by Juan Manuel González | Ene 23, 2025 | Noticias
La Resolución N° 991/2024 una serie de obligaciones y plazos para los empleadores en Paraguay, con el objetivo de mejorar la transparencia y la eficiencia en la gestión de relaciones laborales y seguridad social.
Inscripción patronal: la inscripción en el REOP es obligatoria para las empresas, las cuales deben registrar tanto su casa matriz como sucursales. Para ello, deberán presentar el formulario de inscripción completo, junto con la constancia de inscripción en el RUC y la fotocopia de la cédula de identidad del firmante. El trámite será procesado en un plazo de 3 días hábiles, siempre que no haya inconsistencias en la documentación.
Actualización de datos: los datos de la empresa y del representante legal deberán ser actualizados en forma anual, desde el 01 de enero al 31 de marzo de cada ejercicio fiscal.
Inscripción patronal de oficio: en caso de detectarse el incumplimiento durante una inspección, la Dirección del REOP procederá a inscribir al empleador de oficio, con las sanciones correspondientes.
Comunicaciones obligatorias: la resolución detalla diversas comunicaciones que deben ser notificadas al REOP, incluyendo la entrada, salida y cambios en la situación de los trabajadores (vacaciones, licencias, accidentes laborales, enfermedades profesionales, liquidaciones salariales, aguinaldo, entre otros). Estas comunicaciones deben realizarse en plazos específicos que oscilan entre los 8 a 30 días hábiles.
Sustitución y traslados de empleadores: el empleador sustituto debe comunicar la inscripción del establecimiento sustituido y trasladar a los trabajadores sin que esto implique una terminación de la relación laboral. Asimismo, los traslados entre registros patronales de distintos establecimientos también se permitirán sin afectar la continuidad laboral de los empleados.
Digitalización y formularios actualizados: los empleadores podrán generar y rectificar documentos como recibos de liquidación y aguinaldos a través del sistema REOP, sin costo adicional, particularmente para las MIPYMES.
También se han habilitado nuevos formularios para facilitar la inscripción patronal y la notificación de accidentes laborales.
Para mayor información contactar a:
Carla Arellano | Consejera Ferrere | carellano@ferrere.com
by Juan Manuel González | Ene 22, 2025 | Noticias
Los Representantes Legales de las compañías sujetas al control de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros deberán presentar la siguiente documentación de los socios o accionistas, personas jurídicas extranjeras, entre el 1 de enero y el 5 de febrero de 2025, caso contrario, el Administrador estará obligado a reportar a los socios o accionistas, como remisos:
- Certificado de existencia legal, debidamente expedido por la autoridad de control competente del país de origen de la socia o accionista extranjera. Este documento deberá venir debidamente apostillado o legalizado ante el Cónsul del Ecuador, con su respectiva traducción al castellano, de ser el caso, o, en su defecto, dicha traducción deberá ser realizada localmente.
- Poder Especial otorgado a favor de una persona jurídica o natural ecuatoriana o extranjera residente en el Ecuador, a través del cual se faculte al apoderado cumplir con las obligaciones que la socia o accionista, persona jurídica extranjera, adquiera en el Ecuador, conforme lo dispuesto en el Art. 6 de la Ley de Compañías. Dicho documento deberá venir debidamente apostillado o legalizado ante el Cónsul del Ecuador y, si se encuentra en un idioma distinto al castellano, deberá venir traducido o se procederá con su traducción localmente. Cabe aclarar que para las socias o accionistas extranjeras que en años anteriores ya hubieren entregado el citado poder, no deberán hacerlo nuevamente en este año, salvo que el plazo de éste hubiere fenecido.
- Finalmente, se deberá entregar una lista completa de quienes son los socios o accionistas de la o las personas jurídicas extranjeras, que a su vez sean socias o accionistas de la empresa local, debiendo proporcionarse la siguiente información: la razón social o los nombres completos, nacionalidad, domicilio,
dirección, número telefónico, correo electrónico, así como, estado civil y número de identificación, en el caso de personas naturales. Dentro de este punto, es necesario mencionar que, mediante las reformas realizadas a la Ley de Compañías, se establece que: «En el caso de que en la nómina de socios o accionistas constaren personas jurídicas deberá proporcionarse igualmente la nómina de sus integrantes, y así sucesivamente hasta determinar o identificar a la correspondiente persona natural».
Este detalle podrá ser proporcionado localmente por parte del apoderado de la compañía extranjera, para lo cual, se utilizará un formulario especial desarrollado para esos efectos por parte de la autoridad competente.
De manera excepcional, no será necesario llegar a la persona natural al final de la cadena accionaria, si la sociedad extranjera socia o accionista de la Compañía ecuatoriana estuviere registrada en una o más bolsas de valores o en un fondo de inversión, en cuyo caso presentará una certificación que acredite tal hecho, emitida por la autoridad competente del país de origen. Similar requerimiento será observado cuando sea un fondo de inversión, nacional o extranjero.
OBSERVACIÓN: Si el poder especial detallado en el punto No. 2 sigue teniendo vigencia, si las compañías extranjeras socias o accionistas de la entidad ecuatoriana mantienen su existencia legal y si la cadena accionaria no ha variado respecto de la información consignada el año anterior, la obligación de la compañía ecuatoriana se tendrá por cumplida mediante la declaración bajo juramento que en dicho sentido realice el representante legal, a través del módulo correspondiente del portal web de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, independientemente que tal representante legal mantendrá la obligación de recabar y mantener la información actualizada bajo su custodia, a disposición del Órgano de Control.
En el evento de que las anteriores obligaciones no se cumplan dentro de los plazos
perentorios antes señalados, se producirán los siguientes efectos:
- La compañía extranjera socia o accionista de la compañía local, no podrá participar en la celebración de la Junta General Ordinaria correspondiente a la aprobación de los informes y balances relativos al ejercicio económico 2024.
- Las compañías y sociedades ecuatorianas estarán obligadas a suspender la distribución de dividendos, beneficios, utilidades, rendimientos o similares de los derechos representativos de capital, únicamente respecto de la accionista remisa. La mencionada suspensión aplicará hasta que la correspondiente información sea entregada, sin perjuicio de la exclusión de la accionista remisa, de acuerdo con el último inciso del artículo innumerado que le sigue al artículo 221 de la Ley de Compañías.
- En caso de incumplimiento por parte de la socia o accionista extranjera por dos años consecutivos, la compañía local podrá excluir a la socia o accionista incumplida, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 82 y 83 de la Ley de Compañías, previo acuerdo de la Junta General, aplicándose en tal caso las normas pertinentes al ejercicio del derecho de receso previstas en la transformación, pero únicamente a efectos de la compensación correspondiente.
- Hasta que la información solicitada no sea proporcionada al órgano de control, se expedirá el correspondiente Certificado de Cumplimiento de Obligaciones con la observación del incumplimiento.
Para mayor información contactar a:
María Rosa Fabara | Socia Bustamante Fabara | mrfabara@bustamantefabara.com
by Juan Manuel González | Ene 20, 2025 | Noticias
Resoluciones de alto perfil marcaron un verano y principios de otoño ajetreados con la aplicación de leyes y la elaboración de normas sobre lavado de dinero. En octubre, TD Bank resolvió violaciones de la Ley de Secreto Bancario (BSA, por sus siglas en inglés) y aceptó sanciones por un total de más de 3.000 millones de dólares. El ex contralor general de Ecuador Carlos Ramón Polit Faggioni fue sentenciado en relación con el escándalo de Odebrecht y el ex ministro de Finanzas de Mozambique Manuel Chang fue condenado por su papel en un fraude de 2.000 millones de dólares que involucraba préstamos para supuestos proyectos marítimos. Caroline Ellison, ex ejecutiva de criptomonedas en FTX, recibió una sentencia significativamente reducida de dos años en reconocimiento a su amplia cooperación.
La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) ha estado particularmente activa en la elaboración de normas relacionadas con la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (ALD/CFT). En junio, publicó una propuesta de norma destinada a fortalecer y modernizar los programas de cumplimiento de ALD/CFT. Luego, en agosto, FinCEN emitió dos nuevas normas finales: una que impone requisitos de programas de cumplimiento de ALD/CFT a ciertos asesores de inversiones y otra que impone obligaciones de presentación de informes a las partes involucradas en transacciones inmobiliarias no financiadas. En un duro golpe para FinCEN, en diciembre, un juez de un tribunal de distrito emitió una orden judicial de alcance nacional que impedía la aplicación de la Ley de Transparencia Corporativa (CTA, por sus siglas en inglés).
En el ámbito internacional, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) presentó una evaluación alentadora de las medidas de lucha contra el blanqueo de capitales de la India, destacando la aplicación por parte del país de marcos eficaces y la coordinación entre organismos y con socios extranjeros. El GAFI también actualizó su lista de jurisdicciones bajo mayor vigilancia para incluir a Argelia, Angola, Côte d’Ivoire y Líbano y eliminar a Senegal. Y, por último, un tribunal de apelación del Reino Unido emitió una interpretación de una ley sobre blanqueo de capitales que podría dificultar la presentación de una defensa ante cargos de blanqueo de capitales en el Reino Unido.
A medida que nos acercamos a la próxima administración, hay mucha incertidumbre con respecto al futuro de la aplicación y regulación de la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo en los próximos años. Algunos han especulado que la administración buscará desmantelar nuevas regulaciones, incluida la reglamentación sobre asesores de inversiones y la reglamentación sobre bienes raíces que se analizan con más detalle a continuación. Esta edición de Tendencias de aplicación de la ley contra el lavado de dinero destaca nuestras elecciones de los acontecimientos más importantes del último trimestre mientras esperamos ver qué traerá el nuevo año.
En octubre, TD Bank, NA, el décimo banco más grande de los EE. UU., y su empresa matriz TD Bank US Holding Company (en conjunto, TD Bank), se declararon culpables de violaciones de la BSA y conspiración para cometer lavado de dinero y anunciaron un acuerdo coordinado que involucra a FinCEN, la Junta de Gobernadores de la Junta de la Reserva Federal (FRB) y la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC), con sanciones por un total de más de $ 3 mil millones. TD Bank se convierte en el banco estadounidense más grande de la historia en declararse culpable de fallas del programa BSA y el primer banco estadounidense en declararse culpable de conspiración para cometer lavado de dinero.
Según el Departamento de Justicia, durante casi una década, TD Bank no actualizó su programa de cumplimiento AML para abordar los riesgos conocidos, lo que permitió que las transacciones sospechosas no se informaran. Una falla crítica fue la exclusión intencional del banco de varios tipos de transacciones, como las transacciones de la cámara de compensación automatizada doméstica (ACH) y la actividad de cheques, entre otras, de sus sistemas de monitoreo. Esto provocó que el 92 por ciento del volumen total de transacciones del banco no fuera monitoreado entre el 1 de enero de 2018 y el 12 de abril de 2024, lo que permitió a los empleados facilitar el lavado de decenas de millones de dólares por parte de una red criminal. Como parte del acuerdo de culpabilidad, TD Bank perderá 450 millones de dólares y pagará una multa penal de 1.400 millones de dólares, lo que totalizará más de 1.800 millones de dólares en sanciones al Departamento de Justicia (DOJ).
En una acción de cumplimiento paralela, FinCEN impuso una multa récord de 1.300 millones de dólares, la mayor jamás impuesta bajo la BSA. FinCEN dijo que su investigación reveló fallas sistémicas en la capacidad de TD Bank para detectar y reportar actividades sospechosas, incluidas transacciones vinculadas a actividades delictivas graves como el tráfico de estupefacientes, el financiamiento del terrorismo y la trata de personas. Según la FinCEN, el incumplimiento deliberado de TD Bank de sus obligaciones de lucha contra el blanqueo de dinero no solo creó vulnerabilidades críticas dentro del sistema financiero estadounidense, sino que también permitió que persistieran importantes retrasos en la realización de actividades potencialmente sospechosas, privando a las autoridades de información crucial necesaria para las investigaciones.
Además de las sanciones financieras, TD Bank se ha comprometido a implementar importantes reformas de cumplimiento con la FinCEN. En virtud del acuerdo con el Departamento de Justicia, el banco contratará a un supervisor de cumplimiento independiente durante tres años para supervisar la corrección y la mejora de su programa de lucha contra el blanqueo de dinero. La FinCEN también exigió a TD Bank que contratara a un consultor independiente para que realizara una “revisión retrospectiva de los informes de actividades sospechosas” (SAR, por sus siglas en inglés) -una revisión histórica de los informes de actividades sospechosas (SAR, por sus siglas en inglés) que no se detectaron debido a lagunas de control- y que realizara una revisión integral de principio a fin del programa de lucha contra el blanqueo de dinero del banco.
La orden de cese y desistimiento de la OCC , que incluye una multa civil de $450 millones, también impone requisitos significativos a TD Bank, incluido un límite de activos, ciertas restricciones comerciales ( por ejemplo , prohibiciones de abrir nuevas sucursales, ingresar a nuevos mercados y ofrecer nuevos productos y servicios sin la no objeción de la OCC), una evaluación independiente del programa de cumplimiento de AML, una remediación integral, una revisión retrospectiva del SAR y un requisito de que la junta directiva presente una certificación a la OCC antes de declarar o pagar dividendos, participar en recompras de acciones o realizar cualquier otra distribución de capital.
Entre los requisitos de la resolución de la FRB se encuentran la creación de una oficina en los EE.UU. dedicada a remediar las deficiencias identificadas en la orden, la reubicación de partes del programa de cumplimiento AML a los EE.UU., una revisión independiente de su programa de cumplimiento AML, una certificación de que se asignan suficientes recursos y atención para corregir las deficiencias AML del banco antes de emitir dividendos o distribuciones de capital, y una revisión independiente de la junta directiva y la gerencia de la empresa para asegurar una supervisión adecuada de las operaciones en los EE.UU., además de una multa de 123,5 millones de dólares.
El 11 de diciembre, el Departamento de Justicia anunció que había arrestado y acusado a Leonardo Ayala, un ex empleado del TD Bank en Florida, de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. Según el Departamento de Justicia, Ayala aceptó sobornos para emitir docenas de tarjetas de débito para cuentas abiertas por su compañero de trabajo a nombre de empresas fantasma. “Esas cuentas fueron luego supuestamente utilizadas para lavar millones de dólares en ganancias del narcotráfico a través de retiros de efectivo en cajeros automáticos en Colombia”, escribió el Departamento de Justicia.
En el primer acuerdo de colaboración con CABGC, FinCEN se centra en el programa AML del casino, que es “fundamentalmente deficiente”
En octubre, FinCEN emitió una sanción civil de 900.000 dólares contra el Hotel y Casino Lake Elsinore (Lake Elsinore) por violar la BSA y sus reglamentos de aplicación. Lake Elsinore, un “club de cartas” de tamaño medio que ofrece juegos de mesa como el póquer, admitió que no desarrolló ni implementó numerosos requisitos de la BSA, incluidos controles internos clave, pruebas y capacitación independientes, procedimientos para detectar y reportar transacciones sospechosas y asignar personal responsable del cumplimiento diario. Al analizar la resolución, la directora de FinCEN, Andrea Gacki, enfatizó que “Lake Elsinore funcionó durante años sin los controles AML más básicos”.
Entre las deficiencias citadas en la orden de consentimiento se encontraba el hecho de que el denominado “Comité de Cumplimiento del Título 31” que Lake Elsinore describió en su programa AML nunca se estableció tal como se había articulado y no se documentaron reuniones. En cambio, las responsabilidades de cumplimiento se asignaron al gerente general y al director de operaciones (COO) del club, ninguno de los cuales tenía suficiente experiencia en cumplimiento. Además, Lake Elsinore no presentó ningún SAR desde septiembre de 2014 hasta después de un examen en 2017 por parte de la Oficina de Control del Juego del Departamento de Justicia de California (CABGC).
La orden de consentimiento describió el programa AML de Lake Elsinore como “fundamentalmente deficiente” y sus deficiencias reflejan “una inversión insuficiente en cumplimiento”. Sin embargo, FinCEN reconoció a Lake Elsinore por la remediación efectiva durante la investigación, así como por la plena cooperación. FinCEN acordó suspender $50,000 de la multa civil a la espera de que Lake Elsinore cumpla con una revisión independiente del programa AML y la adopción de sus recomendaciones. Aunque Lake Elsinore es una operación relativamente modesta, Gacki instó a que esta aplicación sirva como recordatorio de las obligaciones de cumplimiento para “todas las instituciones financieras, independientemente de su tipo o tamaño”.
Dos normas finales de FinCEN establecen nuevos requisitos para los asesores de inversiones y los sectores inmobiliarios
En los últimos meses, FinCEN emitió dos nuevas regulaciones diseñadas para reforzar las obligaciones AML en las industrias de asesores de inversiones y bienes raíces:
- En agosto, FinCEN emitió la regla final de presentación de informes sobre bienes raíces residenciales (Reglamento sobre bienes raíces). Como se trató en nuestro número anterior, esta regla requiere que quienes participan en la liquidación y el cierre de ciertas transferencias de bienes raíces residenciales no financiadas ( es decir , todas en efectivo) informen información sobre la transferencia y los propietarios beneficiarios de las entidades cesionarias y los fideicomisos cesionarios. La Regla sobre bienes raíces entrará en vigencia el 1 de diciembre de 2025 y requerirá que las “personas informantes” informen a FinCEN información sobre la persona informante, el cesionario, el cedente, la propiedad inmobiliaria involucrada en la venta y los pagos realizados. La Regla incluye una cascada de personas que generalmente participan en los cierres de bienes raíces que se utilizarán para identificar a la persona informante, pero la persona informante puede acordar con cualquier otra persona en la cadena de informes designar a esa persona como la persona informante. La persona informante debe informar la información sobre la propiedad beneficiosa (BOI) sobre cada entidad cesionaria y fideicomiso cesionario involucrado en la transacción, y la definición de propiedad beneficiosa proviene directamente de las regulaciones de la CTA, que se tratan aquí . El no reportar información sobre transacciones bajo la Normativa de Bienes Raíces puede resultar en sanciones civiles y penales.
- El mismo día que la Norma sobre Bienes Raíces, FinCEN también emitió una norma final que impone a ciertos asesores de inversiones obligaciones de cumplimiento del programa AML consistentes con las impuestas a otras instituciones financieras (la Norma Final sobre Bienes Raíces). La Norma Final sobre Bienes Raíces se aplicará a los asesores de inversiones (RIA) registrados en la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y a los asesores de informes exentos (ERA). En la Norma Final sobre Bienes Raíces, FinCEN limitó la definición propuesta en su Notificación de Propuesta de Normativa (NPRM) (tratada aquí ) y excluyó a los RIA que debían registrarse en la SEC por ser asesores de tamaño mediano, asesores multiestatales o consultores de pensiones, así como a aquellos que no están obligados a informar sobre los activos bajo gestión (AUM). Además, para aquellos asesores de inversión que tengan su sede principal y su sede central fuera de los EE. UU., la Norma solo se aplicará a (i) aquellas actividades de asesoramiento que se realicen dentro de los EE. UU., incluso mediante la participación de personal estadounidense o una sucursal, oficina o agencia estadounidense, o (ii) aquellos servicios de asesoramiento que se brinden a una persona estadounidense, ya sea personalmente o a través de un fondo privado ubicado en el extranjero. La Norma no se aplica a los asesores de inversión registrados por el estado ni a los asesores privados extranjeros y las oficinas familiares. A partir del 1 de enero de 2026, todos los asesores de inversión cubiertos por la Norma tendrán que desarrollar políticas, procedimientos y controles de AML, identificar un oficial de cumplimiento de AML, realizar capacitaciones periódicas e implementar evaluaciones independientes. Los asesores de inversión cubiertos también tendrán que presentar SAR e informes de transacciones de divisas (CTR).
En junio de 2024, FinCEN publicó una NPRM (la Norma Propuesta) para promover la “eficacia, eficiencia, innovación y flexibilidad” en relación con los programas AML/CFT de las instituciones financieras de conformidad con la Ley Antilavado de Dinero de 2020 (AMLA). Entre los requisitos más destacados de la Norma Propuesta se incluyen:
- Un requisito de que las instituciones financieras “establezcan, implementen y mantengan programas de AML/CFT eficaces, basados en el riesgo y razonablemente diseñados”, incluido el establecimiento de un proceso obligatorio de evaluación de riesgos. Si bien la realización de evaluaciones de riesgo de AML/CFT es una práctica estándar para muchas instituciones financieras, según la Norma Propuesta, las instituciones financieras que no realizan evaluaciones de riesgo o que evalúan el riesgo de manera informal tendrían que establecer un proceso formal para realizar evaluaciones de riesgo de manera periódica que considere las prioridades de AML/CFT de FinCEN , los informes anteriores presentados por la institución financiera de conformidad con la BSA y sus reglamentos de implementación ( por ejemplo , SAR y CTR) y el perfil de riesgo único de la institución financiera.
- Un requisito de que los programas de lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo sean llevados a cabo por “personas que se encuentren en los Estados Unidos”. La propuesta se basa en un requisito legal de la AMLA. FinCEN solicitó comentarios sobre los desafíos que plantea este requisito propuesto, incluidos los cambios que exigiría a las operaciones de lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo de las instituciones financieras que no se encuentren en los Estados Unidos, qué obligaciones son apropiadas para que las lleven a cabo personas que no se encuentren en los Estados Unidos y cómo definir a las “personas que se encuentran en los Estados Unidos”.
- Un requisito de que la junta directiva o su equivalente apruebe y supervise el programa AML/CFT. Actualmente, sólo ciertas instituciones financieras ( por ejemplo , bancos sin un regulador funcional federal, fondos mutuos) tienen requisitos de aprobación a nivel de junta. Otras instituciones financieras tienen requisitos de aprobación a nivel de la alta gerencia ( por ejemplo , corredores de bolsa, compañías de seguros y comerciantes de metales preciosos), mientras que otras, como las empresas de servicios monetarios (MSB) y los casinos, no tienen requisitos específicos de aprobación de la junta o la alta gerencia. La Norma Propuesta subraya que el nuevo requisito de supervisión contempla medidas como “mecanismos de gobernanza, escalamiento y líneas de reporte, para asegurar que la junta (o su equivalente) pueda supervisar adecuadamente si los programas AML/CFT están operando de una manera eficaz, basada en el riesgo y razonablemente diseñada”.
El nuevo programa de denuncia de irregularidades del Departamento de Justicia se ejecutará a través del MLARS
Este año, el Departamento de Justicia ha continuado sus esfuerzos para alentar la divulgación voluntaria de mala conducta, incluso con respecto al lavado de dinero, lanzando varios programas de denuncia de irregularidades, incluido un programa impulsado por premios administrado por la Sección de Lavado de Dinero y Recuperación de Activos (MLARS) de la División Criminal, así como programas específicos para Fiscalías de los Estados Unidos individuales (USAO) que brindan oportunidades de no procesamiento.
El 1 de agosto de 2024, el Departamento de Justicia lanzó el Programa Piloto de Premios a Denunciantes Corporativos (Programa Piloto), que será administrado por MLARS, como se informó anteriormente . Según la guía del Departamento de Justicia , el Programa Piloto está diseñado para ser una iniciativa de tres años, en virtud de la cual los denunciantes pueden recibir un premio, a discreción del Departamento de Justicia, a cambio de proporcionar “información sobre mala conducta criminal… que conduzca a una confiscación que supere los $1,000,000 en ingresos netos”. Para recibir un premio en virtud del Programa Piloto, existen requisitos adicionales, que incluyen:
- El denunciante debe ser una persona física y no debe estar descalificado por los criterios descritos en la guía, como calificar para un premio bajo otro programa de denuncia de irregularidades o qui tam, estar asociado con el Departamento de Justicia u otra organización policial, ser un funcionario de un gobierno extranjero, proporcionar “a sabiendas y deliberadamente” información falsa o fraudulenta, retener información material o interferir u obstruir la investigación del Departamento de Justicia, u obtener la información proporcionada de una persona que estaría descalificada bajo el Programa Piloto.
- El denunciante debe proporcionar información “original” por escrito. Aunque existen múltiples salvedades, la información “original” incluye información que “se deriva del conocimiento independiente o del análisis independiente de la persona”; que de otro modo “no es pública y no era conocida previamente por el [DOJ]”; y que “se suma materialmente a la información que el [DOJ] ya posee”, si el DOJ ya tiene conocimiento sobre el asunto relevante. Si la persona informó previamente la información a través del proceso de informes internos de una empresa, y esa empresa informó información relacionada al DOJ, la información de la persona aún puede considerarse “original” si la persona también informa a través del Programa Piloto dentro de los 120 días posteriores a la presentación del informe interno.
- La información facilitada debe estar relacionada con determinados tipos de conductas indebidas. El blanqueo de dinero se incluye en la lista de infracciones pertinentes.
- Los denunciantes no deben haber “participado significativamente en la actividad delictiva que denunciaron”. Sin embargo, las personas siguen siendo elegibles si solo tuvieron un “papel mínimo en el plan de denuncia” y “podrían describirse como ‘claramente entre los menos culpables de los involucrados en la conducta de un grupo'”. En estos casos, el Departamento de Justicia evaluará por separado si el denunciante es elegible para un acuerdo de no procesamiento en virtud del Programa Piloto del Departamento de Justicia sobre Autorrevelaciones Voluntarias para Individuos .
- Por último, los denunciantes deben proporcionar “información veraz y completa”, incluso sobre su propio papel en la mala conducta.
Dependiendo de la consideración por parte del Departamento de Justicia de varios factores delineados en el Programa Piloto, los denunciantes elegibles pueden recibir “[u]na indemnización de hasta el 30% de los primeros $100 millones en ingresos netos confiscados” y “[u]na indemnización de hasta el 5% de cualquier ingreso neto confiscado entre $100 millones y $500 millones”.
La aplicación de la normativa centrada en las criptomonedas siguió siendo una prioridad durante la administración Biden
Dos importantes medidas de control de las criptomonedas ilustran el interés de las autoridades estadounidenses por los delitos relacionados con las criptomonedas en los últimos años. Por ejemplo:
- En julio de 2024, la plataforma de derivados de criptomonedas HDR Global Trading Limited, también conocida como BitMEX, se declaró culpable de violar la BSA y aceptó pagar una multa de 100 millones de dólares. El Departamento de Justicia alegó que BitMEX, incluso después de afirmar que había abandonado el mercado estadounidense, se dirigió a los clientes estadounidenses y les prestó servicios, por lo que estaba obligada a registrarse en la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) y a establecer y mantener un programa AML adecuado. La información señala que, entre otras cosas, de 2015 a 2020, BitMEX no estableció ni implementó deliberadamente un programa AML adecuado, y señala específicamente que BitMEX “no adoptó ni implementó políticas, procedimientos y controles internos formales para AML; pruebas de cumplimiento independientes para AML; y capacitación para el personal apropiado en AML”. Además, debido a que BitMEX no tenía un programa de conozca a su cliente (KYC) adecuado, el Departamento de Justicia alegó que no recopiló ni analizó la información KYC ni monitoreó las transacciones para detectar lavado de dinero o violaciones de sanciones. Además, desde aproximadamente 2014 hasta 2020, BitMEX no presentó ninguna denuncia. Según la información, BitMEX también hizo declaraciones falsas a un banco extranjero para abrir una cuenta que BitMEX podría “utilizar subrepticiamente para sus operaciones”, incluidas más de 100 millones de dólares en transferencias bancarias en dólares estadounidenses para respaldar las actividades comerciales de BitMEX. Cuatro altos ejecutivos de BitMEX también han sido acusados .
- En septiembre de 2024, el Departamento de Justicia anunció cargos contra ciudadanos rusos por presuntos delitos cibernéticos y lavado de dinero basado en criptomonedas. Sergey Sergeevich Ivanov, conocido en línea como Taleon, fue acusado de un cargo de conspiración para cometer fraude bancario y un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. Ivanov presuntamente operaba servicios de lavado de dinero que facilitaban más de $ 1.15 mil millones en transacciones durante casi dos décadas, atendiendo a ciberdelincuentes. Estos servicios permitían procesar fondos de pagos de ransomware, esquemas de fraude y transacciones en la red oscura. Sus operaciones respaldaban sitios notorios de “carding” (la adquisición ilegal y el comercio de información de tarjetas de crédito y débito robadas con fines fraudulentos) como Rescator y Joker’s Stash. En la misma acusación formal, Timur Kamilevich Shakhmametov fue acusado de un cargo de conspiración para cometer fraude bancario, un cargo de conspiración para cometer fraude de dispositivos de acceso y un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero por su papel en la gestión de Joker’s Stash, uno de los mercados de tarjetas de crédito más grandes de la historia. Esta plataforma, que supuestamente facilitaba la venta de datos de tarjetas de pago robadas, procesaba millones de dólares al año y aceptaba criptomonedas como principal medio de pago. El Departamento de Justicia alegó que el uso de criptomonedas por parte de Shakhmametov permitió el rápido lavado de las ganancias obtenidas de las actividades de tarjetas de crédito, lo que facilitó a los ciberdelincuentes mover y ocultar sus ganancias a escala mundial.
Paralelamente, el Departamento de Justicia acusó a Cryptex, una plataforma de intercambio de criptomonedas con sede en Rusia, de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, al procesar más de mil millones de dólares en transacciones que facilitaron actividades ilícitas, incluidos fondos enviados a entidades sancionadas por Estados Unidos. Cryptex operaba sin implementar protocolos KYC, lo que permitía a los usuarios registrarse y realizar transacciones de forma anónima. Esta falta de cumplimiento permitió a personas de todo el mundo, incluidas las de Estados Unidos, utilizar la plataforma para actividades ilícitas. Al operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia que afectó a los sistemas financieros estadounidenses y violó las leyes estadounidenses, Cryptex quedó bajo la jurisdicción del Departamento de Justicia, lo que provocó acciones de cumplimiento que llevaron a la incautación de dominios asociados con Cryptex.net y Cryptex.one, así como sus servidores y ganancias, lo que interrumpió sus operaciones. Cryptex supuestamente facilitó más de 37.500 transacciones de bitcoin, valoradas en aproximadamente 1.400 millones de dólares en el momento en que se realizaron las transacciones, de las cuales el 31 por ciento se originó en direcciones vinculadas a conductas delictivas. Según el comunicado de prensa del Departamento de Justicia, estas transacciones a menudo se derivaron de ganancias de fraude y pagos de ransomware, y una parte significativa se dirigió a entidades sancionadas por Estados Unidos, lo que enfatiza el papel de Cryptex como centro para el lavado de activos criptográficos ilícitos.
FinCEN también emitió una ordenEl Departamento del Tesoro identificó a PM2BTC (una plataforma de intercambio de divisas virtuales asociada con Ivanov) como una “preocupación principal en materia de lavado de dinero” y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a Ivanov y Cryptex. Estas acciones de cumplimiento fueron parte de un esfuerzo coordinado que involucró al Departamento de Justicia, el Departamento de Estado (que ha emitido una recompensa de hasta 11 millones de dólares por información que conduzca al arresto y/o condena de Ivanov, Shakhmametov y otros involucrados en la operación de servicios de lavado de dinero) y autoridades extranjeras, incluidas las fuerzas de seguridad holandesas, Europol y la Agencia Nacional del Crimen del Reino Unido, entre otras.
Para mayor información contactar a:
Jeffrey Lehtman | Socio Miller & Chevalier | jlehtman@milchev.com
by Juan Manuel González | Ene 17, 2025 | Noticias
Bolivia avanza en la implementación de un mercado de bonos de carbono, conforme al Artículo 18 de la Ley N° 1613, aprobada el 1 de enero de 2025, que forma parte del Presupuesto General del Estado (PGE).
La sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia N° 0040/2024, emitida el 19 de junio de 2024, declaró inconstitucional la prohibición de emitir créditos o bonos de carbono establecida en el artículo 32.5 de la Ley N° 300 de la Madre Tierra, en virtud de los compromisos internacionales de Bolivia en la reducción de gases de efecto invernadero y la lucha contra el cambio climático. Este artículo restringía la mercantilización de la Madre Tierra mediante mecanismos financieros asociados a los mercados de carbono.
Ante este avance, el gobierno reconoce la necesidad de una reglamentación precisa y establece mecanismos institucionales para gestionar las transacciones de créditos de carbono en representación del Estado Plurinacional de Bolivia. A continuación, se presentan los puntos clave del Artículo 18 de la Ley del PGE:
- Facultades del Ministerio de Economía y Finanzas: el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas queda facultado para suscribir, administrar, negociar, transferir, garantizar y realizar ventas a futuro de Unidades de Reducción de Emisiones certificadas como Créditos o Bonos de Carbono, como también a realizar otras mejoras e innovaciones que potencien la transacción en interés de Bolivia, actuando en nombre del Estado. Estas operaciones podrán llevarse a cabo, o no, según las condiciones del mercado de carbono y las necesidades de financiamiento del Tesoro General de la Nación.
- Responsabilidad de las entidades públicas y privadas: las entidades involucradas en la emisión, certificación, validación y registro de las Unidades de Reducción de Emisiones serán responsables de las operaciones y del cumplimiento de las obligaciones relacionadas estas operaciones. De este punto resulta importante señalar que no se hace mención a que las entidades privadas puedan negociar, transferir, garantizar y realizar ventas a futuro de Unidades de Reducción de Emisiones, acciones que se le otorgan al Ministerio de Economía y Finanzas según el punto 1.
- Contratación de servicios de asesoría: el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas tiene la facultad de contratar directamente servicios de asesoría legal, financiera y otros servicios especializados, tanto nacionales como internacionales, para todas las operaciones vinculadas a la emisión de Bonos de Carbono. Los pagos por estos servicios estarán exentos del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE). Los costos derivados de estas operaciones serán cubiertos por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
Asimismo, la Ley del PGE establece que se emitirá la reglamentación correspondiente a través de un Decreto Supremo, que detallará los aspectos específicos de este artículo. Con esta medida, el gobierno boliviano contempla la participación del Estado en el mercado global de carbono.
Para mayor información contactar a:
Carla Arellano | Consejera Ferrere | carellano@ferrere.com