28-10-2026 | az, FERRERE, Opinión, Tech
Por Juan Pablo González, presidente del directorio, Chile; y Gimena Areal, vicepresidenta del directorio, Uruguay | ComplianceLatam Tech
Panorama general de la ciberseguridad en la región
En pocos años, la ciberseguridad dejó de ser un asunto exclusivamente técnico para convertirse en una cuestión de gobierno corporativo, cumplimiento normativo y política pública. La acelerada transformación digital de América Latina, impulsada por la migración a la nube, la digitalización de los servicios públicos y financieros y la expansión del trabajo remoto, amplió la superficie de ataque a un ritmo mayor que el desarrollo de los controles de seguridad, los modelos de gobernanza y las capacidades institucionales. En este contexto, distintos informes especializados coinciden en señalar un crecimiento sostenido de los ciberataques en la región[1].
El ransomware continúa siendo una de las amenazas más disruptivas. Según Intel 471, las filtraciones publicadas por grupos de ransomware en la región aumentaron un 78% entre 2024 y 2025[2]. A ello se suman campañas de phishing cada vez más sofisticadas, potenciadas por el uso de inteligencia artificial.
Este escenario ha llevado a los países de la región a fortalecer sus marcos regulatorios en materia de ciberseguridad, estableciendo nuevas obligaciones de prevención, gestión y notificación de incidentes. Chile y Uruguay son dos ejemplos de esta tendencia, aunque cada uno ha seguido un camino regulatorio diferente.
El marco de la ciberseguridad en Uruguay
Uruguay cuenta con un alto nivel de desarrollo digital, resultado de una política sostenida de modernización del Estado y de incorporación de tecnologías en la prestación de servicios públicos. Este avance se refleja en el E-Government Survey 2024 de Naciones Unidas, que posicionó al país como líder en gobierno digital en América Latina y el Caribe y en segundo lugar en las Américas, únicamente por detrás de Estados Unidos[3].
Sin embargo, este proceso de digitalización también plantea importantes desafíos en materia de ciberseguridad. La creciente dependencia de los sistemas informáticos, la interconexión entre organismos públicos y privados y el volumen de información que se gestiona a través de plataformas digitales aumentan la exposición a posibles incidentes de seguridad. Estos incidentes pueden comprometer no solo la información de las organizaciones, sino también la continuidad de servicios esenciales, los derechos de las personas y el funcionamiento de actividades fundamentales para el país.
Frente a este escenario, Uruguay ha desarrollado su marco de ciberseguridad de manera gradual, a través de normas de distinto rango y sin contar, hasta el momento, con una ley marco única sobre la materia.
En el centro de este sistema se encuentra la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic), que actúa a través de su Dirección de Seguridad de la Información y del Centro Nacional de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática (CERTuy). Desde 2020, la Ley 19.924 atribuye a Agesic facultades para regular, fiscalizar y auditar la seguridad de la información tanto en entidades públicas como en entidades privadas vinculadas a servicios o sectores críticos. En materia de datos personales, la Ley 19.670 obliga a informar de inmediato las vulneraciones de seguridad a la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales (URCDP), que coordina la respuesta con el CERTuy.
Un avance particularmente relevante se produjo con los artículos 78 a 84 de la Ley 20.212 de 2023. La norma impuso a las entidades públicas y a determinadas entidades privadas vinculadas a sectores críticos la obligación de adoptar medidas de seguridad, designar un responsable de seguridad de la información y comunicar los incidentes de ciberseguridad a AGESIC dentro de las 24 horas desde su detección. Asimismo, creó el Registro Nacional de Incidentes de Ciberseguridad.
El régimen fue posteriormente reglamentado por el Decreto 66/025, que estableció la aplicación obligatoria del Marco de Ciberseguridad de Uruguay, alineado con el NIST Cybersecurity Framework. Mas recientemente, en julio de 2026, el Decreto 168/026 incorporó nuevas obligaciones para la Administración Central. Ante un incidente de ciberseguridad, la entidad afectada debe iniciar de inmediato los procedimientos administrativos correspondientes y, cuando el incidente derive de una falta de previsión o de la utilización de sistemas obsoletos, adoptar los ajustes necesarios e informar a Agesic.
También se han producido avances en materia penal. La Ley 20.327 de agosto de 2024, incorporó al ordenamiento uruguayo delitos como el daño informático, el acceso ilícito, la interceptación ilícita y la suplantación de identidad, adecuando el marco penal a las exigencias necesarias para avanzar en la adhesión al Convenio de Budapest.
Estos desarrollos se enmarcan en la Estrategia Nacional de Ciberseguridad del Uruguay 2024 - 2030 | Agesic , organizada en ocho pilares y orientada a fortalecer las capacidades nacionales de prevención, detección y respuesta frente a amenazas digitales. Entre sus objetivos se encuentra la identificación de las infraestructuras de información crítica del país y el fortalecimiento de la cooperación entre los sectores público y privado.
Aspectos generales de Chile
Chile es el primer país de Latinoamérica en contar con una normativa específica de ciberseguridad, la Ley Nº 21.663 Marco de Ciberseguridad, que entre sus materias se encuentra la creación de una Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI), de un Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática Nacional (CSIRT) y de Defensa Nacional, Consejo Multisectorial y el reconocimiento vía legal del Comité Interministerial de Ciberseguridad, instancia que reúne a varias subsecretarías que tienen incidencia en la materia.
Esta normativa, que toma de referencia varios elementos de la Directiva Europea (NIS2), posee entre sus elementos más distintivos definir aquellos sujetos regulados, a saber, los prestadores de servicios esenciales, estableciéndose una serie de sectores económicos que están obligados a adoptar medidas para prevenir y contener los incidentes de ciberseguridad; y además, la declaración de Operadores de Importancia Vital (OIV), que serían instituciones específicas del páis, que por su rol, la “afectación, interceptación, interrupción o destrucción de sus servicios tienen un impacto significativo en la seguridad y el orden público, en la provisión continua y regular de servicios esenciales, en el efectivo cumplimiento de las funciones del Estado, o en general, de los servicios que éste debe proveer o garantizar”. Esta declaración se realiza a través de un proceso reglado de carácter administrativo, que incluye proceso de reponer ante la resolución que declara a una organización, así como la ilegalidad de la resolución ante la Corte de Apelaciones competente.
Además, uno de los deberes transversales de la normativa es el deber de reporte de los incidentes de impacto significativo, y que se aplica tanto a los prestadores de servicios esenciales como a los OIV. Los plazos que establece este deber son máximo 3 horas desde el conocimiento de la ocurrencia del incidente (alerta temprana); dentro de las 72 horas (siendo 24 horas para los OIV) una evaluación inicial del incidente; y dentro de los 15 días corridos desde la alerta temprana, un informe final. Un incidente tiene impacto significativo cuando “es capaz de interrumpir la continuidad de un servicio esencial o afectar la integridad física o la salud de las personas, así como en el caso de afectar sistemas informáticos que contengan datos personales”.
Finalmente, la ANCI tiene facultades de fiscalización y sanción, y la propia Ley establece un régimen diferencial de infracciones leves, graves y gravísimas tanto para los prestadores de servicios esenciales como para los OIV. En el caso de los primeros, aquellas leves (hasta 5.000 UTM), graves (hasta 10.000 UTM) y gravísimas (hasta 20.000 UTM); y en el caso de los OIV, leves (hasta 10.000 UTM), graves (hasta 20.000 UTM) y gravísimas (hasta 40.000 UTM).
Para concluir, el avance de la regulación en Chile responde una política de Estado de promover la ciberseguridad como un asunto transversal, y que se ve reflejado en la actualización de la Política de Ciberseguridad, contando actualmente con una segunda versión (2023-2028).
Desafíos para la región
Uno de los principales desafíos que ha tenido que sortear Chile es la falta de alfabetización digital en regiones y, especialmente, la cultura en los entornos digitales, puesto que se cuenta con un alto nivel de acceso a Internet. Así, si bien la normativa de ciberseguridad está vigente, esto implica no sólo un enfoque preventivo y fiscalizador a través de la ANCI, sino que requiere ajustes importantes en los currículum de enseñanza y fomentar programas de concientización en la ciudadanía.
En el caso de Uruguay, si bien el país ha avanzado significativamente en la construcción de su marco normativo e institucional, el principal desafío sigue siendo acompañar su desarrollo digital con capacidades efectivas de prevención y respuesta frente a incidentes. Para ello, resulta fundamental que las organizaciones incorporen la ciberseguridad como parte de su gestión cotidiana y no únicamente como una obligación de cumplimiento normativo.
A nivel de la región, el trabajo de iniciativas como CSIRT Americas de OEA ha permitido que varios países trabajen de manera colaborativa sobre las amenazas en el ciberespacio y, por ende, los incidentes para compartir información desde un enfoque de inteligencia de amenazas; pero a nivel regulatorio existe una fragmentación que impide que existan marcos similares para promover la colaboración no solo desde el enfoque técnico. En ese sentido, iniciativas desde LAC4 (Centro de Competencia Cibernética de América Latina y el Caribe) como CyberPolicy Bootcamp, sin duda, permite aunar diálogos a nivel normativo en las iniciativas legislativas de ciberseguridad en la región.
[1] Check Point Research, Latin America Sees Sharpest Rise in Cyber Attacks in December 2025 as Ransomware Activity Accelerates, enero de 2026. https://blog.checkpoint.com/research/latin-america-sees-sharpest-rise-in-cyber-attacks-in-december-2025-as-ransomware-activity-accelerates/
[2] Intel 471, Informe sobre el panorama de amenazas en América Latina, citado por Kiteworks, 2026. https://www.kiteworks.com/es/gestion-de-riesgos-de-ciberseguridad/panorama-de-amenazas-ciberneticas-en-america-latina-2026-informe-intel-471/
[3] Naciones Unidas, E-Government Survey 2024, citado por Montevideo Portal. https://www.montevideo.com.uy/Noticias/Uruguay-se-posiciona-como-lider-regional-en-desarrollo-de-gobierno-digital--segun-la-ONU-uc900538
Juan Pablo González, presidente del directorio, Chile; y Gimena Areal, vicepresidenta del directorio, Uruguay | ComplianceLatam Tech
Para más información sobre ComplianceLatam Tech, visita compliancelatam.legal/tech o escríbenos a contacto@compliancelatam.legal.
20-07-2026 | FERRERE, Noticias
La iniciativa del Poder Ejecutivo tipifica nuevos delitos contra el ambiente y prevé sanciones cuando la conducta sea atribuible a una empresa, reforzando el alcance penal sobre quienes dirijan o impulsen las infracciones.
El Poder Ejecutivo remitió a la Asamblea General un proyecto de Ley de Delitos contra el Ambiente, donde se tipifican 8 delitos ambientales.
La iniciativa retoma el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo en 2022, a través del Ministerio de Ambiente, que obtuvo media sanción del Senado el 6 de junio de 2023. Ese texto, a su vez, tenía como antecedente una propuesta anterior remitida por el Poder Ejecutivo en 2017.
Qué delitos introduce
A través del proyecto, se propone agregar un título de Delitos contra el ambiente en el Código Penal vigente. El nuevo título incluye delitos contra la contaminación, la biodiversidad y la gestión ambiental.
a. Delitos de contaminación
Se crean los delitos de contaminación del aire, de las aguas y del suelo, que serán castigados con un mínimo de seis meses y un máximo de ocho años de prisión.
Se regulan como agravantes de dichos delitos:
- causar la muerte o lesiones en una o varias personas;
- ser cometidos en áreas naturales protegidas
- generarlos a partir de residuos o desechos peligrosos; y
- el desobedecimiento de órdenes expresas de corrección o suspensión de actividades por parte de la autoridad nacional competente.
También se prevé el delito de introducción ilegal de desechos peligrosos, que será castigado con entre doce meses y doce años de penitenciaría. En este caso, el hecho de que la conducta resultare en un daño al ambiente será una agravante.
b. Delitos contra la biodiversidad
Se crean delitos que sancionan, en áreas naturales protegidas, (i) la caza, pesca, captura y muerte de fauna; y (ii) la tala, destrucción y alteración de flora. En todos estos casos, se castigarán con un mínimo de tres meses y un máximo de seis años de prisión.
Las agravantes de dichos delitos serán:
- Ser cometidos contra especies o subespecies declaradas en peligro de extinción;
- Usar explosivos o cebos tóxicos, o envenenamiento de fuentes de alimentos;
- La destrucción o alteración de sitios de reproducción, nidadas o madrigueras.
Asimismo, se prevé el delito de tráfico de fauna y flora protegida, que será castigado con entre seis meses y ocho años de penitenciaría.
c. Delitos contra la gestión ambiental
Se prevé el delito de falsedad y obstaculización ambiental, por el que se castigará a todo sujeto que proporcione información falsa al organismo competente o que obstaculice la labor de la autoridad, siempre que haya causado, o pudiera causar, daños al ambiente. La pena será de seis a veinticuatro meses de prisión, e inhabilitación especial de dos a seis años.
Reducción de las penas
La pena prevista será reducida de un tercio a la mitad siempre que los delitos se hayan cometido, no de forma intencional (dolo), sino con culpa.
Penalización a personas jurídicas
Conforme al nuevo proyecto, cuando la responsabilidad sea atribuible a una persona jurídica, se considerará penalmente responsable a quien ejerza efectivamente su poder de dirección y quien, con su participación, hubiera contribuido de manera determinante en la concreción de los delitos.
Cambio respecto de la situación actual
En la actualidad, el sistema jurídico uruguayo no prevé delitos cuyo bien jurídico protegido sea el ambiente, con la única excepción del artículo 9 de la Ley N° 17.220, que refiere a la introducción de desechos peligrosos a zonas de jurisdicción nacional (y que es recogido en el texto del proyecto).
Asimismo, incorpora el régimen de responsabilidad penal aplicable a las personas jurídicas, una solución ya conocida en otras jurisdicciones.
De esta forma, el Poder Ejecutivo busca reforzar la protección del ambiente con una respuesta que trasciende la sanción administrativa y la vía jurisdiccional civil, sumando la herramienta penal como complemento de la legislación ambiental existente.
Escríbenos a contacto@compliancelatam.legal si necesitas más información.
03-07-2026 | FERRERE, Noticias
Si el proyecto avanza, las entidades potencialmente alcanzadas deberían comenzar a evaluar el impacto sobre, entre otras cosas, sus políticas de protección de datos, y estructuras de gobierno corporativo y cumplimiento.
El 5 de junio de 2026, el Directorio del Banco Central del Uruguay (BCU) remitió al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) un anteproyecto de ley para crear el Sistema de Finanzas Abiertas (SFA).
El SFA permitirá que los usuarios autoricen a terceros habilitados a acceder a su información financiera o iniciar operaciones —incluidos pagos— en su nombre. El consentimiento deberá ser previo, expreso e informado, y podrá revocarse en cualquier momento sin costo.
Principales aspectos
Participantes
El sistema prevé tres categorías de participantes: (i) Proveedores de Acceso a Información (PAI), que deberán poner a disposición interfaces interoperables y seguras; (ii) Terceros Proveedores de Servicios (TPS), que accederán a dichas interfaces para prestar servicios basados en datos o iniciar operaciones; y (iii) usuarios.
Datos comprendidos
El alcance incluye datos de identificación y conocimiento del usuario, información sobre productos y servicios contratados, saldos, movimientos y transacciones, así como condiciones generales de productos financieros y de pagos. La incorporación de información será gradual según el cronograma que establezca el BCU.
Consentimiento y secreto bancario
Cuando la información esté protegida por secreto bancario u otros deberes de confidencialidad, el usuario deberá otorgar un consentimiento expreso para su levantamiento, limitado a los datos, finalidades y participantes autorizados.
Régimen económico
Los PAI deberán asumir los costos de desarrollo y mantenimiento de las interfaces. El anteproyecto prevé modalidades de acceso gratuitas y remuneradas, y prohíbe trasladar al usuario cargos específicos por el uso de las interfaces del sistema.
Gobernanza y responsabilidades
El BCU tendrá un rol central en la definición de estándares técnicos y operativos. Asimismo, se prohíbe el uso de técnicas de screen scraping para acceder a canales digitales de instituciones reguladas.
Los PAI serán responsables, entre otros aspectos, de las interfaces, la calidad de los datos y la gestión del consentimiento, mientras que los TPS deberán obtener el consentimiento de los usuarios y tratar la información únicamente para las finalidades autorizadas.
Un pendiente del anteproyecto
Es esperable que los cambios previstos en el anteproyecto generen costos para los bancos. Sin embargo, no se prevé cómo se pagarán dichos costos ni cuáles son los derechos o beneficios que los bancos tendrán de este nuevo sistema. Estos son aspectos que el BCU debería analizar en conjunto con los bancos para que la potencial regulación sea más completa.
Próximos pasos
Si el proyecto avanza, las entidades potencialmente alcanzadas deberían comenzar a evaluar el impacto sobre su infraestructura tecnológica, políticas de protección de datos, modelos de costos, contratos con clientes y terceros, y estructuras de gobierno corporativo y cumplimiento.
En caso de dudas, escríbenos a contacto@compliancelatam.legal.
16-06-2026 | FERRERE, Noticias
Las organizaciones que operan desde Uruguay cuentan ahora con una herramienta adicional para acreditar garantías suficientes al transferir datos personales a países que no cuentan con un nivel de protección adecuado.
La Resolución Nº 8/2026 habilita las Cláusulas Contractuales Tipo del Convenio 108+ y suma un nuevo mecanismo para legitimar el flujo transfronterizo de datos personales.
Mediante dicha Resolución, la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales (URCDP) habilitó el uso de las Cláusulas Contractuales Tipo del Convenio 108+ del Consejo de Europa como mecanismo válido para respaldar las transferencias internacionales de datos personales.
Se trata de una novedad bienvenida: las organizaciones que operan desde Uruguay cuentan ahora con una herramienta adicional —de amplio reconocimiento en el ámbito internacional— para acreditar garantías suficientes al transferir datos personales a países que no cuentan con un nivel de protección adecuado.
Las cláusulas se organizan en tres módulos (responsable a responsable, responsable a encargado y encargado a encargado) y abordan aspectos clave, como la seguridad, la minimización, la transparencia, la gestión de incidentes y la evaluación del entorno legal del país de destino. Para quienes ya interactúan con contrapartes sujetas al Reglamento General de Protección de Datos (GDPR por sus siglas en inglés), la adopción de este estándar puede facilitar notablemente la interoperabilidad contractual.
La nueva resolución se suma al marco vigente —Resoluciones Nº 41/021 y Nº 50/022— sin sustituirlo: complementa las cláusulas mínimas exigidas y las Cláusulas Modelo de la Red Iberoamericana de Protección de Datos (RIPD), ofreciendo un mayor nivel de detalle y una alineación más estrecha con los parámetros europeos.
Puntos a tener en cuenta
Si bien el nuevo instrumento amplía las opciones disponibles, su implementación requiere ciertos recaudos: verificar la compatibilidad con la normativa uruguaya, documentar la evaluación del entorno legal del país receptor y, en todos los casos, solicitar la autorización previa de la URCDP.
Con esta nueva alternativa, resulta oportuno que cada organización evalúe cuál de los instrumentos disponibles se ajusta mejor a las particularidades de cada transferencia, considerando factores como el perfil y la ubicación de la contraparte, así como el grado de detalle contractual que requiera la operación.
No existe una solución única: la elección del instrumento adecuado dependerá de las circunstancias concretas de cada flujo de datos. Una evaluación caso a caso permitirá adoptar la opción que ofrezca el respaldo más sólido y eficiente para legitimar la transferencia.
Para más información, pueden consultarse la Resolución N° 8/2026 y la nota de la URCDP.
Escríbenos a contacto@compliancelatam.legal si tienes dudas.
14-05-2026 | FERRERE, Noticias
Uruguay tiene hoy la oportunidad de observar críticamente la evolución de estos modelos y evaluar con rigor qué intervenciones son realmente necesarias, en qué ámbitos y con qué instrumentos.
El acuerdo europeo sobre el Ómnibus Digital reconoce la importancia de evaluar los costos y beneficios de cada intervención legislativa, evitando que un exceso de regulación genere efectos no deseados.
El acuerdo europeo
El 7 de mayo de 2026, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea alcanzaron un acuerdo provisional sobre el Ómnibus Digital de Inteligencia Artificial, que introduce modificaciones sustantivas al AI Act, la primera legislación integral en la materia a nivel mundial. El acuerdo extiende plazos de cumplimiento, simplifica cargas regulatorias y amplía el rol de los sandboxes, reconociendo que un marco normativo excesivamente complejo puede generar dificultades de implementación que terminen afectando la innovación y la efectividad misma de la regulación.
Una señal para el debate regional
La decisión europea llega en un momento particularmente relevante para Uruguay y América Latina, donde se debate activamente si corresponde y cómo regular la inteligencia artificial. El mensaje desde Bruselas es claro: incluso la jurisdicción más ambiciosa del mundo en gobernanza digital está ajustando su enfoque. No porque haya abandonado sus objetivos de protección, sino porque la experiencia demostró que una regulación cuyas cargas superan sus beneficios puede generar efectos adversos, entre ellos costos de cumplimiento desproporcionados, retrasos en la implementación y pérdida de competitividad frente a otras regiones.
El caso uruguayo
Para Uruguay, esta señal refuerza la pertinencia de un enfoque prudente e incremental. El país ya cuenta con un marco normativo vigente que ofrece garantías sólidas para la protección de los derechos de los individuos, incluyendo la Ley de Protección de Datos Personales, reconocida por la propia Comisión Europea como adecuada a sus estándares. A ello se suma la adhesión al Convenio Marco del Consejo de Europa sobre Inteligencia Artificial y Derechos Humanos, firmado en setiembre de 2025. Existen, además, normas vigentes en materia de defensa del consumidor, responsabilidad civil y propiedad intelectual, que ya ofrecen herramientas aplicables a situaciones derivadas del uso de IA. En conjunto, estos instrumentos proporcionan un piso de protección cuyo alcance merece ser debidamente ponderado antes de asumir que una legislación integral adicional es la respuesta más adecuada.
Regular cuando es necesario
Uruguay tiene hoy la oportunidad de observar críticamente la evolución de estos modelos y evaluar con rigor qué intervenciones son realmente necesarias, en qué ámbitos y con qué instrumentos. Esa evaluación debería partir de una premisa razonable: preservar su posicionamiento como hub tecnológico regional y evitar cargas que no se justifiquen frente a las garantías que ya ofrece el marco normativo vigente.
El texto del acuerdo político provisional puede consultarse en el comunicado oficial del Consejo de la UE aquí.
Para más información, escríbenos a contacto@compliancelatam.legal.
28-04-2026 | FERRERE, Noticias
Las nuevas obligaciones también tendrán cierto impacto en los sujetos obligados del sector financiero.
El pasado 19 de marzo, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley 20.469, que incorpora cambios significativos al régimen general de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLAFT) en Uruguay. Esto implica que los sujetos obligados del sector no financiero deberán:
- adecuar sus matrices de riesgo, tanto de la empresa como de sus clientes;
- adaptar manuales de prevención en materia de PLAFT;
- y fortalecer las políticas de gobierno corporativo en torno a los directivos y la alta gerencia.
El alcance de estas nuevas obligaciones también tendrá cierto impacto en los sujetos obligados del sector financiero. Los cambios, que aún están supeditados a su futura reglamentación, pueden sintetizarse en los siguientes aspectos:
- Abogados, escribanos, contadores y toda otra persona física o jurídica
Las transacciones inmobiliarias que impliquen dación de pago, permuta o pagos realizados total o parcialmente con activos virtuales, estarán sujetas a controles en materia de prevención de lavado de activos para estas categorías de sujetos obligados.
- Nuevos sujetos obligados
- Fiduciarios no financieros: se incluye a los fiduciarios no financieros, tanto generales como profesionales, como nuevos sujetos obligados, pero bajo la supervisión de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT).
- Organizaciones sin fines de lucro: se amplía esta categoría, incorporando a los sindicatos y organizaciones empresariales como sujetos obligados.
- Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y Procesamiento de Datos (BPO): se determina que los BPO que apoyen actividades financieras desarrolladas en el exterior deberán registrarse ante SENACLAFT, en las condiciones que determine la reglamentación.
- Ampliación de procesos de debida diligencia
Estos procesos deberán también realizarse sobre accionistas, socios, inversores o aportantes de fondos de cualquier tipo, sujeto al alcance que determine la futura reglamentación.
- Presunción de bajo riesgo para el sector no financiero
Se elimina la presunción de bajo riesgo para operaciones bancarizadas de los sujetos del sector no financiero.
- Restricciones al uso de efectivo
Se reduce el umbral mínimo para operaciones en efectivo fijada en 1.000.000 UI (unidades indexadas) a los siguientes mínimos:
- 000 UI;
- el 5% del valor total de la operación, siempre que dicho monto no supere las 450.000 UI.
- Inmovilización de fondos y protección de terceros
Se amplía a 5 días hábiles la obligación de inmovilizar fondos cuando exista resolución fundada de la Unidad de Información y Análisis Financiero, en el marco de un reporte de operación sospechosa. Asimismo, se incorpora la posibilidad de liberaciones parciales a solicitud de terceros de buena fe.
- Nuevo régimen de responsabilidad para directivos y la alta gerencia
Bajo el nuevo régimen, y sujeto a lo que determine la reglamentación, los directivos y la alta gerencia (no definida) podrán incurrir en responsabilidad administrativa, siendo pasibles de sanciones (apercibimiento, observación o multa), lo que estaba reservado exclusivamente a los sujetos obligados.
- Delitos precedentes
Se incorporan el delito ambiental de introducción de desechos tóxicos y el fraude en las entidades integrantes del sistema financiero nacional.
- Umbrales únicos
Se uniformizan los umbrales económicos definidos para calificar como actividades delictivas precedentes de lavado de activo, de acuerdo con el siguiente detalle:
- Defraudación tributaria: por monto superior a 400.000 UI.
- Defraudación aduanera: por monto superior a 400.000 UI.
- Contrabando, estafa, aprobación indebida y ciberdelitos: por monto superior a 100.000 UI.
- Delito de asistencia al lavado de activos
Se adecúa la definición de “asistencia”, asociándola a los delitos de lavado de activos (conversión, transferencia, posesión, tenencia y ocultamiento), para diferenciarla de la “asistencia” de actividades delictivas precedentes.
- Otros
Se prevén reformas en materia de diseño institucional, cooperación del sector público y cooperación internacional, aspectos procesales y penales, decomisos y extradición, entre otros.
Para solicitar más información, escríbenos a contacto@compliancelatam.legal.
