Los representantes de la SEPRELAD en conjunto con la representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (“PNUD”) en Paraguay se encuentran analizando oportunidades de cooperación en la lucha contra el lavado de activos y el crimen organizado.
La comitiva de la SEPRELAD, estuvo integrada por el ministro René Fernández Bobadilla y el director general de Relaciones Públicas e Internacionales, José Armoa. En tanto por el PNUD participaron la Representante Residente del PNUD en Paraguay, Silvia Morimoto, el coordinador de Proyectos de Gobernabilidad, Víctor Vidal y, la Oficial de Programa de la Cartera Gobernabilidad, Veronique Gerad.
Bolivia debe someterse, después de nueve años, a una evaluación, la cual es dirigida por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), este año es la cuarta ronda de Evaluación Mutua.
La Asociación de Bancos Privados de Bolivia (ASOBAN) organizó una conferencia magistral dirigida a Alta Gerencia, el «Rol de Directivos y Alta Gerencia en el Marco de la Preparación para la 4ª Ronda de Evaluación Mutua – GAFILAT».
Alejandra Quevedo, experta internacional, consultora en integridad financiera del Banco Mundial y otros organismos, expuso los conceptos centrales, los procedimientos y la metodología que se utilizan en cada evaluación mutua para verificar el grado de avance en la implementación y cumplimiento de las 40 Recomendaciones de la GAFI.
La experta señaló que las evaluaciones mutuas se realizan entre pares, es decir los países miembros del GAFILAT nombran a expertos evaluadores que toman como punto de partida los riesgos de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT) y el contexto de cada país. La evaluación mutua se concentra en la evaluación de cumplimiento técnico, es decir, se analiza que el ordenamiento jurídico nacional esté adecuado a lo que establecen los Estándares Internacionales en materia de lucha contra el LA, FT y financiamiento de la proliferación (FP), establecidos en los Estándares del GAFI, así como el aparato institucional requerido para la implementación de estas medidas.
El 5 de octubre de 2022 entró en vigencia la Resolución SDCU Nº 1502/2022 (la “Resolución”) a través de la cual la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (“SEDECO”) reglamenta los artículos 6, 9 y 20 de la Ley 6.534/20 “De Protección de Datos Personales Crediticios” (la “Ley de Protección de Datos”), aprueba el “Procedimiento para la tramitación de denuncias de consumidores y usuarios finales” y crea un “Registro Nacional de Denuncias, Inspecciones y de Infractores”.
A continuación, un breve resumen de las nuevas disposiciones:
1. Consentimiento informado
La Resolución establece que el consentimiento informado otorgado por el consumidor final a un proveedor, en los términos del artículo 6 de la Ley de Protección de Datos, sólo es aplicable al proveedor que lo obtuvo de manera directa.
Tampoco podría entenderse otorgado de forma implícita a otros proveedores, quienes no formaron parte de la autorización directa.
2. Derecho al olvido de datos crediticios
La Resolución establece que el plazo máximo de 5 (cinco) años para la conservación de datos personales crediticios, establecido en la Ley de Protección de Datos, debe computarse desde la fecha de incumplimiento de la obligación, salvo las excepciones previstas en la norma legal.
3. Denuncias por incumplimientos de la Ley de Protección de Datos
La SEDECO, como autoridad de control podrá iniciar las investigaciones de presuntas infracciones a partir de denuncias recibidas o, de oficio.
A efectos de recibir las denuncias, la SEDECO habilitará en su página web oficial un módulo específico para denuncias relacionadas con incumplimientos de la Ley de Protección de Datos, donde los consumidores y usuarios podrán interponer sus denuncias, indicando datos como: (i) Nombre y apellido; (ii) Tipo y número de documento; (iii) Identificación y RUC del proveedor; (iv) Domicilio del proveedor; (v) Breve relato de la denuncia; (vi) Solución esperada – petitorio; (vii) Documentación probatoria.
La Resolución aprueba el procedimiento para la tramitación de denuncias en el marco de la Ley de Protección de Datos.
4. Registro nacional de denuncias, inspecciones y de infractores
La Resolución establece la creación de los siguientes registros:
Registro Nacional de Denuncias;
Registro Nacional de Inspecciones; y,
Registro Nacional de Infractores.
Estos registros son creados con fines estadísticos y, a efectos de verificar casos de reincidencia.
Contar con un Programa de Cumplimiento forma parte de un conjunto de acciones tendientes a posicionarse dentro de los estándares internacionales fijados por entidades de primer nivel, las cuales destinan gran parte de su presupuesto a desarrollar sistemas modernos y eficaces de gobernanza corporativa.
Aunque la normativa uruguaya aún no requiera un Programa de Cumplimiento para la generalidad del sector privado, resulta de vital importancia contar con buenas prácticas corporativas documentadas en instrumentos de divulgación a los colaboradores. Recientemente, han cobrado un claro protagonismo los “criterios ESG” (“Environmental, Social and Governance”) que refieren a factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo que se tienen en cuenta a la hora de invertir en una empresa o proyecto, los cuales son el centro de atención de los financiadores en la actualidad y en las proyecciones de negocios a largo plazo.
Estos instrumentos permiten preparar y capacitar a empleados, profesionales, socios y otros sujetos intervinientes, mediante políticas internas y procedimientos que impulsen el cumplimiento de las normas y regulaciones relacionadas con el giro del negocio y las buenas prácticas de mercado. Lo anterior hace al buen manejo del gobierno corporativo y a la eficacia en la gestión de riesgos, facilitando la apertura al comercio y a las oportunidades de negocio y financiamiento.
La divulgación de un Programa de Cumplimiento con políticas escritas permite informar y obligar a todos los colaboradores sobre la normativa estatal e interna aplicable al rubro, así como los lineamientos y objetivos fijados desde la alta gerencia, generando medidas para controlar su cumplimiento y preparando a la compañía ante eventuales auditorías y/o fiscalizaciones, así como para identificar y mitigar riesgos internos de la organización. Cabe mencionar, que las entidades públicas o privadas de reconocimiento nacional e internacional suelen solicitarles este tipo de políticas a sus eventuales socios, clientes y proveedores, a fin de controlar que los mismos cuentan con buenas prácticas de gobernanza corporativa, exigencia que muchas veces forma parte de las políticas propias de dichas entidades.
En especial, los códigos de ética y/o conducta, así como las políticas de anti-corrupción y de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, entre otros, contribuyen a crear una cultura empresarial que permite que todos sus destinatarios conozcan el alcance de sus funciones, las consecuencias de sus actos, y por consiguiente, sus sanciones. Si bien se deberían aplicar para toda la organización, es especialmente relevante obtener el conocimiento y adhesión por parte de las áreas más expuestas a riesgos de este estilo (compras-ventas, licitaciones públicas, recursos humanos, entre muchas otras resultantes de un adecuado análisis de riesgo).
Por Lucía Rodríguez Wikman | Abogada | C.I.E.M.S.A.
La asociada del grupo #azCompliance, Florencia Fuentealba, participó como expositora del seminario “El que se ocupa gana: ESG y el impacto real de la empresa”, organizado por CEDIS, Centro para el Desarrollo de Iniciativas Sociales – ESE Business School.
Durante su presentación mencionó las cinco razones para incorporar una estrategia de #ESG al negocio de las #empresas.
