by Juan Manuel González | Jun 6, 2022 | Noticias
Los programas de compliance son iniciativas que buscan evitar que se cometan ilícitos o conductas infractoras de la ley, lo que se conoce como corrupción, por parte de los integrantes de una organización, que podrían complicar el desenvolvimiento de una empresa. Y en San Juan ya hay entidades que aplican el sistema, según reconocen, por ejemplo, desde la Unión Industrial. “Se trata de un fenómeno que avanza y que venimos impulsando desde nuestra corporación”, dijo Ricardo Palacios, que lidera la filial local de la UIA.
Y quienes están mejor preparados en la materia son los profesionales en Ciencias Económicas, según explica Osvaldo Rebollo (Mat. 1065), prosecretario de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE). “Los programas de compliance, que significa actuar de acuerdo a la legalidad, comprenden un conjunto de estructuras organizativas diseñadas por la propia entidad, sistemáticamente organizadas e implementadas para asegurar el cumplimiento eficaz de las normas”, expresó Rebollo. Y agregó que “se trata de cumplir objetivos de prevención, es decir, evitar que se cometan conductas infractoras de la ley. Y aún cuando los ilícitos fueran igualmente cometidos, le permite a la entidad disponer de herramientas para lograr la identificación de los autores materiales involucrados, para luego ser comunicados ante las autoridades de aplicación, dando lugar a una instancia de colaboración conjunta entre el sector privado y el sector público y cuyo objetivo fundamental es perseguir y castigar aquellas actitudes que causan lesiones a los bienes que resultan valiosos para la sociedad”.
Entre las entidades asociadas a la Unión Industrial de San Juan que aplican programas de compliance se encuentran, por ejemplo, la minera Barrick, el Banco San Juan y la fábrica de tomate La Campagnola.
Palacios dio el ejemplo de que en el futuro, para participar en una licitación, van a tener más puntaje y por ende más chance de quedarse con un contrato las empresas que tengan programas para evitar la corrupción.
Desde la Federación Económica, Dino Minnozzi sostuvo que “trabajar contra la corrupción es interesante y lo que decimos es que este tipo de conductas se evitan con transparencia”.
Julián Rins, desde la Cámara de la Construcción, advirtió que “para poner en marcha estos programas hay que tener en cuenta que en San Juan las escalas de los negocios no permiten tener estos saltos de calidad institucional y empresaria. Son iniciativas muy buenas, pero que por ahí no son acordes a los volúmenes de los negocios que se manejan y que hacen de difícil aplicación estos sistemas, como sucede en el sector de las pymes”. De todos modos dijo que firmas adheridas a la cámara cuentan con estos sistemas porque incluso se los solicitan las mineras a la hora de participar en una licitación.
Para el fomento de estas iniciativas, los profesionales en ciencias económicas están desarrollando herramientas de formación con alcance federal sobre la evolución de las nuevas tendencias de la disciplina del compliance, fomentando espacios técnicos de trabajo y promoviendo la participación activa de los consejos de cada provincia a fin de contar con cada vez más profesionales preparados en esta especialidad e impulsar la transparencia en el ámbito empresario.
Las funciones del sistema
-Prevención: Establecer mecanismos de vigilancia y control que permitan prevenir y detectar incidentes de corrupción. Se incluyen medidas que permitan consolidar una cultura de cumplimiento (normalmente a través de ciclos de formación y campañas de sensibilización internas).
-Recopilación: Reunir la información relevante de compliance (incidentes, por ejemplo) en cada una de las áreas o bloques normativos que afectan a la empresa. E informar periódicamente a la máxima dirección de los aspectos críticos previamente recopilados y analizados, proponiendo y ejecutando las acciones de mejora que sean aprobadas.
-Optimizar las políticas: Se trata de mejorar los procedimientos y controles de compliance, de forma que se eviten tanto lagunas como duplicidades, tratando de conseguir los objetivos de cumplimiento de varios bloques normativos al mismo tiempo (eficiencia).
-Integrar las políticas: Ordenar los procedimientos y controles y aprovechar las normas que recopilan buenas prácticas internacionales al respecto, de modo que puedan adoptarse medidas organizativas adecuadas para que la función de compliance desarrolle su cometido.
Fuente: Diario de Cuyo
Para mayor información puede contactar a:
Gustavo Papeschi, Socio de Beccar Varela – gpapeschi@beccarvarela.com
by Juan Manuel González | May 23, 2022 | Noticias
En 2017, el Gobierno brasileño formalizó su solicitud de acceso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (“OCDE”), buscando promover el desarrollo económico y atraer inversiones extranjeras al país. Posteriormente, en enero de 2022, la OCDE envió la carta de invitación para incorporarse a la entidad a Brasil, iniciando así el proceso de potencial adhesión del país a este organismo. Sin embargo, la entrada de Brasil en la OCDE no es segura y el tema de la lucha contra la corrupción se muestra central en la evaluación de las organizaciones internacionales.
El 9 de marzo de 2022, Transparencia Internacional (“TI”), una organización anticorrupción sin fines de lucro que opera en más de 100 países, denunció los retrocesos en la lucha contra la corrupción en Brasil, enviando el Informe a la OECD Anti-Bribery Working Grupo “Brasil: Retrocesos en los Marcos Legales e Institucionales Anticorrupción” (“Informe”). El Informe complementa denuncias anteriores realizadas por TI en los últimos 2 años, así como proporciona evidencia sobre la pérdida de independencia y el aumento de la injerencia política del Gobierno Federal de Brasil en los órganos anticorrupción, como la Fiscalía General, la Policía Federal, Consejo de Control de Actividades Financieras – COAF, entre otros.
El Informe también señala retrocesos en el marco regulatorio e institucional para combatir la corrupción en Brasil y hace recomendaciones dirigidas tanto a la OCDE como a las autoridades brasileñas, con el objetivo de revertir este escenario. El Informe surge a raíz de la creación por parte de la OCDE, en marzo de 2021, de un grupo de seguimiento permanente sobre el tema en Brasil, una medida hasta ahora inédita.
Consultado por BBC News Brasil cuando se creó el grupo permanente si las actuales prácticas brasileñas anticorrupción estarían en línea con los parámetros de la OCDE, Drago Kos, jefe del Grupo de Trabajo Antisoborno de la entidad, dijo lo siguiente: “Si hubiera hecho esta pregunta hace unos años, mi respuesta habría sido un rotundo ‘sí’. Hoy simplemente no sé: si bien la Operación Lava Jato nos dio información tan positiva sobre la capacidad de Brasil para combatir la corrupción nacional e internacional, hoy parece que algunos de los procesos iniciados en 2014 están retrocediendo”.
Si bien la membresía es una voluntad y una prioridad del actual Gobierno brasileño, el ingreso a la OCDE puede verse amenazado por el incumplimiento de los parámetros mínimos de ingreso. En esa línea, el Informe advierte que, en 2022, Brasil será instado a cumplir con los compromisos anticorrupción y enfrentará las consecuencias derivadas del incumplimiento, ya que deberá pasar por tres procesos formales de revisión: (i) verificación de la implementación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción; (ii) la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI); y (iii) el Monitoreo Antisoborno de la OCDE.
En palabras de Bruno Brandão, director ejecutivo de TI: “(…) Brasil puede revertir estos graves retrocesos en la lucha contra la corrupción y en la defensa del medio ambiente, ya que solo recientemente fue reconocido como un ejemplo de progreso en estos dos zonas. . Estos son temas prioritarios para la comunidad internacional, a los que el país debe prestar mucha atención en sus objetivos de inserción global”.
En respuesta a la situación denunciada anteriormente, el Gobierno Federal se expresó a través del Oficio de la Casa Civil, informando que Brasil estaba adoptando varias medidas para fortalecer y mejorar la lucha contra la corrupción y mencionó, a modo de ejemplo, el Plan Anticorrupción. 2020-2025, que prioriza 142 acciones en áreas como lucha contra el lavado de dinero, control interno, ética pública, gestión y gobierno, integridad, medidas tributarias, prevención de conflicto de interés, recuperación de activos, rendición de cuentas de personas físicas y jurídicas, y transparencia y control social, entre otros.
Finalmente, el Gobierno brasileño reforzó que está comprometido con el proceso de ingreso a la OCDE y que es el país no miembro que más se adhiere a los instrumentos de la entidad, habiéndose adherido a 99 de los 245 instrumentos -lo que representa un crecimiento del 50% en ambos primeros años de gobierno.
Esperemos las escenas de los próximos capítulos, esperando que este sesgo negativo que dio origen a los movimientos de la OCDE y TI, sea revertido con acciones concretas no solo del Gobierno Federal, sino también de todos los demás miembros del poder ejecutivo, legislativo y ramas judiciales. Si el escenario actual no se revierte, existen posibilidades reales de que el “sueño” de Brasil de ingresar a las filas de la OCDE se frustre, por cierto, merecidamente.
Para mayor información contactar a:
Eloy Rizzo | Socio Demarest en el área de Compliance e Investigaciones | erizzo@demarest.com.br
Cláudia Massaia | Abogada Senior Demarest en el área de Compliance e Investigaciones | cmassaia@demarest.com.br
Victória Molina | Abogada Junior Demarest en el área de Compliance e Investigaciones | vmolina@demarest.com.br
by Juan Manuel González | Abr 1, 2022 | Noticias
El Informe Sombra a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (“CNUCC”) publicado por la Organización No Gubernamental “Semillas para la Democracia” hacia fines de 2021 destacó importantes avances en materia de legislación y elaboración de políticas públicas anticorrupción por el Estado paraguayo entre los años 2018 y 2021.
Así, el informe consideró que Paraguay se encuentra indefectiblemente en un proceso de afianzamiento de políticas de gestión pública que realmente abiertas y de utilidad para la ciudadanía, señalándose como aspectos positivos:
- La adecuación normativa relacionada con la promoción de tecnologías para la lucha contra la corrupción mediante el desarrollo de planes de acción de gobierno abierto, con la participación del Estado, la sociedad civil y el sector privado.
- La adopción de una política de open contracting por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), al dar cuenta su portal de la adopción de dicho estándar para la publicación de datos, poniendo a disposición de los interesados una serie de datos relacionados a proveedores del Estado y los respectivos montos de adjudicación en contratos públicos, permitiendo un control ciudadano más eficaz.
- La promulgación en el año 2019 del paquete de 10 leyes en el marco de la estrategia del gobierno para aprobar las evaluaciones del cumplimiento de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con lo que legislativamente se cumplió con varios de los mandatos del Capítulo V de la CNUCC; y
- La existencia de avances importantes con las últimas modificaciones incorporadas a la Ley de Financiamiento Político, al constituir la nueva legislación un desafío en términos de políticas públicas para fortalecer a los partidos políticos, reducir las asimetrías y evitar el ingreso de dinero de origen ilícito en los procesos electorales.
Para mayor información contactar a:
Carla Arellano | Consejera Ferrere | carellano@ferrere.com