En Colombia, la protección del derecho laboral en Colombia es fundamental, la discriminación en el ámbito laboral es una preocupación seria tanto para empleadores como para empleados. En este contexto, es esencial comprender las leyes y regulaciones que rigen la prevención y el abordaje de la discriminación en el trabajo.
Discriminación laboral desde la colonia hasta nuestros días
La discriminación laboral en Colombia ha sido una realidad arraigada a lo largo de su historia, desde la época colonial hasta la actualidad. Durante la colonia, los indígenas fueron sometidos a la encomienda y el trabajo forzado, mientras que los afrodescendientes fueron esclavizados.
En el siglo XIX, las mujeres estaban limitadas al ámbito doméstico, y los migrantes enfrentaban discriminación por su origen nacional. Aunque se han logrado avances legales significativos, como la Constitución de 1991 y la Ley 1482 de 2011, que prohíben y penalizan la discriminación laboral, persisten desafíos importantes en el siglo XXI. Las mujeres, afrodescendientes, indígenas, personas LGBT+ y adultos mayores siguen enfrentando barreras en el acceso al empleo formal y mejores condiciones laborales.
Esto muestra que a pesar de los esfuerzos gubernamentales y de la sociedad civil para combatir la discriminación, aún se requiere fortalecer la aplicación de la ley en materia de derecho laboral en Colombia, combatir los estereotipos y prejuicios sociales, y garantizar la igualdad de oportunidades para todos los grupos poblacionales.
La normativa legal en Colombia
El Ministerio del Trabajo de Colombia ha reforzado su compromiso con la igualdad y la protección del derecho al trabajo a través de la expedición de la circular 0062 del 7 de octubre de 2021. Esta circular reitera la prohibición de cualquier acto de exclusión en los procesos de selección para desempeñar un empleo en el sector privado.
Asimismo, la Constitución Política de Colombia, en su artículo 13, establece la protección especial a aquellas personas que se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta, ya sea por su condición económica, física o mental.
Por otro lado, el artículo 53 de la Constitución garantiza principios como la igualdad de oportunidades y la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales. Estos principios son fundamentales para asegurar un trato justo y equitativo en el lugar de trabajo.
La postura del ministerio del trabajo
El Ministro del Trabajo, mediante sus representantes, ha expresado de manera contundente el rechazo a cualquier tipo de discriminación contra los trabajadores y aspirantes a un empleo. Enfatiza que no se tolerarán muestras de exclusión ni obstaculización laboral, especialmente hacia personas que se encuentren en situación de discapacidad.
Además, el Ministerio insta a los empleadores a cumplir con las pautas legales y jurisprudenciales que regulan la selección de personal. Esto incluye la aplicación de los principios de buena fe, razonabilidad y proporcionalidad en las decisiones relacionadas con la selección o exclusión de una persona para un cargo específico.
Protección de los derechos de los trabajadores
Es responsabilidad del empleador velar por la protección del derecho a la intimidad y privacidad de la salud de sus trabajadores o aspirantes. Asimismo, es crucial que el criterio para seleccionar empleados se base en las habilidades y aptitudes necesarias para el trabajo específico, evitando cualquier tipo de práctica discriminatoria que afecte los derechos de los aspirantes a un empleo.
Consecuencias de la discriminación laboral
El Ministerio del Trabajo advierte que los empleadores que lleven a cabo prácticas discriminatorias en los procesos de selección, ingreso y permanencia de los trabajadores estarán sujetos a investigaciones y sanciones por vulneración de los derechos laborales.
Es importante entender que la discriminación laboral no solo afecta a los individuos directamente involucrados, sino que también puede tener un impacto negativo en la productividad y el clima laboral en general.
Consejos para empleadores y empleados
Para prevenir y abordar la discriminación laboral en Colombia, tanto empleadores como empleados pueden tomar las siguientes medidas:
Conocer la legislación: Es fundamental estar informado sobre las leyes y regulaciones que protegen contra la discriminación en el trabajo.
Promover la igualdad: Los empleadores deben crear políticas y procedimientos claros que fomenten la igualdad de oportunidades y el trato justo en el lugar de trabajo.
Capacitación: Proporcionar capacitación regular a los empleados y gerentes sobre la importancia de la diversidad, la inclusión y la prevención de la discriminación.
Canal de denuncias: Establecer un sistema de denuncias confidencial para que los empleados puedan informar sobre cualquier incidente de discriminación de manera segura.
Investigación imparcial: Tomar en serio todas las denuncias de discriminación y llevar a cabo investigaciones imparciales y completas.
Fomentar la sensibilización: Organizar actividades y eventos que promuevan la sensibilización sobre la diversidad y la inclusión en el lugar de trabajo.
Apoyo a las víctimas: Brindar apoyo y recursos a los empleados que hayan sido víctimas de discriminación, incluido el acceso a asesoramiento legal si es necesario.
Para los empleados, es importante conocer sus derechos y no tener miedo de denunciar cualquier forma de discriminación que experimenten en el lugar de trabajo. Trabajar juntos, empleadores y empleados, es fundamental para crear un entorno laboral seguro, inclusivo y respetuoso para todos.
En conclusión, prevenir y abordar la discriminación como parte del derecho laboral en Colombia es responsabilidad de todos los actores en el mercado laboral. Al cumplir con las leyes y promover la igualdad de oportunidades, podemos crear un ambiente de trabajo más justo y equitativo para todos los colombianos.
Recientemente, el Poder Ejecutivo instruyó la creación del Programa Nacional de Etiquetado de Eficiencia Energética (el programa) y estableció la aplicación de estándares mínimos de rendimiento energético sobre productos seleccionados.
El programa tendrá como objetivo establecer acciones concretas para los actores involucrados en la regulación y supervisión del etiquetado de productos. Para lograrlo, se desarrollará una hoja de ruta clara y detallada que contemple:
Plazos claros de implementación.
Incorporación progresiva de estándares mínimos de rendimiento energético y conocidos como Minimum Energy Performance Standards (MEPS)
Metas alcanzables y mecanismos de evaluación periódica, para medir su impacto y efectividad.
Alcance
El programa abarcará los artefactos eléctricos de uso doméstico, según lo definido en la “tabla de consumo de electrodomésticos del hogar” publicada por la Administración Nacional de Electricidad (ANDE). Esto permitirá priorizar aquellos productos que tienen mayor impacto en el consumo energético del país.
Implementación
El Comité Nacional de Eficiencia Energética (el comité) deberá identificar los artefactos eléctricos de uso doméstico con mayor consumo y coordinar con las instituciones competentes la elaboración, el desarrollo y la implementación de la reglamentación técnica necesaria, en un plazo máximo de dos años desde su selección.
En la primera etapa de la implementación del programa, el comité deberá seleccionar tres artefactos eléctricos de uso doméstico con mayor consumo.
Objetivo específico
La información contenida en los etiquetados de eficiencia energética de los artefactos de uso domiciliario fabricados, importados y comercializados en el país deberán cumplir las normas técnicas paraguayas correspondientes. Además, los productos seleccionados a ser exigidos desde el segundo año de su implementación obligatoria en el mercado local deberán contemplar la aplicación de los estándares mínimos de rendimiento energético o MEPS.
Responsabilidad y ejecución
El gabinete del Viceministerio de Minas y Energía, dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, será responsable de implementar y dar seguimiento al programa. Además, se fomentará el desarrollo de organismos de evaluación de la conformidad, para avanzar en el proceso de certificación de los productos.
El programa no solo busca reducir los costos energéticos en hogares y empresas, sino también fortalecer la competitividad del país y contribuir al desarrollo sostenible de sus actividades económicas. Esta iniciativa posiciona a Paraguay como un referente en la adopción de medidas responsables y sostenibles en materia energética.
En la última década, hemos sido testigos de transformaciones significativas en el ámbito legal, donde la inclusión de nuevas generaciones ha demostrado ser un factor clave para dinamizar las organizaciones. Como abogado joven con una sólida trayectoria en el sector energético, especialmente en hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, y con experiencia reciente como director jurídico y de cumplimiento, he podido observar de cerca cómo nuestra participación activa está transformando la manera en que las empresas enfrentan los retos legales y regulatorios.
El cambio generacional no se limita a un mero relevo; representa una oportunidad valiosa para desafiar paradigmas y aportar perspectivas frescas. Como jóvenes abogados, tenemos la capacidad de adaptarnos rápidamente a las nuevas tecnologías y demandas sociales. Sin embargo, para que nuestro potencial se materialice, es fundamental que se nos brinde la confianza y el respaldo necesarios para crecer y asumir roles de liderazgo.
La creciente importancia del compliance en el mundo empresarial es un ámbito donde nuestra generación puede marcar la diferencia. Con el enfoque en la ética y la integridad como pilares fundamentales, los jóvenes abogados pueden ayudar a las organizaciones a construir culturas de cumplimiento robustas y resilientes. Esto no solo se trata de cumplir con normativas, sino de fomentar un ambiente en el que la transparencia y la responsabilidad sean la norma, contribuyendo así a la sostenibilidad y reputación de las empresas.
En mi experiencia, apostar por el talento joven ha sido crucial para enfrentar desafíos complejos. A menudo, somos capaces de ver soluciones innovadoras desde ángulos diferentes. En el contexto del compliance, esto se traduce en la implementación de herramientas tecnológicas y metodologías ágiles que facilitan el monitoreo de riesgos y el cumplimiento normativo. La familiaridad de nuestra generación con la digitalización y el análisis de datos nos permite abordar de manera proactiva los desafíos que enfrentan las organizaciones en este campo.
No obstante, también es importante reconocer y valorar el papel de los abogados con experiencia, quienes aportan su sabiduría y conocimiento acumulado a los equipos. Este equilibrio entre la energía de nuestra generación y la experiencia de los profesionales más establecidos enriquece nuestras organizaciones y fomenta un ambiente de aprendizaje mutuo. Juntos, podemos construir estrategias de compliance que no solo se adhieran a las regulaciones, sino que también sean parte integral de la cultura organizacional.
He sido testigo de cómo, con el apoyo adecuado, los nuevos profesionistas pueden alcanzar metas excepcionales. Este proceso exige un compromiso colectivo para crear entornos propicios para nuestro crecimiento profesional, basados en la confianza, la meritocracia y la inclusión. La promoción de un enfoque colaborativo en el compliance, donde se escuchen las voces de todos los niveles, puede conducir a la identificación temprana de riesgos y a la creación de soluciones efectivas y adaptadas a las necesidades de la organización.
El camino no es sencillo, y los retos que enfrentamos como jóvenes abogados son significativos. Sin embargo, nuestra motivación y deseo de superación son motores que pueden impulsar cambios positivos en la industria y en las empresas donde nos desarrollamos. Fomentar un liderazgo inclusivo que dé voz a nuestra generación es esencial para construir un futuro más dinámico y competitivo, mientras aprendemos de quienes han recorrido este camino antes que nosotros.
La confianza es fundamental para el éxito de cualquier organización. Brindar espacio a nuevos profesionales no solo impulsa nuestro crecimiento personal, sino que también enriquece a las empresas. Mi experiencia me ha enseñado que el liderazgo no es solo cuestión de experiencia, sino también de visión y adaptabilidad a un entorno en constante evolución.
Es hora de que más organizaciones reconozcan el valor de promover este cambio generacional. Al confiar en las nuevas generaciones y valorar a los profesionales con experiencia, estamos construyendo un presente sólido y un futuro prometedor. Además, al integrar esta nueva perspectiva en el ámbito del compliance, se puede asegurar no solo la conformidad legal, sino también un compromiso ético que impulse la reputación y sostenibilidad de las empresas en el largo plazo.
Por Daniel Cheang, Chief Legal and Compliance Officer en Energas | Colaborador de Compliance Latam
El 20 de noviembre de 2024, los diputados del Congreso de Guatemala aprobaron de Urgencia Nacional el Decreto 32-2024, «Ley de Competencia». Esta aprobación marca un hito significativo para el país, buscando la promoción de un mercado competitivo, la atracción de inversión extranjera y el crecimiento económico nacional.
Esta nueva norma pretende evitar prácticas anticompetitivas, monopólicas o que tiendan a la limitación de acceso a mercado para pequeños o nuevos Agentes Económicos (comerciantes, compañías y corporaciones). Todo esto bajo la vigilancia de un nuevo ente regulador, denominado Superintendencia de Competencia, la cual será una entidad autónoma y descentralizada.
Esta misma, dispone que la Superintendencia de Competencia podrá actuar de oficio o derivado de una denuncia de un particular, sobre lo cual el Agente Económico se encuentra obligado a proveer toda la información que sea posible para determinar la configuración o no, de una práctica anticompetitiva, a través de un proceso administrativo, priorizando el derecho de defensa y principio de inocencia. En ese sentido, establece infracciones, prohibiciones y se dota de coerción al ente encargado de la vigilancia para el cumplimiento de las sanciones cuando se determinen prácticas anticompetitivas en el mercado guatemalteco. Que podrán ser sancionadas hasta por un máximo de doscientos mil salarios mínimos vigentes. Para el efecto, se destaca que serán sujetas a esta ley personas individuales o jurídicas, nacionales o extranjeras.
Como consecuencia de su aprobación, se deroga el Delito de Monopolio, teniendo únicamente sanciones económicas, y se modifican artículos del Código de Comercio, Ley de Protección al Consumidor y Usuario y Ley de Contrataciones del Estado. Así mismo, establece la aplicación por supletoriedad de la Ley de Competencia respecto a Agentes Económicos que se rijan por leyes sectoriales propias que contengan normas de competencia y que cuenten con autoridad reguladora, prevaleciendo estas sobre la Ley de Competencia. Lo cual seguramente dará margen de interpretación en cada caso.
Por último, la entrada en Vigor de esta Ley ha sido definida en dos etapas, la primera iniciando en enero 2025 y la siguiente dos años después de su publicación.
Se debe mencionar que esta aún debe ser sancionada por el presidente de la República de Guatemala para luego ser promulgada y publicada, conforme al proceso legislativo.
El Foro Compliance Latam 2024, que se llevará a cabo el 4 de diciembre en Montevideo, reunirá a expertos para intercambiar experiencias entre América Latina y Estados Unidos.
En el marco de la Semana de Prevención de la Corrupción, y con el objetivo de impulsar el desarrollo del cumplimiento normativo en América Latina, la plataforma Compliance Latam* llevará a cabo su primer evento presencial el próximo 4 de diciembre en Montevideo, Uruguay. Se trata del Foro Compliance Latam 2024, un encuentro internacional que reunirá a más de 100 líderes de América Latina y Estados Unidos para analizar los desafíos que sortearon durante 2024 y las oportunidades previsibles que tendrá el sector en 2025.
Rodrigo Albagli
“Será un foro transformador, que permitirá profundizar en dilemas éticos y el rol de los directorios desde una perspectiva práctica a las nuevas regulaciones que marcarán la pauta durante 2025 en la región”, adelanta Rodrigo Albagli, socio de Albagli Zaliasnik(AZ).
Carla Arellano, consejera de Ferrere Abogados, considera que la iniciativa surge como consecuencia de la propia madurez y crecimiento de Compliance Latam.
“Es una plataforma dedicada a promover y difundir las mejores prácticas corporativas, la cultura organizacional y la regulación en torno al ecosistema de Compliance. Está integrada por firmas de primera línea de la región y de Estados Unidos, así como decenas de colaboradores que se han sumado, reconociendo el gran potencial que tiene. Hemos realizado varios eventos virtuales y hemos difundido decenas de artículos y guías de mejores prácticas de cumplimiento normativo en temas diversos, como salud, lavado de activos, protección de datos personales, corrupción, defensa de la competencia y Fintech”, señala Arellano.
Carla Arellano
Este año, la firma uruguaya propuso pasar de la virtualidad a la presencialidad para que diferentes líderes de la industria y expertos en el área de práctica tengan un espacio común para compartir sus experiencias y buenas prácticas.
“Propusimos realizar este primer foro internacional en nuestras oficinas de Montevideo y las firmas de la plataforma adhirieron inmediatamente a esta propuesta. Referentes de la región expondrán sobre las últimas tendencias y desafíos en materia de Compliance a nivel regional; y el encuentro ofrecerá una excelente oportunidad para establecer una amplia red de contactos, conectando con profesionales de firmas legales y del sector público y privado de toda la región. Nuestro objetivo principal es contribuir al fortalecimiento de una cultura de cumplimiento ético en las empresas de la región”, adelanta Carla Arellano.
Oscar Tutasaura
Oscar Tutasaura, socio de Posse Herrera Ruiz, destaca que el Foro Compliance Latam 2024 busca promover un ambiente de aprendizaje mutuo, para que los asistentes puedan beneficiarse de las experiencias y enfoques de sus colegas internacionales.
“Los conocimientos adquiridos y las relaciones establecidas durante el evento contribuirán a fortalecer la cultura de cumplimiento ético en las empresas de la región. Por eso, también, el foro nos permitirá generar relaciones profesionales que pueden ser enriquecedoras y colaborativas para los participantes en el futuro”, augura el experto en Compliance.
Desafíos del 2024 y oportunidades para el 2025
Para Jeffrey A. Lehtman, socio de Miller & Chevalier, los tres retos más relevantes para las compañías de la región este año han sido: la incertidumbre política generada por los cambios de prioridades en los gobiernos de turno, el cumplimiento de las leyes en un contexto regulatorio complejo, y el manejo de recursos destinados al fortalecimiento de los programas de compliance de las compañías, especialmente para integrar las nuevas tecnologías en los procesos de control internos.
“En los Estados Unidos, los reguladores se han enfocado de manera particular en la región. De hecho, a través de actualizaciones en sus políticas de aplicación de las leyes, han empujado a que las compañías refuercen sus programas de compliance para reducir el riesgo de incumplimiento de las diversas leyes aplicables, como las leyes anticorrupción, de lavado de activos y de sanciones económicas. Las directrices de los últimos dos años se han enfocado en reforzar los programas de compliance a través de un mayor control sobre los datos e información de la compañía, incluyendo las comunicaciones de los empleados a través de plataformas de mensajería instantánea; la necesidad de un sistema de incentivos más robusto, que premia a los empleados que cumplen con las leyes y castiga a los que no; y el uso de tecnologías y análisis de datos integrados en los distintos controles internos, como el manejo de terceros y pagos”, resume Lehtman.
Para el 2025, uno de los temas centrales será la creciente influencia de China en la región y el impacto de las decisiones del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump.
“Con el reciente cambio de gobierno en los Estados Unidos y en algunos países de América Latina, todavía es temprano para saber cuáles serán las prioridades de estos gobiernos en cuanto al nivel de atención que le pondrán a la aplicación de las leyes anticorrupción y el impacto que esto generará en la región. Lo que sí se podría esperar, considerando el contexto global y la postura que parecería tomar el gobierno de Trump, es una mayor atención a la aplicación de las leyes de sanciones económicas y de importación y exportación, incluyendo un especial enfoque en la ciberseguridad. De ser así, las compañías deberán enfocarse en fortalecer sus programas de compliance en cuanto a la seguridad de sus estructuras tecnológicas, manejo de datos y de terceros”, analiza el socio de Miller & Chevalier.
