by Juan Manuel González | Dic 7, 2022 | Noticias
I. Antecedentes.-
Mediante la sesión de 30 de octubre de 2022, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el Proyecto de Ley Orgánica Para el Desarrollo, Regulación y Control de los Servicios Financieros Tecnológicos (en adelante “Ley Fintech”).
La Ley Fintech reforma al Código Orgánico Monetario y Financiero, Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación y al Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos.
II. Ley Fintech.-
Objeto y finalidad de la Ley Fintech: regular las actividades Fintech efectuadas con base en la tecnología relacionadas con el mercado financiero, de valores y seguros, con la finalidad de fomentar la innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías para mejorar la inclusión financiera.
Actividades Fintech: la ley se aplicará al desarrollo, prestación, uso y oferta de actividades Fintech, entendidas como: (i) medios de pago centrados en la tecnología; (ii) servicios financieros tecnológicos; (iii) sociedades especializadas de depósitos y pagos electrónicos; (iv) servicios tecnológicos del mercado de valores; y, (v) servicios tecnológicos de seguros.
Requisitos para ejercer actividades Fintech: (i) estar constituidas como sociedades anónimas y estar autorizadas por los órganos de control correspondientes; y, (ii) contar como objeto social específico y exclusivo la realización de actividades Fintech.
Medios de pago: la Ley Fintech agrega entre los medios de pago a las billeteras electrónicas con la categoría de banca enteramente digital y otros medios de pagos centrados en la tecnología; y, dispone que los medios de pago electrónicos serán operados por las entidades del sistema financiero nacional y los agentes calificados del sistema auxiliar de pagos.
Sistema Financiero: se agregan a las entidades del sistema financiero privado dos categorías: (a) servicios financieros tecnológicos, que son entidades que pueden desarrollar actividades financieras centradas en la tecnología como: (i) concesión digital de créditos, (ii) neobancos, (iii) finanzas personales y asesoría financiera; y, (b) sociedades especializadas de depósitos y pagos electrónicos.
Mercado de Valores: Se agrega a las entidades de servicios tecnológicos para el mercado de valores, que son aquellas que desarrollan actividades centradas en la tecnología como: (i) Sistemas auxiliares de transacción; (ii) Infraestructura para el mercado de valores; (iii) financiamiento colectivo o crowdfunding digital; (iv) blockchain; y, (v) otros que determine la Junta de Política Monetaria y Financiera.
Sistema de Seguros: Se agrega a las entidades de servicios tecnológicos de seguros como integrante del sistema de seguros privado, cuyas actividades pueden ser: (i) sistemas alternativos de transacción; (ii) infraestructura para sistema de seguros; (iii) blockchain; y, (iv) otros que determine la Junta de Política Monetaria y Financiera.
La Ley Fintech prohíbe a las entidades financieras privadas participar en el capital de las compañías Fintech.
Entorno de prueba regulatorio (Sandbox): se implementa un ambiente de pruebas regulatorio (Sandbox) para nuevos modelos de negocio relacionados con los servicios tecnológicos para el sistema financiero, de mercado de valores y sistema de seguros que todavía no se encuentren regulados.
La Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros estarán habilitadas para la creación de entornos de prueba regulatorios.
III. Otras disposiciones relevantes.-
Se reconoce la validez de todos los títulos de crédito emitidos con soporte electrónico siempre que cumplan con las disposiciones del Código de Comercio y Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos.
Finalmente, la Ley Fintech establece que los datos reservados y confidenciales clasificados así por motivos de seguridad deberán estar alojados en el territorio ecuatoriano.
Daniel Castelo | Asociado Senior Bustamante Fabara | dcastelo@bustamantefabara.com
by Juan Manuel González | Nov 8, 2022 | Noticias
El 12 de octubre de 2022, el Congreso despachó la iniciativa luego de 12 meses de tramitación. Dicha celeridad no es coincidencia, ya que obedece, entre otros motivos, a la necesidad de impulsar el crecimiento del país, al gran desempeño y capacidad de escalamiento que han demostrado las Fintech chilenas durante los últimos años, y a la demanda por certeza jurídica por parte de todos los actores del ecosistema.
A continuación, encontrarán 6 elementos significativos de esta Ley.
- ¿Todos los servicios Fintech estarán regulados?
No, la Ley regula solo ciertos servicios Fintech y, aprovechando la oportunidad, incluyó otros que hasta el momento se encontraban en una suerte de vacío legal (aun cuando no se caractericen por ser especialmente innovadores).
En concreto, los servicios regulados por la Ley son (i) las plataformas de financiamiento colectivo o de crowdfunding; (ii) los sistemas alternativos de transacción, como los exchange de criptomonedas; (iii) la asesoría crediticia o de inversión, comprendiendo modelos B2B y B2C; (iv) la custodia de instrumentos financieros, considerando que este último concepto alcanza los criptoactivos; (v) el enrutamiento de órdenes e intermediación de instrumentos financieros; y (vi) los servicios de iniciación de pagos.
Es importante comprender que lo que define la aplicación de la Ley son las características del servicio que se presta, no el tipo de institución que lo realiza. Por regla general, esto implica que los proveedores Fintech deberán, para cada clase de servicio, inscribirse en los registros a cargo de la Comisión para el Mercado Financiero (“CMF”) y solicitar su autorización para operar, demostrando el cumplimiento de requerimientos específicos.
La prestación de los servicios regulados sin inscripción o sin autorización será considerada una infracción grave de la Ley, y la responsabilidad penal por delitos asociados a ella podrá verse agravada en caso que se finja la calidad de inscrito o supervisado por la CMF.
- ¿Qué es el Sistema de Finanzas Abiertas y qué tiene que ver con el tratamiento de datos personales?
Siguiendo el camino de otros países, la Ley Fintech establece un Sistema de Finanzas Abiertas (“SFA”). En lo principal, el SFA persigue promover la competencia, innovación e inclusión en el sistema financiero. Para cumplir tales objetivos, supone la implementación de interfaces de acceso remoto y automatizado (las famosas APIs), a través de las cuales instituciones financieras fiscalizadas por la CMF entregarán y tendrán acceso a determinada información.
De esta manera, intercambiarán antecedentes sobre los términos y condiciones generales de productos y servicios financieros, la identificación y registro de clientes (sean personas naturales o jurídicas), su historial de transacciones, y los datos que sean necesarios tanto para la prestación de servicios de iniciación de pagos como para procesos de portabilidad financiera.
Considerando que el proyecto de ley sobre protección de datos personales está aún pendiente de aprobación en el Congreso, durante la tramitación legislativa de la Ley surgieron diversas preocupaciones en torno al tema. En esta línea, se incluyeron obligaciones claras para las entidades participantes del SFA – entre otras exigencias, deberán obtener el consentimiento previo, expreso, informado y específico de los clientes para consultar o compartir su información; observar los principios de proporcionalidad, finalidad, calidad, y transparencia e información en las operaciones de tratamiento que realicen; cumplir con los requerimientos de seguridad de la información, ciberseguridad junto a las políticas de gestión de riesgos y control interno que establezca la CMF; y reportar a la CMF, sin dilaciones, los incidentes que sufran.
Algo no menos importante es que la operación del SFA no podrá dar lugar a cobros de comisiones o adicionales para los clientes finales.
- ¿Estarán sujetas las Fintech a obligaciones de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo?
Sí, tendrán calidad de sujetos obligados de acuerdo con la Ley N°19.913 aquellas Fintech que presten servicios de plataforma de financiamiento colectivo, sistemas alternativos de transacción, custodia de instrumentos financieros, intermediación de esos instrumentos, e iniciación de pagos. Lo mismo ocurrirá con las demás personas naturales o jurídicas que estén bajo la fiscalización de la CMF y que voluntariamente se hayan inscrito en el registro de sujetos obligados a cargo de la Unidad de Análisis Financiero (“UAF”).
Considerando que la UAF podrá dictar normas diferenciadas y proporcionales para los distintos tipos de sujetos obligados, esto no puede verse sino como un avance positivo ya que se entregan certezas a las Fintech sobre la carga regulatoria que deberán enfrentar en este ámbito, y a quienes se relacionen con ellas, sea como inversionistas, contrapartes comerciales o clientes.
- ¿Trata la Ley el tema del cierre de cuentas bancarias?
Sí, dado que en los últimos años han tenido lugar numerosos casos de cierre de cuentas bancarias tanto de las Fintech como de sus clientes, el legislador ha establecido en esta oportunidad una línea base – los bancos deberán establecer condiciones públicas, objetivas y no discriminatorias bajo las cuales ofrecerán y darán acceso a sus servicios de cuentas corrientes.
De esta manera, las instituciones bancarias sólo podrán denegar la apertura de cuentas corrientes, o bien suspenderlas o cerrarlas, por causa justificada y comunicando esta decisión a la mayor brevedad. En la notificación deberán indicar sus razones, basándose en riesgos específicos o en el incumplimiento de las condiciones públicas, objetivas y no discriminatorias antes referidas.
- Ok, tengo claras las primeras 4 cosas que debiera saber sobre la Ley. ¿Habrá más regulación que cumplir?
Sí, definitivamente. La Ley establece un marco legal general para los servicios regulados, pero encomienda a la CMF la dictación de profusa regulación secundaria. Esto implica, básicamente, que la CMF especificará y detallará progresivamente cómo se aplicará este nuevo cuerpo legal mediante Normas de Carácter General (NCG).
Serán objeto de NCG, por ejemplo, la forma y los medios para presentar solicitudes de inscripción en los registros de la CMF, la información específica que deberán entregar los proveedores Fintech a sus clientes, los estándares de gobierno corporativo y de gestión de riesgos que ellos deberán cumplir, las condiciones de implementación y funcionamiento del SFA y los estándares que deberán cumplir las APIs de las instituciones participantes.
- ¿Cuándo entrará en vigencia?
Parte importante de la Ley será exigible 30 días después de su publicación en el Diario Oficial, sin embargo, también se han establecido normas de vigencia diferida para algunas de sus disposiciones.
En este último grupo se encuentran, por ejemplo, las relativas a las solicitudes de inscripción y autorización que deberán presentar ante la CMF los proveedores de servicios Fintech regulados, incluidos los de iniciación de pagos. Para ello existirá una especie de plazo de 12 meses contados desde la entrada en vigor de las NCG que dictará la CMF al efecto. De no presentar las solicitudes en tal plazo, o de no obtener la autorización de la CMF, los referidos proveedores deberán abstenerse de continuar prestando sus servicios y sólo podrán realizar actos tendientes a concluir su operación, notificando a sus clientes de tal circunstancia.
En el mismo sentido, la CMF tendrá que dictar la normativa necesaria para la implementación gradual del SFA en un plazo de 18 meses contados desde la publicación de la Ley.
Como az consideramos que la aprobación de la Ley Fintech significa un gran avance para el desarrollo de la industria a nivel nacional. La normativa, sin duda, traerá nuevos desafíos a quienes ofrezcan este tipo de servicios, no solo respecto a su cumplimiento, sino que también en relación a la prevención y educación en este tipo de materias.
Para obtener más información pueden contactar a nuestro equipo az Tech:
Francisca Franzani | Directora Compliance | ffranzani@az.cl
Florencia Fuentealba | Asociada Compliance | ffuentealba@az.cl
Eugenio Gormáz | Socio | egormaz@az.cl
Gonzalo Navarro | Director az Tech | gnavarro@az.cl
Antonia Nudman | Asociada IP, Tech and Data | anudman@az.cl
Constanza Pasarin | Asociada IP, Tech and Data | cpasarin@az.cl
Natalia González | Asociada IP, Tech and Data | ngonzalez@az.cl
by Juan Manuel González | May 25, 2022 | Noticias
El pasado 04 de mayo de 2022, el Directorio del Banco Central del Uruguay (“BCU”) resolvió remitir al Ministerio de Economía y Finanzas un anteproyecto de ley que introduce modificaciones en la normativa vigente a efectos de impulsar el desarrollo de una regulación adecuada de los activos virtuales en nuestro país.
A continuación, destacamos los puntos más relevantes:
• Se agrega una nueva especie dentro del género de valores escriturales
El anteproyecto propone sustituir la redacción del artículo 14 de la Ley de Mercado de Valores Nº 18.627 con el objetivo de comprender dentro de la definición de valores escriturales a los activos virtuales valores, que se caracterizan por la inexistencia de una entidad registrante centralizada.
En este sentido, el mismo incorpora a dicho artículo un nuevo literal que incluye a los valores escriturales de registro descentralizado como una nueva clase de valor escritural. Al incorporarse esta nueva especie dentro del género, serán aplicables a los activos virtuales valores las normas relativas a los valores escriturales, en la medida que sean compatibles con el carácter del registro no distribuido de los primeros.
• Se incluyen nuevas entidades dentro del ámbito regulatorio y fiscalizador del BCU
La propuesta busca modificar el artículo 37 de la Carta Orgánica del BCU (Ley Nº 16.696), a los efectos de colocar bajo el control de la Superintendencia de Servicios Financieros (“SSF”) a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (“PSAV”), definidos como aquellas entidades que provean a terceros, en forma habitual y profesional, uno o más servicios sobre activos virtuales entre los que se encuentren aquellos que se definan como financieros por la regulación bancocentralista.
En la misma línea, se incorpora a dichos sujetos en el literal C) del artículo 38 de la Carta Orgánica del BCU como una nueva categoría de empresa integrante del sistema financiero, sometidos a las potestades de autorización, regulación, control y punición de la SSF.
Además, el proyecto propone modificar la redacción del inciso tercero del artículo 37 con el propósito de incluir bajo la supervisión del BCU a los Emisores de Activos Virtuales (“EAV”), que define como aquellas personas físicas o jurídicas que emitan cualquier tipo de activo virtual incluido dentro del perímetro regulatorio o soliciten la admisión de activos virtuales regulados en plataformas de negociación de este tipo de activos.
En base a estos cambios, se procura que tanto los sujetos que operan con activos virtuales abarcados por la legislación preexistente (según surge de la Exposición de Motivos del proyecto) como estas nuevas entidades queden sujetos a los poderes de regulación y control del BCU.
• Se regulan los activos virtuales en materia de control del lavado de activos y financiamiento del terrorismo
Con las modificaciones antedichas, el anteproyecto remitido también procura que los PSAV que operen con activos virtuales de carácter financiero se encuentren sujetos al contralor del lavado de activos y financiamiento del terrorismo por la actividad desarrollada. Ello por cuanto, las entidades comprendidas en el inciso segundo del artículo 37 de la Carta Orgánica del BCU también están, por disposición legal, sujetas a este tipo de controles.
Por su parte, en cuanto a los PSAV que desarrollen su operativa con activos no financieros, el anteproyecto propone modificar el numeral III) del inciso 4 del artículo 37 de la Carta Orgánica del BCU, a los efectos de incluirlos en el marco de las potestades de reglamentación y fiscalización del BCU, únicamente en lo que refiere al control de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Para mayor información contactar a:
Carla Arellano | Consejera Ferrere | carellano@ferrere.com