tecnologías de la información y comunicación, desarrollo normativo y transparencia institucional.
Para mayor información contactar a:
Carla Arellano | Consejera Ferrere | carellano@ferrere.com
01-04-2022 | Noticias
En octubre de 2021 el Banco Central del Uruguay emitió la Comunicación 2021/199, donde en referencia a la Unidad de Información y Análisis Financiero, habilita y regula la presentación en forma digital del formulario de reporte de transacciones inusuales o sospechosas por parte de los sujetos obligados del sector no financiero (artículo 13 de la Ley No. 19.574).
A través del siguiente enlace se puede acceder al instructivo para el envío de los referidos reportes, elaborado por el Banco Central del Uruguay.
Para mayor información contactar a:
Carla Arellano | Consejera Ferrere | carellano@ferrere.com
01-04-2022 | Noticias
El Informe Sombra a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (“CNUCC”) publicado por la Organización No Gubernamental “Semillas para la Democracia” hacia fines de 2021 destacó importantes avances en materia de legislación y elaboración de políticas públicas anticorrupción por el Estado paraguayo entre los años 2018 y 2021.
Así, el informe consideró que Paraguay se encuentra indefectiblemente en un proceso de afianzamiento de políticas de gestión pública que realmente abiertas y de utilidad para la ciudadanía, señalándose como aspectos positivos:
- La adecuación normativa relacionada con la promoción de tecnologías para la lucha contra la corrupción mediante el desarrollo de planes de acción de gobierno abierto, con la participación del Estado, la sociedad civil y el sector privado.
- La adopción de una política de open contracting por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), al dar cuenta su portal de la adopción de dicho estándar para la publicación de datos, poniendo a disposición de los interesados una serie de datos relacionados a proveedores del Estado y los respectivos montos de adjudicación en contratos públicos, permitiendo un control ciudadano más eficaz.
- La promulgación en el año 2019 del paquete de 10 leyes en el marco de la estrategia del gobierno para aprobar las evaluaciones del cumplimiento de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con lo que legislativamente se cumplió con varios de los mandatos del Capítulo V de la CNUCC; y
- La existencia de avances importantes con las últimas modificaciones incorporadas a la Ley de Financiamiento Político, al constituir la nueva legislación un desafío en términos de políticas públicas para fortalecer a los partidos políticos, reducir las asimetrías y evitar el ingreso de dinero de origen ilícito en los procesos electorales.
Para mayor información contactar a:
Carla Arellano | Consejera Ferrere | carellano@ferrere.com
