Desde ComplianceLatam compartimos esta información relevante y de alto valor para la comunidad legal y de cumplimiento en la región. El más reciente Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025, elaborado por Transparencia Internacional, evidencia un estancamiento preocupante en las Américas y retrocesos significativos en varios países. Estos resultados no solo reflejan desafíos estructurales en materia de integridad pública, sino que también tienen implicancias directas para las empresas, los oficiales de cumplimiento y la gestión de riesgos corporativos. El informe refuerza la importancia de fortalecer los programas de compliance, la transparencia institucional y la cooperación internacional como herramientas clave para enfrentar el avance de la corrupción y el crimen organizado en la región.

Berlín, 10 de febrero de 2026 – Con una puntuación promedio de apenas 42 sobre 100, las Américas no muestran avances en la lucha contra la corrupción, según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025 de Transparencia Internacional publicado hoy. Desde 2012, 12 de los 33 países en la región han empeorado considerablemente, mientras que solo República Dominicana (37) y Guyana (40) han registrado mejoras significativas. Años de inacción gubernamental han erosionado la democracia y permitido el crecimiento del crimen organizado transnacional, perjudicando directamente a la las personas, al socavar los derechos humanos, los servicios públicos y la seguridad.

Durante años, la corrupción ha permitido que el crimen organizado transnacional se infiltre en la política de países como México (27), Brasil (35) y Colombia (37), fomentando la impunidad y las injusticias. En la actualidad, Costa Rica (56) y Uruguay (73), las democracias más fuertes de América Latina y con mejores resultados en el IPC, también sufren la violencia alimentada por la corrupción y el crimen organizado. Por su parte, países con instituciones fallidas y cooptadas, como Nicaragua (14) y Haití (16), continúan luchando contra la corrupción arraigada y las redes criminales.

En toda la región, la corrupción en los servicios públicos tiene graves consecuencias en la vida cotidiana de las personas. En Perú (30), la fiscalía está investigando presuntos sobornos en el programa de alimentación escolar para eludir los controles sanitarios, que podrían haber resultado en la distribución de comidas contaminadas y en enfermedades infantiles. En Argentina (36), las investigaciones sobre presunta corrupción en la gestión de fondos para medicamentos destinados a personas con discapacidad muestran riesgos similares para los grupos vulnerables. La baja puntuación de Venezuela (10), refleja años de corrupción generalizada y actividades ilícitas, que han disparado la pobreza y la desnutrición. En el país millones de familias sobreviven con escasos alimentos, agua y electricidad.

En varios países, la reducción del espacio cívico debilita la supervisión y la rendición de cuentas. En El Salvador (32), las restricciones impuestas a las organizaciones de la sociedad civil limitan el escrutinio y la supervisión independiente de las acciones del gobierno. En Guyana (40), el acoso y la intimidación a los medios de comunicación independientes y a la sociedad civil reducen la capacidad de la ciudadanía de proteger sus recursos naturales.

Luciana Torchiaro, asesora regional para América Latina y el Caribe de Transparencia Internacional, declaró al respecto:

“Para mejorar la vida de las personas y aumentar la resiliencia al crimen organizado, los gobiernos deben priorizar la lucha contra la corrupción en su agenda. Para ello es necesario proteger las libertades fundamentales, reforzar la transparencia en la contratación pública y hacer cumplir la ley a través de un poder judicial fuerte e independiente. La lucha contra la corrupción también implica fortalecer la cooperación internacional para investigar y sancionar casos transnacionales y cerrar los vacíos legales que permiten que el dinero ilícito cruce fronteras”.

PRINCIPALES CONCLUSIONES PARA LA REGIÓN

El IPC clasifica a 182 países y territorios en función de sus niveles de percepción de la corrupción en el sector público con una escala de cero (mucha corrupción) a 100 (muy baja corrupción).

• Los países con puntuaciones más altas en las Américas son Canadá (75), Uruguay (73) y Barbados (68). Estos se encuentran entre las democracias más sólidas de la región, pero su crecimiento limitado y sus retrocesos son preocupantes.
• Venezuela (10), Nicaragua (14) y Haití (16) vuelven a ser los tres países con las puntuaciones más bajas de la región, caracterizados por altos niveles de represión, instituciones fallidas o cooptadas y corrupción estructural.
• Estados Unidos (64) profundizó su tendencia en descenso hasta alcanzar la puntuación más baja registrada.

Aunque todavía no se refleja el impacto de los acontecimientos de 2025, las medidas recientes, como atacar las voces independientes y socavar la independencia judicial, suscitan gran preocupación. Más allá de las conclusiones del IPC, la congelación temporal y el debilitamiento de la aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero son una señal de tolerancia hacia las prácticas empresariales corruptas, mientras que los recortes de la ayuda estadounidense a la sociedad civil en el extranjero han debilitado los esfuerzos contra la corrupción a nivel global.

• Países como El Salvador (32) y Ecuador (33) están experimentando un declive en la transparencia y en las libertades cívicas. Las leyes que limitan el acceso de las ONG a fondos y obstruyen sus operaciones, junto con la intimidación y hostilidad hacia los medios de comunicación independientes, han reducido la supervisión ciudadana y la capacidad de exigir responsabilidades al gobierno.

Para conocer la puntuación de cada país y los cambios que han registrado a lo largo del tiempo, así como para ver un análisis global y regional, haz click en el siguiente link:  https://www.transparency.org/en/cpi/2025