by Juan Manuel González | Jul 5, 2023 | Noticias
En la actualidad, el respeto por los derechos humanos en los negocios se ha convertido en un tema de creciente importancia en todo el mundo y ya forma parte del núcleo central de la actividad empresarial que debe alinearse a principios de estándares ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). El cumplimiento normativo juega un papel fundamental en la protección de los derechos humanos y en la promoción de prácticas empresariales éticas. Este artículo se centra en analizar la relevancia del compliance en América Latina y Estados Unidos y su relación con los Derechos Humanos.
El cumplimiento normativo en las empresas no solo se refiere al cumplimiento de leyes y regulaciones, sino también al respeto y promoción de los Derechos Humanos. Las empresas tienen la responsabilidad de de realizar una debida diligencia para evitar que sus operaciones no contribuyan a violaciones de los derechos fundamentales, tanto dentro de sus propias instalaciones como en su cadena de suministros. Esto implica adoptar medidas para prevenir y abordar casos de discriminación, trabajo forzado y explotación infantil, entre otros.
En América Latina, la relación entre compliance y derechos humanos presenta desafíos particulares. La región se caracteriza por la presencia de rubros industriales que presentan mayores riesgos tanto relacionados a la corrupción como a los Derechos Humanos. Estos riesgos existen en las industrias extractivas, que incluyen la minería y el petróleo, y que a menudo están asociadas con impactos negativos en las comunidades locales y el medio ambiente o la agricultura que presenta una mayor presencia de trabajo informal o infantil En este contexto, el compliance adquiere un papel crucial para asegurar que las empresas cumplan con las normativas ambientales y sociales, y respeten los derechos de las comunidades vecinas, en atención a las múltiples consideraciones que internacionalmente se han adoptado por diversos países.
Hay ciertos factores que han contribuido al incremento en la importancia de este tema. Varios países latinoamericanos han promulgado leyes y regulaciones más estrictas para fomentar el cumplimiento normativo con impactos positivos en la promoción y respeto de los Derechos Humanos, por ejemplo, en defensa del medio ambiente, salarios dignos y la protección de las infancias. En este mismo contexto, la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales han contribuido en la vigilancia y denuncia de las prácticas empresariales irresponsables, poniendo el foco así por un mayor compromiso con los Derechos Humanos.
“En Chile, la promoción de los Derechos Humanos en el contexto empresarial se ha reforzado a propósito del trabajo que distintas industrias han realizado para alcanzar el cumplimiento de internacionales. Esto no solo ha significado un compromiso ético con la promoción de los Derechos Humanos, sino también una mejora en la reputación y sostenibilidad de las empresas”, explica Jaime Viveros, asociado de la firma AZ de Chile.
Alineados a estas tendencias, cada vez más países convirtieron en ley los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, la debida diligencia en materia de derechos humanos (DDDH) y responsabilizan a las empresas, que infringen con su actividad derechos humanos en el extranjero. En este contexto se puede nombrar a Francia con su “loi sur le devoir de vigilance” o Alemania con su reciente ley de debida diligencia en cadena de valor “LkSG”. La Unión Europea tiene a su vez su proyecto de una Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad, que va a unificar los estándares de todos los países miembros en materia de DDHH y medio ambiente y va a exigir globalmente a los proveedores de empresas europeas, incluyendo los de Latinoamérica y EEUU, de cumplir con las nuevas exigencias legales.
En los Estados Unidos, el compliance en materia de Derechos Humanos ha ganado prominencia en los últimos años, promoviendo su aplicación en otras jurisdicciones. En efecto, la Ley de Protección de los Derechos Humanos en el Extranjero y la Ley de Transparencia en Cadena de Suministro exigen que las empresas informen sobre sus medidas para prevenir la trata de personas y el trabajo forzado. Otra importante Ley en materia de restricción de importaciones es la Ley de Prevención del Trabajo Forzoso Uighur (UFLPA, por sus siglas en ingles), la cual se encuentra vigente desde 2022 y prohíbe la importación de bienes extraídos, producidos, fabricados total o parcialmente en la República Popular de China, especialmente en la Región Autónoma de Xinjiang o por cualquier otra entidad dentro de la Lista UFLPA. Estas regulaciones buscan aumentar la rendición de cuentas y garantizar que las empresas operen de manera ética en el extranjero de la misma forma que en su propio territorio.
Sin embargo, existen desafíos en la implementación efectiva de estas leyes y en la supervisión de las prácticas empresariales, pues la globalización y la complejidad de las cadenas de suministro dificultan la identificación y erradicación de las prácticas atentatorias contra los Derechos Humanos. En este sentido, es fundamental fortalecer los mecanismos de cumplimiento y promover la colaboración entre el sector privado, el gobierno y la sociedad civil para abordar estos desafíos.
Desde la perspectiva empresarial, aunque la debida diligencia en materia de Derechos Humanos tiene muchas similitudes a la debida diligencia tradicional de los programas de cumplimiento empresarial, hay algunas diferencias importantes a considerar. Las principales diferencias son: (i) la necesidad de analizar los riesgos desde la perspectiva de los titulares de los derechos (e.g., las personas afectadas por los impactos negativos) y no solamente desde las perspectiva de los riegos de la empresa; y (ii) el poner un mayor énfasis en el compromiso con los stakeholders y la transparencia, siendo la expectativa que la empresa deba compartir información a un abanico más amplio de interesados (e.g., empleados, miembros de la comunidad), deba buscar sus comentarios y reacciones y reportar públicamente los esfuerzos realizados.
El compliance normativo y la protección de los Derechos Humanos son aspectos interdependientes que deben abordarse de manera conjunta en América Latina, Estados Unidos y en todo el mundo. Solo a través de un enfoque integral y comprometido podemos garantizar que las empresas actúen de manera ética, respeten y promuevan con integridad las garantías fundamentales de las personas en todas sus actividades empresariales.
by Juan Manuel González | May 31, 2023 | Noticias
En este artículo, examinaremos la realidad del cumplimiento tributario en países como Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador, Centroamérica, México y Estados Unidos, y las medidas que se han adoptado para abordar el tema.
El cumplimiento tributario es un tema crítico en todos los países del mundo. Los impuestos son una fuente de ingresos vital para los gobiernos, y el incumplimiento de las obligaciones tributarias puede tener graves consecuencias, tanto para los individuos como para las empresas. En los últimos años, muchos países de América Latina han implementado medidas para mejorar el cumplimiento tributario y reducir la evasión fiscal.
Además de ser un elemento fundamental para la administración de cualquier país, es un requisito legal y ético fundamental para cualquier empresa porque tienen la responsabilidad de cumplir con sus obligaciones fiscales y pagar los impuestos correspondientes de cada jurisdicción. La falta de cumplimiento tributario puede tener graves consecuencias para una empresa, incluyendo multas, sanciones, litigios y daños a su reputación. La falta de cumplimiento tributario puede afectar la estabilidad financiera y la sostenibilidad de cualquier compañía.
En la Argentina, el cumplimiento tributario ha sido un tema crítico para las empresas durante décadas. La evasión fiscal y la falta de cumplimiento de las obligaciones fiscales son problemas persistentes que afectan negativamente la economía del país. Sin embargo, en los últimos años, muchas empresas argentinas han adoptado medidas para mejorar su compliance tributario y reducir el riesgo de incumplimiento. Una de las principales medidas que han tomado las organizaciones es la implementación de sistemas de gestión de cumplimiento tributario que posibilita monitorear y gestionar sus obligaciones fiscales de manera más efectiva, y reducir el riesgo de errores y omisiones.
Chile, por su parte, tiene un sistema tributario complejo que requiere un alto nivel de cumplimiento por parte de las empresas. Además, la administración tributaria chilena es muy activa en la identificación y sanción de empresas que no cumplen con sus obligaciones fiscales. Otro aspecto importante del cumplimiento tributario en Chile es la cooperación con las autoridades fiscales. Muchas empresas han establecido relaciones más estrechas con la administración tributaria y han implementado medidas para garantizar la transparencia y la exactitud en sus declaraciones de impuestos.
En Uruguay, Paraguay y Bolivia, el cumplimiento tributario también es un tema crítico para las empresas. Aunque los sistemas tributarios de estos países pueden ser menos complejos que los de Argentina y Chile, el cumplimiento de las obligaciones fiscales sigue siendo fundamental para el buen funcionamiento de las empresas. En los últimos años, se ha puesto mayor énfasis en la fiscalización y en la identificación de empresas que no cumplen con sus obligaciones tributarias.
Los sistemas tributarios de Perú, Colombia y Ecuador son complejos y las administraciones tributarias son muy activas en la fiscalización y sanción de compañías que no cumplen con sus obligaciones fiscales. Es común para las tres jurisdicciones que empresas que operan allí deban invertir en programas de capacitación para sus empleados y en sistemas de gestión de compliance tributario para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones y reducir el riesgo de sanciones y multas.
El estado del compliance tributario en Centroamérica varía de país en país, pero en general, el cumplimiento tributario es un tema crítico para las empresas de la región. Los sistemas tributarios en Centroamérica son complejos y las administraciones tributarias son muy activas en la fiscalización y penalización.
En países como Costa Rica y Panamá, las empresas tienen la obligación de presentar declaraciones de impuestos y pagar impuestos sobre la renta, el valor agregado y las contribuciones a la seguridad social. Además, las compañías deben cumplir con ciertos requisitos de información y documentación, y las administraciones tributarias han implementado medidas para mejorar la fiscalización y sancionar a las empresas que no cumplen con sus obligaciones fiscales. Es importante tener en cuenta que los acuerdos internacionales de intercambio de información fiscal y la cooperación entre las administraciones tributarias de diferentes países son cada vez más frecuentes en la región, lo que aumenta la necesidad de un cumplimiento tributario riguroso.
En México, la Administración Tributaria mexicana (SAT) es conocida por ser rigurosa en la fiscalización de empresas y personas físicas, y ha implementado en los últimos años diversas medidas para mejorar el cumplimiento tributario, como la facturación electrónica y la contabilidad electrónica. La implementación del Código Fiscal de la Federación en 2020 y la nueva Ley de Extinción de Dominio han fortalecido aún más el marco legal y los mecanismos de sanción en materia fiscal. Las empresas mexicanas deben prestar atención a sus obligaciones fiscales y adoptar medidas para garantizar el cumplimiento, reducir el riesgo de sanciones y multas, y mejorar su reputación empresarial.
Por su parte, en Estados Unidos, el Internal Revenue Service (IRS), la agencia tributaria estadounidense, es muy activa en la fiscalización y sanción de empresas que no cumplen con sus obligaciones fiscales, especialmente en lo que se refiere a impuestos federales y estatales. Las empresas deben presentar declaraciones de impuestos y pagar impuestos sobre la renta, el empleo, la propiedad y las ventas, entre otros, y de igual manera deben cumplir con ciertos requisitos de información y documentación, como la presentación de formularios W-2 y 1099. La Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras (FATCA) y la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas en el Extranjero (FBAR) son importantes regulaciones que deben tener en cuenta las empresas que realizan operaciones en el extranjero. Las empresas locales deben atender sus obligaciones fiscales, invertir en programas de capacitación para sus empleados y en sistemas de gestión de compliance tributario para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y reducir el riesgo de sanciones y multas.
Si bien la región tiene realidades dispares en cuanto a la madurez en la incorporación de programas de cumplimiento en el seno de compañías y organizaciones comerciales, es importante destacar que en la mayoría de los países del continente hay un común denominador que está regido por el interés de los gobiernos en incrementar los esfuerzos por fiscalizar las actividades tributarias de todos los sectores de la economía.
by Juan Manuel González | Oct 3, 2022 | Noticias
Holanda se convirtió en uno de los primeros países en establecer el teletrabajo o home office como un derecho legal. ¿Está América Latina preparada para asumir ese desafío?
La pandemia de Covid-19 obligó a infinidad de industrias y empresas a replantear sus modelos operativos incluyendo el trabajo remoto en su realidad diaria, un gran paso forzado que implica además de cuestiones técnicas implicancias legales.
Holanda dio un gran paso para ser uno de los primeros países en otorgar flexibilidad de trabajo remoto por ley. Es precisamente esa palabra, “flexibilidad”, una de las mayores lecciones que nos dejó la emergencia sanitaria y que en la actualidad es una petición y hasta una necesidad para los trabajadores. ¿Qué hacer con los trabajadores que prefieren mantenerse alejados de las oficinas?
Varios países de la región se están planteando modificaciones en sus códigos y leyes laborales por esta razón, para que tanto las empresas como los empleadores, en la medida en que así lo permita el cargo que se ocupa, activen la modalidad laboral a distancia.
Un ejemplo de ello es Chile, que desde el 1° de abril de 2020 cuenta con una ley que modificó el código del trabajo en materia de trabajo a distancia, permitiendo que las partes al inicio o durante la vigencia de la relación laboral puedan pactar la modalidad de teletrabajo, ya sea para el total de la jornada o en modalidad mixta. En dicha ley, se hace también un reconocimiento a la flexibilidad del trabajador indicando que, cuando las funciones del trabajador lo permitan, este podrá distribuir libremente su jornada en los horarios que mejor se adapten a sus necesidades, respetando los límites máximos de jornada diaria y semanal.
Otra de las innovaciones de la ley chilena y que es uno de los temas que se deben abordar en las nuevas regulaciones, es el derecho a desconexión de los trabajadores que prestan servicios remotos. El derecho a desconexión puede definirse como un deber de respeto por parte del empleador orientado a garantizar el tiempo en el que los trabajadores no estarán obligados a responder sus comunicaciones, órdenes u otros requerimientos.
Por último, otra de las interrogantes que surgen al hablar de teletrabajo dice relación con quién debe proveer los insumos para la producción del trabajo. En otras palabras, quién debe hacerse cargo por el gasto de internet, luz y otros servicios básicos del hogar mientas se prestan servicios, a quién corresponde proveer de los muebles e instalaciones necesarias para contar con un espacio de trabajo adecuado, quién debe velar porque el lugar donde se presten los servicios a distancia cumpla con los mínimos de seguridad laboral, etc.
La ley chilena indica que todos los anteriores deben ser asumidos por el empleador, pero se genera una zona gris para aquellos trabajadores que prestan servicios en casa. ¿Puede el empleador, por ejemplo, intervenir en la distribución del hogar de un trabajador para evitar accidentes y garantizar la seguridad del trabajador mientras presta los servicios? A simple vista, sí, ya que es un deber, pero ¿cómo se ejercita y aterriza?
Si bien tras 2 años de pandemia hemos avanzado y aprendido sobre nuevas formas de trabajar y flexibilizar las labores, aún siguen quedando interrogantes que solo el tiempo y la experiencia podrán solucionar.
La introducción del teletrabajo como una posibilidad para empleadores y trabajadores aumenta el ámbito de acción que deben tener las empresas, en tanto ya no solo deben preocuparse por lo que sucede dentro de sus instalaciones, sino que también en los espacios donde se prestan los servicios remotos. En esta línea, los riesgos a los que se ven expuestas hoy las empresas van en alza, lo que implica la necesidad de ser conscientes de dichos riesgos, mapearlos y establecer controles y medidas que permitan mitigarlos. Así, el compliance en materia laboral puede ser una herramienta clave en la manera en que las empresas manejan las relaciones con sus trabajadores, buscando generar espacios de trabajo más seguros y confiables para todos sus intervinientes.