by Juan Manuel González | Jun 28, 2022 | Noticias
La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) firmó un compromiso dentro de la política de transparencia encarada por el Gobierno que tiene por objetivo evitar que proveedores y contratistas del Estado cuenten con recursos financieros provenientes del lavado de dinero o bienes y en general de cualquier actividad ilícita.
En prosecución a dichas investigaciones, se ha determinado la necesidad de avanzar en medidas preventivas desde el Estado, a fin de prevenir el lavado de dinero proveniente de actividades del crimen organizado, activando a su vez mecanismos anticorrupción en compras públicas. Para ello, en esta primera etapa se ha establecido “la política de integridad y compliance (cumplimiento) en el ámbito de las contrataciones y compras públicas”, aprobada por Resolución de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) Nº 2122/22, cuyo titular es el Abg. Pablo Fernando Seitz Ortiz.
Según lo que dispone el artículo 2° de la citada resolución, la DNCP se obliga a IMPULSAR la difusión e implementación de la integridad y compromiso en el ámbito de las compras públicas entre las Instituciones, Organismos, Municipalidades y demás Entes regidos por la Ley 2051/03 “De Contrataciones Públicas”; así como dentro del sector privado empresarial y la sociedad civil en general.
Sus principales puntos permitirán acciones para:
– La prevención y detección del uso de recursos financieros irregulares en la ejecución de contratos públicos, incluyendo todas las formas de blanqueo de capitales.
– El fomento de la implementación de programas de cumplimiento empresarial (compliance) y Buen Gobierno Corporativo
– La transparencia de la información.
– La prevención, detección y solución de modo efectivo de conflicto de intereses.
– El fomento de la competencia leal.
La DNCP ha participado en el año 2021 del Programa Falcone-Borsellino, en la capacitación en prevención y lucha contra la infiltración criminal en la contratación de obras públicas y servicios, y a la fecha se encuentra en curso la asistencia técnica del programa en dicha materia.
Antecedentes de la Resolución DNCP Nro. 2122/22
El programa Falcone-Borsellino integra una iniciativa de diplomacia legal y asistencia técnica en materia de justicia y seguridad, que fue concebido por la Dirección General de Mundialización y Asuntos Globales del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Italia. El Programa ha sido ejecutado en su etapa inicial por la Organización Internacional Ítalo-Latino Americana y abarcó a 22 países de América Latina y el Caribe.
La Ley N° 2051/2003 De Contrataciones Públicas crea la Unidad Central Normativa y Técnica (UCNT) y le otorga la facultad de dictar disposiciones administrativas para el adecuado cumplimiento de la Ley y de su Decreto Reglamentario. El artículo 1 de la Ley N°3439/2007 que entre otras cuestiones modifica el artículo 5 de la Ley N°2051/03 “De Contrataciones Públicas” y crea la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) en sustitución de la anterior Unidad Central Normativa y Técnica y establece la carta orgánica de la nueva institución.
La facultad de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) para dictar resoluciones, de conformidad con las Leyes N°2051/03 y 3439/07 y sus decretos reglamentarios y las normas de carácter general. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) a la que Paraguay está adherida por Ley N°2535/2005, y que llama a cada Estado Parte a promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir la corrupción en los sectores público y privado; incluyendo las necesarias para establecer sistemas apropiados de contratación o compra pública, basados en la transparencia, la competencia y criterios objetivos de adopción de decisiones.
Ante el entendimiento de que la contratación pública constituye una de las actividades de mayor riesgo de corrupción y de fraude en todo el mundo, se debe fortalecer la transparencia en los procedimientos de compra pública, a fin de promover y facilitar la integridad en todas las fases de la contratación, desde la preparación hasta la adjudicación, con especial hincapié en la etapa de ejecución contractual.
De este modo, se estaría evitando que la corrupción y el fraude terminen impactando de manera negativa en la economía de una nación y en sus políticas sociales, en la medida que desalientan a los ciudadanos en la participación en el proceso de transformación de las políticas públicas. Al igual que por los vínculos entre la corrupción y otras formas de delincuencia, en particular la delincuencia organizada y la delincuencia económica, incluido el blanqueo de dinero.
Fuente: Diario ABC Color
Para mayor información contactar a:
Carla Arellano | Consejera Ferrere | carellano@ferrere.com
by Juan Manuel González | Jun 17, 2022 | Noticias
El desarrollo y la adopción de la inteligencia artificial presentan una serie de desafíos, siendo en el ámbito laboral uno de los escenarios de mayor impacto por las variables e información a la que se puede tener acceso y que habilita a tomar decisiones de forma automatizada.
Por ello, con fecha 10 de junio de 2022, el Ministerio de Trabajo de España ha dado a conocer una “Guía práctica y herramienta sobre la obligación empresarial de información sobre el uso de los algoritmos en el ámbito laboral”, insumo a tener en cuenta por las organizaciones empresariales puesto que el modelo español siempre ha servido de base para la dictación del marco regulatorio en nuestro país. Más aún, cuando el documento es dictado con la finalidad de cumplir con las obligaciones que establece el Reglamento General de Protección de Datos española y la denominado “Ley Rider” (artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores).
“Cada vez es más habitual que las empresas usen algoritmos o sistemas de inteligencia artificial para tomar decisiones de forma automatizada que afectan a las personas trabajadoras en materia de contrataciones, determinación de horarios, evaluación de rendimiento, control de productividad, ascensos, despido, etc. Métodos que, en ocasiones, pueden ser desconocidos para las propias personas trabajadoras o candidatas a un puesto de trabajo, que pueden considerar que dichas decisiones son tomadas por personas humanas”.
Extracto Guía información algorítmica en el ámbito laboral
La guía contiene 20 preguntas al objeto de que sea respondida por la empresa, y esté a disposición de los trabajadores con la finalidad de conocer y comprender los efectos del uso de algoritmos, así como sistematizar un único documento las obligaciones y derechos existentes en materia de información algorítmica.
Así, se contienen preguntas como las siguientes:
- Qué tipo de tecnología utiliza el algoritmo.
- Quién lo ha suministrado y cómo ha sido modificado.
- Para qué decisiones se utiliza y en qué variables se basa.
- Si hay intervención de personas cualificadas en los procesos de decisión y en qué medida participan.
Se trata en consecuencia de un avance e insumo de información que permite, de manera preventiva, y desde una lógica del Compliance permitir analizar los impactos regulatorios del derecho comparado y de qué forma pudiesen incidir en nuestro país en un contexto de masificación de la inteligencia artificial.
Lo anterior, considerando aún más que, con fecha 22 de marzo del presente el Congreso remitió al Presidente de la República el texto aprobado del Proyecto de Ley que regula y sanciona los delitos informáticos (Boletín 12.192-25), el cual consagra una normativa que incorpora nuevos tipos penales que buscan resguardar la intromisión a los sistemas informáticos y el uso indebido de datos personales, siendo incluso aplicables a la persona jurídica.
En la misma línea, será necesario tener en consideración que el proyecto de ley de protección de datos personales (boletines refundidos N°11144-07 y N°11092-07), hoy en segundo trámite constitucional, sigue el modelo europeo en lo que respecta al derecho de oposición a valoraciones personales automatizadas. Esto significa que los empleadores deberán asegurar a los titulares–en este caso los trabajadores–, el derecho a obtener intervención humana en el tratamiento automatizado de sus datos (incluida la elaboración de perfiles laborales), a expresar su punto de vista y a solicitar la revisión de la decisión de que se trate.
Para obtener más información sobre estos temas pueden contactar a nuestros equipos Laboral – Compliance – IP, Tech and Data:
Francisca Franzani | Directora Grupo Compliance | ffranzani@az.cl
Jorge Arredondo | Socio | jarredondo@az.cl
Eugenio Gormáz | Socio | egormaz@az.cl
Natalia González | Asociada | ngonzalez@az.cl
Constanza Pasarin | Asociada | cpasarin@az.cl
by Juan Manuel González | Abr 4, 2022 | Noticias
Con ocasión de la expedición de la Ley 2195 de 2022, o nueva Ley de Transparencia, se ha extendido y ampliado en Colombia el régimen administrativo sancionatorio en contra de personas jurídicas por la comisión de delitos en contextos organizacionales.
Anteriormente, este régimen estaba circunscrito a la comisión de un solo delito (el cohecho por dar u ofrecer) por parte de los administradores o representantes legales de una sociedad comercial o sucursal de sociedad extranjera. Actualmente, hubo una ampliación tanto del aspecto objetivo (los delitos por los cuales pueden proceder las sanciones administrativas en contra de las personas jurídicas), como subjetivo (las personas naturales que pueden activar las sanciones a través de sus delitos y las personas jurídicas que pueden ser sancionadas).
En relación con lo primero, se pasó del cohecho por dar u ofrecer a incluir en este catálogo a todos los delitos contra la administración pública (aunque técnicamente no todos los delitos de esta naturaleza puedan ser cometidos por administradores de empresas privadas), los delitos contra el medio ambiente (recientemente reformados), los delitos contra el orden económico y social (donde se incluye el contrabando, el fraude aduanero, el lavado de activos, entre otros), y algunos delitos relacionados con la financiación del terrorismo y la administración de bienes relacionados con organizaciones criminales. De esta manera, se amplió el catálogo de delitos, siendo posible sostener que se evolucionó de un “régimen sancionatorio por actos de corrupción” a un “régimen sancionatorio por actos delictivos”.
Respecto de lo segundo, mientras que antes solo el acto delictivo de un administrador o representante legal activaba la competencia de la Superintendencia de Sociedades para sancionar a la persona jurídica, ahora esto también se extiende a los “funcionarios”, palabra problemática que podría entenderse incluye a cualquier empleado de la organización.
Así mismo, ahora no solo podrán ser sancionadas las sociedades comerciales y las sucursales de sociedad extranjera, sino también las empresas industriales y comerciales del Estado, las entidades sin ánimo de lucro y, de forma antitécnica, también se menciona en la nueva ley a las personas jurídicas que integren consorcios o uniones temporales, las cuales se encuadrarían en cualquiera de las anteriores categorías.
No se debe perder de vista que todas estas modificaciones tienen profundas incidencias en todas las empresas del país, puesto que las sanciones que ahora las diversas superintendencias u órganos de supervisión podrán imponer por estos asuntos no son menores: multas de hasta 200.000 SMLMV más el mayor valor entre el beneficio obtenido o pretendido; inhabilidad para contratar con el Estado de forma permanente; prohibición de recibir incentivos o subsidios del Estado hasta por 10 años; publicación de la sanción en medios de comunicación hasta por un año; y/o remoción de administradores o empleados, todo lo cual se registra en las Cámaras de Comercio.
De esta manera, vuelve al centro de las necesidades de las empresas la implementación de verdaderos programas de cumplimiento que permitan la efectiva prevención de delitos en sus organizaciones y que, en un proceso sancionatorio, permitan desacreditar el cumplimiento de los requisitos que estructuran esta responsabilidad administrativa, a saber, que la compañía no se benefició o buscó beneficiarse del delito y que no toleró ni consistió la comisión de este.
Para obtener más información pueden contactar a:
Oscar Tutasaura | Socio Posse Herrera Ruiz | oscar.tutasaura@phrlegal.com
by Juan Manuel González | Abr 1, 2022 | Opinión
La tendencia del mercado de profesionales de sectores legales es que cada vez con mayor frecuencia que ocupan el cargo de Compliance Officer (“CO”), desarrollando tareas tanto en empresas de origen argentino como las que se instalan y tienen sus bases de operaciones en el exterior. Así, hay un aumento en los requerimientos a los perfiles que estos profesionales deben cumplir, que incluyen diversas habilidades que, por lo general, necesitan estar relacionadas con prevención y detección de la corrupción y fraude, defensa de la competencia, protección de los datos personales y temáticas relacionadas, regulaciones, lavado de dinero, y últimamente también temas como los derechos humanos, medioambiente y el cumplimiento de metas de un desarrollo económico sostenible en general, tanto dentro de la empresa como en su cadena de valor.
Con este panorama nos encontramos con algunas inquietudes que pueden resumirse en 4 puntos:
· ¿Cuál es el rol del CO y quién lo asume?
· ¿Qué grado y tipo de responsabilidad debe asumir el CO?
· ¿Cuándo es responsable penalmente?
· ¿Qué rol tiene el órgano de administración y la gobernanza de una empresa?
El oficial de cumplimiento o rol similar dentro de las organizaciones tienen un rol cada vez más importante. De allí surge el debate sobre la responsabilidad penal del CO cuando esa persona omite cumplir con sus deberes de control y vigilancia. En algunos países ya existe jurisprudencia que le asigna al CO la posición de garante para estos casos. Esto puede ser razonable cuando el CO forma parte del órgano de administración ya que en esta posición tiene responsabilidades personales e indelegables de obrar con lealtad y diligencia de un buen hombre de negocio, asignadas por la ley de sociedades comerciales.
En este contexto aparece la importancia de la independencia y autonomía que requiere la función de Compliance para poder levantar dilemas e incumplimientos y hasta formular denuncias contra algún integrante del órgano de administración.
Un programa eficiente requiere que se limiten las responsabilidades del CO y se aclare su rol y funciones. Aplicando una mirada más abarcadora, las responsabilidades por el Compliance se deben distribuir de manera equilibrada entre varias personas dentro de una empresa, con un claro rol de liderazgo de la alta dirección. Este equilibrio se puede lograr con sistemas de gestión como los que presentan las normas ISO y/o con una mayor autorregulación de la empresa y de su órgano de administración siguiendo las reglas del gobierno corporativo. Lo último conlleva múltiples ventajas adicionales sobre todo en contextos y en países con poco o débil enforcement de la ley.
Para mayor información contactar a:
Gustavo Papeschi | Socio Beccar Varela | gpapeschi@beccarvarela.com
by Juan Manuel González | Abr 1, 2022 | Noticias
El pasado diciembre de 2021 el ministro de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, Iván Lima Magne, pasó a exponer que durante marzo de 2022 se llevara a cabo la reforma judicial en base al anuncio que habría realizado el presidente, Luis Arce Catacora, en un informe ante organismos internacionales.
El ministro señaló el compromiso que se tiene con el pueblo de realizar una reforma judicial que sea objetiva.
Después de las recomendaciones de organismos internacionales, el ministro Lima oficializó que durante este año se realizará la Cumbre Judicial, en base a las recomendaciones realizadas al Gobierno Boliviano por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) y del Comité Contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés).
Asimismo, el Ministro Lima mencionó que se sumará al debate el diagnóstico realizado en los encuentros departamentales de socialización de los seis ejes de la reforma y los lineamientos establecidos en la cumbre de 2017.
Los ejes propuestos por el Ministerio de Justicia para la reforma son: balanceo del conflicto (distribución uniforme y estratégica de jueces en el país), acceso a la justicia, independencia judicial, tecnologías de la información y comunicación, desarrollo normativo y transparencia institucional.
Para mayor información contactar a:
Carla Arellano | Consejera Ferrere | carellano@ferrere.com