22-09-2026 | Miller & Chevalier, Noticias
Las investigaciones corporativas y los desafíos de compliance internacional exigen mucho más que un conocimiento detallado de las normas. También requieren comprender cómo operan los negocios, cuáles son las dinámicas de cada mercado y qué factores culturales pueden influir en la forma en que una organización enfrenta sus riesgos. En un escenario marcado por investigaciones multijurisdiccionales, mayores exigencias regulatorias y una creciente atención sobre la corrupción, el lavado de activos, el fraude y el uso de información privilegiada, la capacidad de conectar distintas perspectivas es fundamental.
Maria Elena Lapetina es socia de Miller & Chevalier, una de las firmas que representa a ComplianceLatam en Estados Unidos. Su práctica se concentra en investigaciones y acciones de enforcement de alcance internacional, compliance corporativo y asuntos transaccionales, con especial experiencia en América Latina. Asesora a compañías multinacionales, directorios, comités de auditoría, instituciones financieras, bancos de desarrollo y ejecutivos, y ha representado a clientes ante organismos como la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés), el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) y la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA, por sus siglas en inglés).
En esta entrevista, Lapetina aborda los aprendizajes que han marcado su trayectoria, la importancia de escuchar y comprender el negocio antes de diseñar una estrategia legal, los errores más frecuentes al conducir investigaciones internas y los desafíos adicionales que surgen cuando estas atraviesan distintas jurisdicciones.
Tu carrera se ha desarrollado en importantes firmas legales de Estados Unidos y hoy eres socia de Miller & Chevalier. ¿Qué te motivó a especializarte en investigaciones corporativas y compliance internacional?
Mi familia es de Argentina. La cercanía con Latinoamérica me ha permitido entender sus mercados y analizar sus dinámicas con cierta sensibilidad. A su vez, crecer y educarme en Estados Unidos me permitió traer el contexto internacional a los asuntos que involucran a Latinoamérica y entender cómo afectan a la región. Esta conexión llevó a que me interesara por el mundo del compliance internacional y, consecuentemente, por las investigaciones corporativas. En esta área he encontrado un espacio para integrar mi parte cultural y familiar con mi conocimiento técnico.
Has sido reconocida por Latinvex durante cinco años consecutivos como una de las 100 mejores abogadas de América Latina. ¿Qué representa ese reconocimiento en tu trayectoria y qué responsabilidad implica para ti?
Para mí representa un reconocimiento al acercamiento que he tenido con la cultura latinoamericana y con la comprensión de sus mercados. Encuentro que es un reconocimiento al valor que tiene poder incluir conocimientos técnicos a unas dinámicas concretas. Y desde luego, esto conlleva una responsabilidad de seguir fomentando la cultura ética y de integridad en la región a través de asesorías ajustadas a la medida de las necesidades de los mercados. También representa la importancia de impulsar el crecimiento de la región y de seguir impulsando mejores prácticas en los negocios. Por último, pero no menos importante, este reconocimiento significa mucho para mí, pues implica estar incluida en una lista de mujeres que venero y admiro profundamente.
A lo largo de tu trayectoria has asesorado a empresas, directorios e instituciones financieras en algunos de sus momentos más complejos. ¿Qué aprendizajes han marcado tu desarrollo profesional y tu manera de ejercer el derecho?
Mi mamá fue psicóloga y nunca pensé que la abogacía y la psicología pudieran solaparse. Sin embargo, a través de los años descubrí que no son campos ajenos, pues mucho de lo que hacemos como abogados es escuchar y entender cómo se hacen las cosas. La clave para una buena asesoría es comprender el mercado, los factores que lo afectan y cuáles son las necesidades que enfrentan las compañías. Mi mayor aprendizaje es escuchar, porque a través de la escucha podemos saber cómo debemos enfrentar los nuevos retos y dinámicas sin detener los negocios y, por el contrario, cómo agregarles valor. Eso es lo que procuramos hacer en nuestro equipo: escuchar para entender realmente cómo operan los negocios de nuestros clientes, entender cuáles son los retos que enfrentan e identificar que es lo más importante para ellos.
Has representado a clientes ante organismos como la SEC, el DOJ y FINRA. ¿Qué habilidades son esenciales para desenvolverse en investigaciones de esa magnitud y qué has aprendido de ese trabajo?
Creo que una habilidad importante es entender qué buscan los organismos de control o cuál es su preocupación subyacente y, por otra parte, entender cuáles fueron las razones detrás de una decisión de negocio. De esta manera, es posible atender las inquietudes de manera precisa sin brindar información que no aporte valor, o que pueda afectar innecesariamente al negocio. Asimismo, creo que es clave moverse con agilidad para asegurar que las investigaciones sean confidenciales y pueda recolectarse información clave que permita una defensa efectiva y estructurada, lo que involucra incorporar equipos forenses, abogados multijurisdiccionales, entre otros.
En tu experiencia, ¿cuáles son los errores más frecuentes que cometen las empresas al iniciar o conducir una investigación interna?
Creo que el primer error es ignorar el problema o hacer de cuenta que no existe. No tomarse con seriedad una investigación interna no solo es una puerta para perder oportunidades y dinero, sino para perder la confianza en los sistemas de cumplimiento. Es mandar el mensaje equivocado sobre la efectividad y la seriedad de los programas de prevención en dos vías: por un lado, es sugerir que los programas en verdad no previenen riesgos. Por otro lado, sugiere que estos eventos no son importantes y que las personas pueden hacer cualquier cosa sin consecuencias. La idea de una investigación interna no solo es controlar los efectos de los eventos materializados, sino también mostrar que el cumplimiento está en el ADN de una organización, y que no es una mera formalidad de papel. Es importante reconocer cuando algo no está bien y buscar cómo hacerlo distinto, en vez de decir que todo está bien. Finalmente, un tercer error está en enfocarse en el qué de lo que pasó y no indagar en cómo pasó. Las investigaciones internas deberían permitirnos ir a la raíz del problema para evitar que eventos similares ocurran en el futuro. En otras palabras, son una oportunidad de identificar brechas en los sistemas de cumplimiento y adoptar los ajustes necesarios para seguir promoviendo la cultura de integridad.
Muchas de las investigaciones en las que participas involucran varias jurisdicciones. ¿Qué desafíos adicionales aparecen cuando una investigación trasciende las fronteras de un único país?
El primer desafío es entender cómo opera el negocio de país a país. Es evidente que hay unas diferencias normativas y regulatorias que hay que considerar antes de definir una estrategia, las cuales abarcan temas esenciales para una investigación interna, como asuntos de protección de datos, requisitos para revelar cierta información, sanciones por incumplimiento, recolección de pruebas y el alcance de las conductas prohibidas. Sin embargo, también existe una diferencia cultural que debe considerarse en una investigación multijurisdiccional. Es importante entender las diferencias operativas, de los mercados, de los enfoques de los órganos reguladores, etcétera. Tener una conciencia y una fluidez cultural pueden hacer la diferencia en el enfoque de cualquier investigación interna, y también van a ser muy importantes al momento de pensar en cómo diseñar los sistemas de cumplimiento. Por eso tiene tanto valor hacer parte de esta comunidad donde tenemos colegas excepcionales expertos en cumplimiento en Latinoamérica. Ser parte de esta red nos permite compartir ideas y perspectivas que posteriormente se traducen en hacer nuestro trabajo más eficiente y de mayor valor para nuestros clientes.
Evolución del compliance y colaboración regional
¿Cómo ha evolucionado la aplicación de normativas como la FCPA y qué impacto tiene hoy en las empresas con operaciones en América Latina?
La ley de prácticas corruptas en el extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés) fue promulgada en 1977 con el propósito inicial de sancionar sobornos a funcionarios públicos extranjeros. Luego de ciertas modificaciones introducidas a finales de los años 90, la FCPA también tenía como propósito perseguir empresas extranjeras por actos de corrupción que tuvieran ciertos vínculos con el territorio de los Estados Unidos. En este sentido, a inicios del 2000 vimos una aplicación muy agresiva de la FCPA que se extendió por más de 20 años y que tendía a enfocarse sobre todo en la conducta de compañías por fuera de los Estados Unidos. A lo largo de los años vimos a los fiscales estadounidenses aplicar sanciones más severas y utilizar teorías agresivas en, por ejemplo, el análisis de jurisdicción para expandir la aplicación de FCPA. Recientemente hemos visto una suspensión de su uso. Sin embargo, su aplicación sigue enfocándose en empresas fuera de los Estados Unidos (aunque no de manera exclusiva), y en conductas que representan violaciones a la FCPA por nexos con carteles u organizaciones terroristas. Este es el enfoque que hemos visto en esta segunda administración de Trump, y solo el tiempo dirá cómo la aplicación de la FCPA cambiará durante la siguiente administración.
Además de corrupción, tu práctica abarca lavado de activos, fraude, insider trading y conductas indebidas en el ámbito laboral. ¿Qué riesgos están ganando mayor relevancia para las organizaciones?
El enfoque de la administración en carteles y FTO hacen que debamos prestar particular atención a conductas que puedan esconder interacciones con estas organizaciones y que se traduzcan en fraudes contables, violaciones a registros financieros y, en general, lavado de activos. En general, el uso del sistema financiero en las dinámicas con estas organizaciones es de gran interés. En Miller & Chevalier siempre hemos tenido un enfoque multidisciplinario que abarca muchos sectores, pero ahora es algo que debemos ver con mayor frecuencia para estudiar con cuidado la exposición a estas organizaciones designadas como terroristas y carteles. Por otro lado, hemos visto que la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) tiene un gran foco en asuntos de fraude multijurisdiccional y el uso de información privilegiada (insider trading). Durante el último año hemos visto cambios a leyes que afectan principalmente a los emisores privados extranjeros (FPI, por sus siglas en inglés). En virtud de estas modificaciones, ahora los directivos y administradores deben revelar sus participaciones en compañías. Esta es una diferencia relevante respecto de requerimientos anteriores y sugiere un incremento en el enfoque de la SEC en riesgos de insider trading de directores y administradores de FPIs.
Has trabajado estrechamente con multinacionales, directorios y comités de auditoría. ¿Cómo ha cambiado el papel de estos órganos en la supervisión del compliance durante la última década?
Típicamente veíamos que estos órganos participaban en una fase reactiva. Es decir, intervenían cuando se necesitaba tomar una decisión de negocio luego de la materialización u ocurrencia de un riesgo. Ahora estos órganos están llamados a jugar un rol más preventivo y enfocado a promover una cultura de integridad en las compañías. Esto se traduce en la importancia de mensajes tone at the top, capacitaciones, auditorias de cumplimiento para verificar la aplicación adecuada de controles preventivos, entre otros. En otras palabras, estos órganos tienen la responsabilidad de asegurarse que las personas se tomen con seriedad los temas de cumplimiento, y eso solo se logra cuando ellos mismos lo hacen. También resalto que estos órganos han empezado a entender en los últimos años las ventajas comerciales y de negocio de tener una estructura de cumplimiento sólida. Ver al equipo de cumplimiento como un aliado estratégico, y no como un centro de costos, permite darle voz y elevar la importancia de su función dentro de las organizaciones. Esto, a su vez, se traduce en una cultura robusta de integridad.
Miller & Chevalier es reconocida por su experiencia en investigaciones corporativas y cumplimiento normativo. ¿Qué distingue el enfoque de la firma al asesorar a clientes en asuntos de alta complejidad?
Miller & Chevalier ha tenido un enfoque en Latinoamérica por más de 20 años. La mayoría de los abogados de Miller & Chevalier que trabajan en Latinoamérica son latinoamericanos o han vivido o trabajado en Latinoamérica, y hablan castellano o portugués. Esto nos ha dado una diversidad de opiniones y experiencias que ha sido clave para nuestra práctica. Asimismo, nos ha dado una fluidez cultural que nos permite evaluar un tema o un caso con mayor sensibilidad y conocimiento de las dinámicas de los mercados y de las compañías con las que trabajamos. Como he mencionado antes, creo que poder integrar este contexto cultural con el conocimiento técnico de las regulaciones de Estados Unidos ha permitido destacar la práctica de Miller & Chevalier.
Miller & Chevalier es uno de los representantes de Estados Unidos dentro de la red de firmas miembro de ComplianceLatam. Desde tu perspectiva, ¿qué valor aporta una red regional para enfrentar riesgos y desafíos de cumplimiento que ya no se detienen en las fronteras?
Nos sentimos muy orgullosos de ser una de las firmas fundadoras de ComplianceLatam. Hacer parte de esta comunidad nos permite seguir cultivando y desarrollando una sensibilidad cultural esencial para nuestra práctica. Esto solo es posible mediante la socialización de opiniones, ideas y mejores prácticas entre las personas que practicamos en este campo. Poder compartir espacios con los expertos de esta red es muy enriquecedor para discutir y entender los retos de cumplimiento en la región, y también para diseñar asesorías ajustadas a estas nuevas realidades. Así mismo, participar en esta red nos permite aprender de tendencias en materia de cumplimiento a lo largo de la región de la mano de verdaderos expertos y traer ese conocimiento para nuestros clientes de Iberoamérica.
Mirando hacia los próximos años, ¿qué nuevas áreas de riesgo crees que ocuparán un lugar central en la agenda de los oficiales de cumplimiento?
Creo que en términos generales todo el uso del sistema financiero y los registros contables serán de alta relevancia. Deberá prestarse mucha atención a la manera de realizar pagos, registrar transacciones, mantener registros contables, identificar operaciones que puedan estar asociadas al lavado de activos, el uso de criptoactivos, entre otros. Va a ser muy relevante prestar atención a la manera en que se usan estos sistemas y la forma en que los programas de cumplimiento responden para reportar irregularidades de manera oportuna. Y desde luego, esto también supondrá la participación de las áreas financieras y contables de las compañías en el diseño, estructuración y aplicación de controles.
Si necesitas más información sobre la plataforma o nuestras firmas miembro, escríbenos a contacto@compliancelatam.legal.
17-09-2026 | Basham, Noticias
De aprobarse la iniciativa, la reforma introduciría una nueva aprobación regulatoria específica para México, previa al cierre para las operaciones transfronterizas que involucren al país.
Las modificaciones propuestas a la Ley de Inversión Extranjera (LIE) introducirían un nuevo régimen de revisión previa al cierre de inversiones extranjeras por razones de seguridad nacional. Ciertas inversiones que resulten en una participación extranjera superior al 49% en sociedades mexicanas que operen en sectores sensibles y superen un umbral de activos que será determinado por la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE) requerirían autorización previa. La CNIE estaría facultada para autorizar, condicionar o prohibir las operaciones sujetas a revisión por razones de seguridad nacional, añadiendo una nueva revisión regulatoria a las operaciones transfronterizas que involucren a México1.
Los cambios
México ya cuenta con una disposición en materia de seguridad nacional en la Ley de Inversión Extranjera, aunque hasta ahora no ha operado como un régimen de revisión plenamente desarrollado. El artículo 30 vigente faculta a la CNIE para impedir adquisiciones por parte de inversión extranjera por razones de seguridad nacional. La iniciativa reconoce expresamente que la legislación actual carece de parámetros y lineamientos para el ejercicio de dicha facultad. La propuesta derogaría el artículo 30 y lo sustituiría por un Título Sexto Bis específicamente dedicado a la revisión de inversiones extranjeras por razones de seguridad nacional.
La reforma establecería así una vía regulatoria diferenciada. Las autorizaciones tradicionales previstas en la LIE continuarían regulando la admisión de inversión extranjera y las restricciones a la participación extranjera, mientras que el nuevo Título Sexto Bis introduciría un análisis independiente de los riesgos o amenazas para la seguridad nacional.
Obligatoriedad de la notificación
Según las modificaciones propuestas, se requeriría la autorización previa del CNIE si se cumplen las tres condiciones siguientes:
- El inversor extranjero adquiera, directa o indirectamente, más del 49 % del capital social de una empresa mexicana;
- Los activos totales de la sociedad mexicana objetivo superen un umbral que establecerá la CNIE mediante una resolución general2; y
- La sociedad mexicana objetivo opera en un sector o actividad sensible incluido en la lista.
Sectores y actividades económicas sensibles
La iniciativa identifica una amplia gama de sectores y actividades sujetos a evaluación de seguridad nacional, tal y como se resume a continuación. La lista no es exhaustiva, ya que la CNIE también estaría autorizado a designar, mediante resolución general, otras actividades o sectores económicos análogos o similares.
| Sector |
Actividad económica expresamente incluida |
| Infraestructuras estratégicas |
Energía, transporte, sector salud, comunicaciones, minería, procesamiento y almacenamiento de datos, sistemas digitales, sector aeroespacial, defensa e instalaciones sensibles. |
| Tecnologías críticas/de doble uso |
IA, robótica, semiconductores, ciberseguridad, tecnologías aeroespaciales y de defensa, almacenamiento de energía, tecnología cuántica, nuclear, nanotecnología y biotecnología. |
| Insumos críticos |
Energía, materias primas y seguridad alimentaria. |
| Información sensible |
Acceso a información sensible, en particular a datos personales, o la capacidad de controlarla. |
| Otras actividades |
Actividades o sectores análogos o similares que el CNIE designe posteriormente mediante resolución general. |
Notificación voluntaria
Si la inversión extranjera supera el 49%, pero la sociedad mexicana objeto de la inversión se encuentra por debajo del umbral de activos aplicable, las partes podrán, no obstante, notificar voluntariamente la autorización de la CNIE. La iniciativa no establece un puerto seguro (safe harbor) para las operaciones que no se notifiquen voluntariamente, cuestión que requerirá mayor claridad durante el proceso legislativo o mediante la regulación secundaria.
Procedimiento de notificación y plazos de revisión
| Etapa |
Norma propuesta |
| ¿Quién presenta la notificación? |
La empresa mexicana y el inversor extranjero deben presentar la solicitud de forma conjunta ante la Secretaría Técnica de la CNIE. |
| Plazo inicial para resolver |
60 días hábiles a partir de la presentación. |
| Requerimiento de información (RFI) |
La CNIE podrá suspender el procedimiento de revisión por una sola ocasión para requerir información o documentación adicional. |
| Plazo para la emisión del RFI |
El requerimiento de información deberá emitirse dentro de los 20 días hábiles siguientes a la presentación de la notificación. |
| Plazo para responder el RFI |
La CNIE otorgará un plazo de 5 a 30 días hábiles para atender el requerimiento. La falta de respuesta dará lugar al desechamiento de la notificación. |
| Reanudación del plazo para resolver |
El plazo de tramitación se reanuda el día hábil siguiente a la presentación completa de la información solicitada. |
| Prórroga por complejidad |
La CNIE podrá prorrogar el plazo de tramitación una sola vez, por un máximo de 30 días hábiles adicionales, si la complejidad del expediente lo justifica; la prórroga deberá estar motivada. |
| No hay afirmativa ficta |
Si los plazos aplicables transcurren sin que la CNIE emita una resolución, la solicitud se tendrá por negada. La regla general de afirmativa ficta prevista en la LIE no sería aplicable. |
¿Qué puede decidir la CNIE?
La iniciativa propuesta prevé tres posibles resultados:
- Autorización: no se identifica ningún riesgo ni amenaza para la seguridad nacional y la adquisición se declara viable;
- Mitigación: la operación debe modificarse para atender el riesgo identificado; o
- Prohibición: se impide la adquisición por motivos de seguridad nacional.
Las medidas de mitigación serán un elemento relevante del régimen propuesto. La iniciativa permitiría a la CNIE exigir modificaciones específicas a la operación para mitigar los riesgos identificados para la seguridad nacional, así como imponer términos y condiciones particulares, que podrían incluir obligaciones de reporte periódico y mecanismos de supervisión de cumplimiento.
La iniciativa no establece un catálogo cerrado de medidas de mitigación, lo que podría otorgar a la CNIE un margen considerable para diseñar medidas específicas atendiendo a las circunstancias de cada operación.
Rediseño institucional de la CNIE
La iniciativa modificaría sustancialmente la composición institucional de la CNIE para asuntos relacionados con la seguridad nacional. Las personas titulares de las Secretarías de la Defensa Nacional, Marina y Seguridad y Protección Ciudadana se incorporarían a la Comisión como miembros con derecho a voto. Asimismo, en las sesiones relacionadas con asuntos de seguridad nacional, la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, el Servicio de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera participarían como invitados permanentes, con voz pero sin voto.
Relevancia para inversionistas extranjeros
El procedimiento propuesto está diseñado como una revisión interinstitucional en materia de seguridad nacional, y no simplemente como un aviso realizado ante la Secretaría de Economía. Los inversionistas deberán anticipar que el análisis de la notificación irá más allá de los porcentajes de participación y la información financiera, y podrá abarcar aspectos como tecnologías sensibles, datos, infraestructura, dependencias en cadenas de suministro y riesgos relacionados con la seguridad nacional.
Medidas de mitigación y riesgo de sanciones
La iniciativa establece dos sanciones específicas por incumplimientos relacionados con el nuevo régimen de revisión por razones de seguridad nacional, adicionales a la sanción general ya existente por realizar actos que requieren autorización de la CNIE sin haberla obtenido previamente:
- Transmisión de participación prohibida o no autorizada. Si la sociedad mexicana transmite, cede, entrega o de cualquier otra forma transfiere la participación al inversionista extranjero después de que la CNIE haya negado la autorización o antes de obtener la resolución favorable requerida, podrá imponerse una multa de 5.000 a 200.000 UMAs diarias3. Considerando el valor diario de la UMA para 2026 de MX$117,31, la multa podría ser de aproximadamente entre MX$586.550 y MX$23,46 millones (entre US$34.400 y US$1,38 millones), utilizando un tipo de cambio aproximado de MX$17,04 por dólar al 31 de agosto de 2026.
- Incumplimiento de medidas de mitigación. El incumplimiento de las medidas impuestas por la CNIE para mitigar riesgos estaría sujeto a una multa independiente dentro del mismo rango de 5.000 a 200.000 UMA diarias. Considerando el valor diario de la UMA para 2026 de MX$117,31, la multa podría ser de aproximadamente entre MX$586.550 y MX$23,46 millones (entre US$34.400 y US$1,38 millones), utilizando un tipo de cambio aproximado de MX$17,04 pesos por dólar al 31 de agosto de 2026.
- Incumplimiento de la obligación de obtener la autorización de la CNIE. Adicionalmente, la sanción general ya existente por realizar un acto que requiera autorización de la CNIE sin haberla obtenido previamente sería de 1.000 a 5.000 UMA diarias. Considerando el valor diario de la UMA para 2026 de MX$117,31, la multa podría ser de aproximadamente entre MX$117.310 y MX$586.550 (entre US$6.900 y US$34.400), utilizando un tipo de cambio aproximado de MX$17,04 por dólar al 31 de agosto de 2026.
Lo que deben hacer inversionistas extranjeros y equipos encargados de transacciones
- Incluir a México en los análisis globales de evaluación de la IED para operaciones que impliquen activos mexicanos sensibles, y evaluar esta cuestión en paralelo con la notificación de concentraciones y las autorizaciones sectoriales aplicables.
- Identificar desde una etapa temprana la estructura de propiedad y control final, incluidas estructuras indirectas, participaciones vinculadas con Estados y derechos de los inversionistas que puedan resultar relevantes para la revisión de la CNIE.
- Identificar tecnologías sensibles, datos, infraestructura, insumos críticos y bienes inmuebles durante el proceso de due diligence regulatorio, y no limitar el análisis al sector formal en el que opera la sociedad mexicana objeto de la inversión.
- Abordar expresamente la autorización de inversión extranjera en México en los documentos de la operación, incluyendo condiciones suspensivas, cláusulas de cooperación, asignación de riesgos relacionados con posibles medidas de mitigación y fechas límite para el cierre (long-stop dates).
- En operaciones multijurisdiccionales, procurar que la información presentada en México sea consistente con la proporcionada ante CFIUS, la Unión Europea, el Reino Unido y otras autoridades con regímenes de revisión de inversión extranjera, particularmente respecto de la estructura de propiedad, tecnología, datos y relaciones con gobiernos.
Un nuevo marco específico para México
De aprobarse la iniciativa en los términos sustancialmente propuestos, la reforma introduciría una nueva aprobación regulatoria previa al cierre para las operaciones transfronterizas que involucren a México. Los inversionistas extranjeros y las partes de una operación deberán evaluar desde una etapa temprana la posible aplicación del nuevo régimen de revisión de inversión extranjera y coordinarlo con las notificaciones de concentraciones existentes ante la Comisión Nacional Antimonopolio, inversión extranjera y regulación sectorial.
Si bien el régimen propuesto incorpora elementos comunes a otros mecanismos internacionales de revisión de inversión extranjera (incluidos el análisis de sectores sensibles, la participación de diversas autoridades, la imposición de medidas de mitigación y la facultad de prohibir operaciones), sus umbrales de aplicación y procedimiento de revisión son específicos de México. Por lo tanto, las transacciones que afecten a sectores sensibles deben evaluarse de forma independiente con arreglo al marco mexicano, en lugar de basarse únicamente en el resultado de los análisis de control de la IED del CFIUS, la NSIA del Reino Unido o de la Unión Europea.
[1] Basado en la Iniciativa Presidencial presentada ante el Senado de México el 30 de agosto de 2026 (la “Iniciativa”). Disponible en: https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/66/2/2026-08-30-1/assets/documentos/Inicitiva_SEGOB_Ley_Inversi%C3%B3n_Extranjera.pdf
[2] El umbral de activos aún no ha sido determinado. La Iniciativa establece que la CNIE deberá determinarlo y publicarlo en el Diario Oficial de la Federación dentro de los 180 días naturales siguientes a la publicación del decreto.
[3] Unidad de Medida y Actualización (UMA), utilizando sus siglas en español.
Escríbenos a contacto@compliancelatam.legal para más información.
16-09-2026 | az, Noticias
Hace más de tres décadas, Rodrigo Albagli identificó que el mercado legal chileno necesitaba una asesoría más ejecutiva, proactiva y conectada con la velocidad de los negocios. Con esa visión fundó az, una firma que buscó romper con el modelo tradicional de asesoría para convertirse en un socio estratégico de sus clientes, capaz de comprender sus industrias, anticipar riesgos y acompañarlos en sus decisiones de negocio. Desde entonces, Albagli ha liderado la evolución de la firma y el desarrollo de equipos orientados a entregar soluciones integradas en áreas como gobierno corporativo, fusiones y adquisiciones, venture capital, private equity, tecnología, inteligencia artificial, protección de datos y compliance.
Como managing partner de az, su aproximación al ejercicio de la profesión combina la experiencia jurídica con una marcada visión empresarial. Para Albagli, el derecho no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para viabilizar proyectos, proteger activos y generar valor. Su búsqueda de innovación y colaboración se extendió también al ámbito regional con la creación de ComplianceLatam, plataforma que conecta a firmas, expertos e instituciones de distintos países para compartir conocimiento y elevar los estándares de integridad corporativa en América Latina.
En esta conversación, Rodrigo Albagli aborda los aprendizajes de liderar una firma durante ciclos económicos, regulatorios y tecnológicos muy distintos; la importancia de construir una cultura organizacional adaptable; la evolución del compliance desde una obligación formal hacia un habilitador del crecimiento; y las tendencias que transformarán la industria legal de cara al futuro.
Emprender una firma legal hace 35 años era muy distinto a hacerlo hoy. ¿Qué necesidades del mercado detectaste entonces y cómo influyeron en la identidad de az?
Hace 35 años, ser abogado en Chile era una profesión mucho más formalista y reactiva. De forma temprana percibí que el mercado requería un servicio mucho más ejecutivo, proactivo y alineado con la velocidad que exigían los negocios. Esa necesidad moldeó nuestra identidad: nos exigió desarrollar agilidad, una cercanía real con la toma de decisiones y una inquietud constante por innovar, aspectos que hoy forman parte del ADN de az.
Si vuelves al inicio de ese camino, ¿qué visión tenías de la firma que querías construir?
Cuando fundamos az, la visión era romper el molde de la asesoría legal tradicional. Quería construir una firma conectada con el entorno empresarial, que no se limitara a reaccionar ante los problemas de los clientes, sino que fuera un socio estratégico capaz de entender sus modelos de negocio, anticipar riesgos e impulsar su crecimiento. La meta siempre fue crear una institución sólida, innovadora y, sobre todo, transformadora.
Muchas personas te describen como un abogado con visión empresarial antes que tradicional. ¿Cómo desarrollaste esa manera de entender la profesión y por qué crees que es clave comprender el negocio del cliente?
Entendí de forma anticipada que el derecho no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para viabilizar proyectos, generar valor y proteger activos. Para asesorar con impacto, no basta con saber qué dice la ley; hay que entender el mercado, los riesgos operativos y la cultura de la empresa a la que acompañas. Si el abogado no comprende la lógica del negocio de su cliente, termina siendo un freno en lugar de un catalizador.
Liderar una firma durante más de tres décadas implica atravesar ciclos económicos, regulatorios y tecnológicos muy distintos. ¿Cuál ha sido tu principal aprendizaje?
Desde mi experiencia, he aprendido que la verdadera capacidad de resiliencia de las empresas reside en la cultura y en las personas, no solo en la estructura. Las herramientas tecnológicas cambian y las regulaciones se vuelven más complejas, pero si cuentas con un equipo alineado con un propósito, adaptable y con apetito por aprender, la organización no solo sobrevive a los cambios, sino que los lidera.
Mirando tu trayectoria, ¿qué momentos han marcado especialmente tu forma de liderar y de tomar decisiones de negocio?
Los momentos clave han sido las crisis y los momentos de inflexión tecnológica y económica. Superar periodos de incertidumbre regional me enseñó la importancia de adaptarme, anticiparme y no limitarme a reaccionar ante el cambio. Sin embargo, la decisión de profesionalizar la gobernanza de la firma, delegar y apostar por proyectos disruptivos, incluso cuando el modelo tradicional seguía siendo cómodo, definió mi visión de liderazgo.
Cultura de innovación
En az han desarrollado modelos como azCompliance, azTech y azMiami. ¿Por qué decidiste construir una firma basada en especialidades que dialogan entre sí?
Las empresas ya no pueden operar con silos de cumplimiento, y los problemas de nuestros clientes tampoco. Un asunto de Compliance cruza tecnología, privacidad de datos, gestión y gobierno corporativo. Crear azCompliance, azTech o azMiami respondió a la necesidad de ofrecer soluciones multidisciplinarias e integradas. No se trata de áreas aisladas, sino de un ecosistema legal alineado con los desafíos de la economía digital y sostenible.
¿Qué importancia tiene la innovación dentro de una firma legal y cómo se logra que se convierta en parte de la cultura organizacional?
La innovación en la industria legal ya no es un elemento diferenciador opcional; es una necesidad estratégica. Para que deje de ser un proyecto aislado, debe integrarse en la operación y en la evaluación de desempeño. Se logra fomentando un entorno donde se valore la curiosidad, se incentive el uso de nuevas tecnologías y herramientas digitales, y se entienda que innovar también es rediseñar la forma en que nos comunicamos y agregamos valor al cliente.
Construir una firma y una red regional implica formar equipos capaces de sostener una visión común. ¿Qué cualidades buscas en los profesionales de az y cómo fomentas su desarrollo?
La excelencia técnica es un punto de partida. Lo que realmente marca la diferencia es la curiosidad, la capacidad de entender el negocio, la integridad y la forma de relacionarse entre distintas áreas. En az fomentamos su desarrollo otorgando autonomía temprana, exposición a proyectos complejos y una cultura de mentoría constante, donde el criterio y la iniciativa tienen un rol clave.
Evolución del compliance y creación de ComplianceLatam
Hace años, el compliance era visto como una obligación regulatoria. ¿En qué momento entendiste que podía transformarse en un elemento estratégico para los negocios?
Lo vi con claridad cuando las exigencias internacionales de integridad, ESG y gobernanza comenzaron a influir directamente en las valoraciones de las empresas, en su acceso al financiamiento y en la reputación de sus marcas. El Compliance dejó de ser un check-the-box legal para convertirse en un activo intangible crítico. Las empresas con estándares éticos y de trazabilidad robustos son más competitivas y atractivas para el mercado.
Hoy hablas del compliance como un habilitador del crecimiento empresarial. ¿Qué implica ese cambio de paradigma?
Implica dejar atrás la lógica del “no se puede” y preguntarnos cómo hacerlo de manera sostenible y segura. Para las organizaciones, la integridad y la gestión de riesgos se convierten en un elemento de valor diferenciador. Para los asesores legales, exige dejar la figura del fiscalizador interno y asumir el rol de socio estratégico del negocio, contribuyendo a proteger su valor a largo plazo y, al mismo tiempo, a facilitar su expansión.
Hace cinco años decidiste crear ComplianceLatam. ¿Qué necesidad observaste en la región para impulsar este proyecto?
Observé que América Latina enfrentaba desafíos regulatorios, éticos y de gobernanza muy similares, pero que las mejores prácticas y la experiencia comparada estaban fragmentadas entre los distintos países. Faltaba una plataforma regional, neutral y colaborativa que conectara a expertos, firmas e instituciones para elevar el estándar de cumplimiento corporativo en toda la región. ComplianceLatam nació con la convicción de que la integridad en los negocios debe ser un lenguaje común en Latinoamérica.
Construir una red regional supone convocar a firmas líderes de distintos países. ¿Cómo fue ese proceso y cuál fue el mayor desafío?
No fue sencillo. Había que explicar por qué tenía sentido compartir experiencias y conocimiento entre firmas de distintos países y demostrar que una mirada regional podía generar valor para todos. Además, muchas de las personas a las que llamé eran amigos y colegas que conocía hace muchos años. Esa relación previa fue fundamental para plantearles una idea que todavía no estaba completamente desarrollada y pedirles que confiaran en ella. Lo que comenzó con algunas conversaciones y llamadas fue creciendo, y poco a poco más firmas fueron entendiendo el valor de ComplianceLatam.
Un legado de colaboración y capacidad de enfrentar desafíos
Uno de los conceptos que más has impulsado es la colaboración. ¿Por qué crees que hoy colaborar genera más valor que competir?
Porque los desafíos globales y regionales son demasiado complejos para abordarse de forma aislada. Ninguna firma o profesional tiene la respuesta para todo. Cuando compartes buenas prácticas y tecnología, amplificas las capacidades de todos los equipos. La colaboración acelera el aprendizaje, eleva el estándar técnico y contribuye a construir una industria mejor preparada y más transparente.
Mirando hacia el futuro, ¿qué tendencias transformarán la industria legal, el compliance y la forma de hacer negocios en América Latina?
Veremos tres grandes pilares de transformación. En primer lugar, la Tecnología e Inteligencia Artificial. Se automatizará lo operativo e impondrán nuevos desafíos de gobernanza algorítmica y protección de datos. También tenemos la profundización de las exigencias ESG y anticorrupción, que requerirán monitoreos en tiempo real sobre las cadenas de suministro. Por último, mencionaría la interconexión regional, la capacidad de operar transfronterizamente con criterios homogéneos de ética y cumplimiento será el estándar mínimo para hacer negocios en la región.
Después de más de 35 años liderando az y de impulsar ComplianceLatam, ¿qué legado te gustaría dejar?
Me gustaría dejar una profesión legal más conectada con el valor real de los negocios, profundamente moderna, ética e innovadora. Y en lo regional, el legado de haber contribuido, a través de ComplianceLatam, a consolidar una cultura de integridad corporativa que demuestre que en América Latina sí es posible hacer negocios de manera correcta, transparente, colaborativa y con un estándar internacional de primer nivel.
Para más información sobre la plataforma, escríbenos a contacto@compliancelatam.legal.
15-09-2026 | az, Opinión
Por Alfredo Rolando, gerente de Tecnología & Ciberseguridad en Siemens, Chile
¿Quién debería ser responsable de un ciberataque que detiene una operación crítica? Durante años, la respuesta parecía sencilla: el área de tecnología. Sin embargo, la realidad actual demuestra que los riesgos digitales ya no pertenecen exclusivamente al mundo de las TI. Hoy impactan directamente la continuidad operacional, la seguridad de las personas, la reputación corporativa, el cumplimiento regulatorio y, en última instancia, la sostenibilidad del negocio.
La transformación digital ha conectado procesos, personas, activos y datos a una escala sin precedentes. Sistemas industriales, plataformas corporativas, cadenas de suministro y servicios externos intercambian información de forma permanente, generando enormes oportunidades de eficiencia e innovación. Sin embargo, esta misma conectividad ha ampliado significativamente la superficie de exposición frente a amenazas cada vez más sofisticadas y persistentes.
En paralelo, distintos países de Latinoamérica han fortalecido sus marcos regulatorios en ámbitos como protección de datos, resiliencia operacional, reporte de incidentes y protección de infraestructuras críticas. Como consecuencia, la conversación sobre ciberseguridad ha comenzado a trasladarse desde los equipos técnicos hacia los directorios, comités de riesgo y áreas de cumplimiento. Lo que antes era percibido como un asunto tecnológico hoy debe ser entendido como un riesgo empresarial.
Esta evolución ha generado un punto de encuentro natural entre compliance y ciberseguridad. Ambas disciplinas comparten un objetivo común: proteger a la organización mediante la gestión sistemática de riesgos. Compliance busca asegurar el cumplimiento de obligaciones legales, regulatorias y éticas. La ciberseguridad procura resguardar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información y de los procesos críticos. Cuando ambas operan de manera aislada, las organizaciones pierden visibilidad, generan duplicidades y reducen su capacidad para anticipar amenazas.
La experiencia demuestra que los incidentes más complejos rara vez son exclusivamente tecnológicos. Una vulnerabilidad técnica puede transformarse rápidamente en una crisis reputacional, una sanción regulatoria o una interrupción de operaciones. Por esa razón, las organizaciones más maduras están abandonando los enfoques fragmentados para adoptar modelos de gobernanza integrados donde negocio, riesgo, compliance, continuidad operacional y ciberseguridad trabajan sobre objetivos comunes.
No obstante, existe un error frecuente: asumir que cumplir con una normativa equivale a estar protegido. El cumplimiento es un requisito indispensable, pero no garantiza resiliencia. Las amenazas evolucionan más rápido que muchas regulaciones, y los controles que ayer parecían suficientes pueden resultar insuficientes mañana. Por ello, la verdadera diferencia no está únicamente en los procedimientos o en la tecnología implementada, sino en la capacidad de la organización para desarrollar una cultura preventiva.
Construir esa cultura requiere liderazgo, educación continua y un lenguaje común que permita comprender los riesgos digitales más allá de los aspectos técnicos. Cada colaborador, independiente de su rol, influye de alguna manera en la seguridad de la organización. La resiliencia deja de ser responsabilidad de un área específica y se transforma en una capacidad organizacional compartida.
El desafío de los próximos años no será únicamente proteger sistemas. Será consolidar una visión integrada donde compliance, gestión de riesgos y ciberseguridad formen parte de una misma estrategia de confianza, continuidad y creación de valor.
La pregunta que los líderes deberían hacerse no es si la ciberseguridad debe formar parte de la agenda de compliance. La verdadera pregunta es si sus organizaciones están preparadas para enfrentar un entorno donde los riesgos digitales ya son riesgos de negocio.
Alfredo Rolando, gerente de Tecnología & Ciberseguridad en Siemens, Chile | IT Business Partner | Especialista en Transformación Digital, Ciberseguridad Industrial y Gestión de Riesgos

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14-09-2026 | az, Chile, Opinión
Por Juan Pablo González, Director de Nuevas Tecnologías e IA en az
La Ley Marco de Ciberseguridad, N.º 21.663, pionera en Latinoamérica al crear una regulación en materia de ciberseguridad en Chile, especialmente en cuanto a la obligación de ciertos prestadores de servicios esenciales y operadores de importancia vital en la gestión del riesgo de ciberseguridad y la obligación de reporte de incidentes de impacto significativo, conlleva una serie de tareas para que las organizaciones articulen sus procesos y respondan a los requerimientos de la normativa.
No obstante, un punto importante a considerar es que la normativa no se limita a una protección de las redes y sistemas informáticos, así como de la infraestructura conectada para los sujetos obligados, sino que como se indica a propósito del principio de seguridad en el ciberespacio: “El Estado velará por que todas las personas puedan participar de un ciberespacio seguro, por lo que otorgará especial protección a las redes y sistemas que contengan información de aquellos grupos que suelen ser en mayor medida objeto de ciberataque”.
Por ende, el foco de la normativa ya no es solo una protección a nivel de la infraestructura de la información, sino también en cuanto a la capa humana, lo que queda reflejado en ciertas obligaciones de los OIV, en particular, “contar con programas de capacitación, formación y educación continua de sus trabajadores y colaboradores, que incluyan campañas de ciberhigiene” (art. 8º letra h).
En ese sentido, la ciberseguridad desde un enfoque eminentemente técnico tiene un problema de diseño; esto se evidencia en el último Concept Paper del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología del Departamento de Comercio de los EE.UU., titulado Human-Centered Cybersecurity Guidelines and Resources, el cual se centra en las personas, planteando un cambio de paradigma importante para aquellos países de la región que están discutiendo sus proyectos de ley de ciberseguridad. En otras palabras, se trata de dejar de entender que el eslabón más débil es la persona, y analizar también los sistemas, incentivos y condiciones en los cuales se encuentra el individuo y sobre ello, los riesgos a nivel de ciberseguridad a los que puede verse expuesto.
Por ende, el diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, obligatorio para aquellos OIV de acuerdo con la normativa de ciberseguridad, no debe limitarse a los elementos técnicos del ambiente tecnológico de la organización, sino que, en el diseño de las políticas, procesos y tecnologías de seguridad, debe tener como foco las necesidades, capacidades y limitaciones de las personas que conforman esa organización, para garantizar así su aplicabilidad real en ese contexto.
Un ejemplo claro de ello se relaciona con las capacitaciones y algunos ejercicios que se despliegan dentro de la organización para simular posibles ataques informáticos. Más que centrarse en la cantidad de personas que participaron, es decir, en un enfoque puramente métrico, el análisis debiese centrarse en evaluar si el procedimiento fue comprensible, participativo y, por ende, acorde con el riesgo que se espera mitigar. Así, podemos lograr comprender las razones que eventualmente son el origen ante el incumplimiento de un control en particular, ya sea porque interrumpe el trabajo, aumenta la carga laboral, o derechamente es incompatible con los objetivos de medición en su cargo.
Asimismo, la incorporación de automatización en ciertos controles de ciberseguridad no implica desligarse de la lógica de los usuarios o miembros de la empresa, ya que al final del día, ellos serán los que detectarán comportamientos extraños o levantarán situaciones en que no existía un procedimiento previamente definido y la organización deberá generar uno para afrontar la situación; por lo mismo, es importante recordar que incluir IA en los procesos, especialmente desde un enfoque de seguridad informática, será realizado por una persona.
También es importante recordar que la selección, configuración, supervisión y uso de este tipo de tecnología, se basa en decisiones que responden a prioridades dentro de una organización y, por ende, el apetito por riesgo definido en esta materia.
Para concluir, en un entorno regulatorio a nivel nacional, en que faltan algunas definiciones desde la Agencia Nacional de Ciberseguridad (por ejemplo, aún no está el reglamento de los Centros de Certificación del art. 28 o el nombramiento del Consejo Multisectorial de Ciberseguridad) y las discusiones sobre una eventual prórroga a la entrada en vigor de la normativa de datos personales, el Concept Paper de NIST nos invita a evaluar la situación para que se actúe de manera más segura y con esto, contribuir a que la superficie de ataque se reduzca mediante un cambio de enfoque centrado en el usuario, especialmente en un entorno en que la existencia de muchas políticas que no se cumplen puede ser contraproducente.
Juan Pablo González, Director de Nuevas Tecnologías e IA en az | Fuente: IAPP (8 de septiembre de 2026)

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14-09-2026 | az, Noticias
La transformación regulatoria y tecnológica está redefiniendo la forma en que las organizaciones gestionan sus riesgos y toman decisiones. En Chile, la nueva Ley de Protección de Datos Personales, la regulación Fintech, el Open Finance, la REDEC y las normas de ciberseguridad plantean desafíos que van mucho más allá del cumplimiento formal: exigen integrar la regulación en el diseño de productos y procesos, fortalecer la gobernanza de los datos y construir relaciones de confianza con consumidores, empresas y demás actores del mercado.
En este contexto, el rol de las áreas legales también ha evolucionado. El abogado corporativo ya no se limita a interpretar normas o revisar contratos, sino que participa en decisiones estratégicas, traduce riesgos jurídicos en impactos concretos para el negocio y ayuda a encontrar soluciones seguras y sostenibles. La protección de datos, la inteligencia artificial, la ciberseguridad y la dependencia de terceros son hoy parte de una agenda interdisciplinaria que conecta derecho, tecnología, compliance, riesgo y liderazgo.
En esta entrevista conversamos con Paulina Acevedo, gerente legal para Chile y República Dominicana en TransUnion, una compañía global de información y análisis de datos que ayuda a consumidores y organizaciones a tomar decisiones más informadas y realizar transacciones más seguras. Con más de 20 años de experiencia liderando asuntos legales, regulatorios, de compliance, gobierno corporativo y protección de datos, Paulina aborda el desafío de transformar un área legal reactiva en un socio estratégico del negocio, la necesidad de traducir riesgos complejos para los directorios y los aspectos que las compañías suelen subestimar.
Si tuvieras que identificar una característica personal que ha sido determinante en tu trayectoria, ¿cuál sería?
Considero que es mi capacidad de adaptación. He trabajado en industrias muy distintas y eso me obligó a aprender rápido y salir constantemente de mi zona de confort. Esa flexibilidad me ha ayudado a enfrentar cambios regulatorios complejos sin perder el foco en los objetivos del negocio.
¿Cómo se construye el cambio desde un área legal reactiva a una estratégica?
Escuchando mucho. Muchas veces los abogados queremos partir explicando la regulación, cuando lo primero es entender qué está tratando de lograr el negocio. Cuando uno entiende el objetivo, la conversación cambia. Dejas de ser el área que dice “no” y pasas a ser un socio que ayuda a encontrar alternativas y construir soluciones.
¿Qué distingue hoy a un gerente legal estratégico de un abogado corporativo tradicional?
Hoy por hoy un gerente legal tiene que entender el negocio tan bien como entiende la ley. Hace algunos años, bastaba con responder consultas o revisar contratos. Hoy participamos desde mucho antes, cuando los productos se diseñan, cuando aparecen nuevas regulaciones o cuando hay que tomar decisiones estratégicas. Para mí, el valor está en ayudar a que las cosas ocurran de manera segura y sostenible, no solo en identificar riesgos.
¿Cómo debería actuar una gerente legal cuando la regulación no entrega respuestas claras?
Con criterio y con humildad. Hay muchas materias en las que la regulación todavía está evolucionando. Protección de datos, inteligencia artificial, open finance o ciberseguridad son buenos ejemplos. En esos casos intento distinguir qué es lo que sabemos, qué es lo que todavía no y cuáles son los riesgos reales que representa cada decisión.
¿Cómo traducir un riesgo jurídico complejo para un directorio?
Evitando el lenguaje jurídico. A un directorio no le preocupa un artículo de una ley. Le preocupa el impacto que una determinada regulación o cambio legislativo puede tener en el negocio. Por eso intento traducir cada riesgo a escenarios concretos: impacto financiero, reputacional, operacional o estratégico.
¿Qué riesgos suelen subestimar las compañías?
Los que no generan problemas inmediatos: gobierno de datos, dependencia de terceros, trazabilidad de decisiones o gestión documental suelen parecer temas secundarios hasta que llega una fiscalización, un incidente de seguridad o una crisis reputacional.
Datos personales y gobernanza tecnológica
¿Qué cambios debería impulsar una organización para que la protección de datos se integre realmente en la toma de decisiones?
La protección de datos dejó de ser un tema exclusivamente legal. Hoy involucra tecnología, producto, operaciones, compliance, riesgo y liderazgo. La clave es incorporarlo en los procesos de negocio desde el diseño de las soluciones.
¿Qué riesgos aparecen cuando una organización transforma información en modelos o análisis?
La pérdida de trazabilidad. Mientras más sofisticados son los modelos, más importante es entender de dónde vienen los datos, por qué se usan y qué efectos pueden generar sobre las personas.
¿Qué cambios tendrán mayor impacto práctico a partir de la nueva Ley de Protección de Datos Personales?
Creo que el concepto de accountability. Las organizaciones ya no solo tendrán que cumplir, sino que además deberán demostrar cómo están cumpliendo.
¿Cómo debería evaluarse la legitimidad de los usos de inteligencia artificial?
La pregunta ya no es si una empresa puede usar IA. La pregunta correcta es cómo lo está haciendo. Aspectos como la transparencia, gobernanza, calidad de datos, supervisión humana y control de riesgos pasan a ser tan importantes como el desarrollo tecnológico en sí mismo.
¿Se requieren modelos específicos de gobernanza tecnológica?
Sí, absolutamente. Los marcos tradicionales de compliance siguen siendo necesarios, pero ya no son suficientes. La velocidad del cambio tecnológico exige incorporar nuevas disciplinas, especialmente en datos, IA, ciberseguridad y gestión de terceros.
¿Cómo cambiará el rol del gerente legal en los próximos años?
El rol del gerente legal será cada vez más estratégico e interdisciplinario, combinando derecho, tecnología, datos y riesgos.