En el entorno corporativo actual, los canales de denuncia y las investigaciones internas son herramientas clave para garantizar el cumplimiento normativo, la ética y la transparencia en las organizaciones. Estos mecanismos no solo tienen como objetivo identificar y corregir irregularidades, sino también fortalecer la confianza entre los trabajadores, stakeholders y la sociedad en general. Sin embargo, su implementación conlleva importantes desafíos, especialmente en lo que respecta a los derechos fundamentales de todas las partes involucradas, particularmente de los denunciados.

El auge del compliance ha evidenciado la necesidad de regular y estructurar adecuadamente los procesos de denuncia e investigación. Cuando no se respeta el debido proceso estas herramientas pueden convertirse en un arma de “doble filo”. Al ser gestionadas de forma indebida, no solo pueden llegar a vulnerar los derechos fundamentales de los intervinientes, sino que también exponen a las organizaciones a daños económicos, reputacionales y legales. En este contexto, garantizar el anonimato, la confidencialidad y la protección contra represalias se vuelve indispensable. Estas medidas son esenciales para fomentar una cultura organizacional que valore la transparencia, sin poner en riesgo la integridad de quienes participan en estos procesos.

No obstante, muchas iniciativas enfocadas en los canales de denuncia priorizan la protección del denunciante y los testigos, relegando los derechos del denunciado a un segundo plano. Esta asimetría puede generar consecuencias adversas, como el daño a la honra, la integridad psicológica y la privacidad de quienes enfrentan una acusación. Es fundamental recordar que el denunciado también es parte esencial del proceso y merece un trato justo. El principio de presunción de inocencia, junto con la garantía de bilateralidad e imparcialidad, debe guiar cada etapa de una investigación interna.

Un proceso diseñado de manera adecuada no solo protege los derechos de todas las partes involucradas, sino que también fortalece el entorno corporativo. Esto incluye definir de forma clara las etapas del procedimiento, capacitar a los responsables de las investigaciones y que los colaboradores conozcan sus derechos y obligaciones. Además, resulta crucial gestionar correctamente las instancias posteriores al cierre de una investigación, ya que el impacto emocional y reputacional sobre el denunciado puede incrementarse, especialmente si los hechos denunciados no se acreditan o si la denuncia resulta infundada.

En este sentido, las organizaciones tienen la responsabilidad de mitigar los efectos negativos a través de medidas concretas. Brindar apoyo a los denunciados (expost), comunicar de manera clara los resultados y establecer mecanismos de apelación son acciones que pueden proteger a quienes han sido sujetos de una investigación. Asimismo, fomentar una cultura de integridad y educar a los colaboradores sobre el uso responsable de los canales de denuncia contribuye a prevenir abusos, denuncias de mala fe o una errada calificación de los hechos. La implementación de estos mecanismos debe encontrar un equilibrio entre los intereses de la empresa y los derechos individuales de los trabajadores.

Si bien el anonimato es fundamental para promover la denuncia de irregularidades, también puede ser mal utilizado, derivando en denuncias infundadas que afectan injustamente a los denunciados. En este aspecto, la promoción de valores éticos y la supervisión rigurosa de los procesos adquieren una especial relevancia.

En conclusión, los canales de denuncia y las investigaciones internas son herramientas indispensables para la sostenibilidad y la gobernanza corporativa. Sin embargo, su eficacia depende de una implementación justa y equilibrada que respete los derechos de todas las partes involucradas. Solo de esta manera las organizaciones podrán cumplir con sus compromisos legales, éticos y sociales, fortaleciendo su reputación y consolidando relaciones de confianza con sus colaboradores y la comunidad en general.

Constanza Muñoz, Subdirectora de Cumplimiento en ENAP