by Colomba Rivera | May 6, 2025 | Opinión, Sin categoría
La transformación digital está avanzando a un ritmo sin precedentes, impulsada por innovaciones tecnológicas como el Big Data, BLockchain y la Inteligencia Artificial. Estas tecnologías tienen el potencial de cambiar radicalmente la forma en que las empresas operan, pero también traen consigo una serie de retos complejos, tanto desde el punto de vista legal como ético. En este contexto, las organizaciones deben prepararse para enfrentar estos desafíos garantizando no solo el cumplimiento de las regulaciones, sino también un compromiso genuino con principios éticos sólidos. Este enfoque integral es esencial para garantizar la sostenibilidad y la responsabilidad a medida que las empresas navegan en un entorno tecnológico que avanza rápidamente.
El compliance o cumplimiento normativo asegura que las empresas operen dentro de los marcos legales establecidos por las autoridades regulatorias. Sin embargo, en el contexto digital, el cumplimiento de las leyes no se limita solo a la observancia de normas locales o internacionales. La rápida expansión de las tecnologías emergentes presenta desafíos nuevos y específicos, tales como la protección de la privacidad de los datos personales y la gestión de la ciberseguridad. Con el manejo de grandes volúmenes de datos, las empresas se enfrentan a un riesgo constante de violaciones que podrían afectar la confianza de los consumidores y la integridad de la información empresarial.
En este sentido, normativas como el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (GDPR), han marcado un hito en la protección de la privacidad. Este tipo de regulaciones exige que las empresas no solo cumplan con la ley, sino que también implementen estrategias proactivas para proteger los datos personales y garantizar la seguridad de las plataformas digitales.
Un componente clave en la integración de compliance y responsabilidad corporativa es la transparencia. Las empresas deben ser abiertas con sus consumidores y otros grupos de interés sobre cómo utilizan las tecnologías, cómo protegen los datos personales y qué acciones están tomando para asegurar que sus productos y servicios sean seguros. La transparencia no es solo un requisito legal, sino un factor crucial para ganar la confianza de los consumidores. En un mundo donde la información es abundante y fácilmente accesible, los consumidores están cada vez más informados y exigentes, y prefieren hacer negocios con empresas que comparten sus valores y que operan de manera ética.
El cumplimiento normativo no debe verse como una acción aislada o meramente reactiva ante posibles sanciones. En la actualidad, las empresas deben integrar los principios éticos en el corazón de sus operaciones. La inteligencia artificial, la automatización y la ciberseguridad, por ejemplo, son herramientas poderosas que pueden mejorar la eficiencia de las empresas, pero también presentan riesgos significativos, como sesgos algorítmicos o la toma de decisiones automatizada sin supervisión humana. Estos riesgos tienen implicaciones éticas y sociales importantes que deben ser gestionadas adecuadamente, por ello es un deber de las empresas garantizar que sus sistemas sean transparentes, auditables y libres de sesgos.
Las empresas que integran la responsabilidad social y la ética en su modelo de negocio no solo fortalecen su imagen ante los consumidores, sino que también construyen una base sólida para su crecimiento a largo plazo. Al priorizar la sostenibilidad y el cumplimiento de normativas, estas organizaciones no solo contribuyen positivamente a la sociedad, sino que también se posicionan estratégicamente en un mercado global donde los valores y la integridad son cada vez más apreciados por consumidores e inversores. De este modo, la responsabilidad social se convierte en un activo intangible que no solo genera confianza, sino que también puede ser decisiva para el éxito y la permanencia en un entorno empresarial competitivo.
Javier Haro Head of Legal & Compliance en Chile – Perú – Argentina en Innomotics.
by Colomba Rivera | Abr 30, 2025 | Opinión
El vínculo natural y necesario entre ética y tecnología, y específicamente entre ética e inteligencia artificial, no se revela a primera vista. Incluso, hasta parece una paradoja que, en el mundo actual, donde se habla de avances tecnológico y de lo artificial, se esté nuevamente refiriéndose a la ética, que se relaciona exclusivamente con los humanos. Sin embargo, cada vez con más frecuencia, las empresas y los emprendimientos tecnológicos se ocupan e invierten en cuestiones vinculadas a ética, privacidad y ESG. Pues, solamente con profesionales que gocen de un fuerte sentido ético se puede esperar que la tecnología sea verdaderamente instrumental de aquello que no puede dejar de ser el centro de cualquier desarrollo tecnológico; el ser humano y el bienestar común.
Aquí, se realizan seis reflexiones para que toda innovación con IA involucre la mirada obligada, entonces, con ética, moral y también, derecho.
- Para determinar los datos a coleccionar, se debe considerar la finalidad para la que se está solicitando dicho dato al titular. Si el dato no es necesario, la recomendación es no requerirlo, puesto que ello compromete la responsabilidad del encargado del tratamiento o titular de la base de datos en función de las normas de privacidad de datos, y no coadyuba al negocio. En esta materia, muchas veces, menos, es más.
- Es necesario permitir a la parte con la que se interactúa o a quien se dirige un desarrollo de IA, conocer sobre su forma de funcionamiento, sus límites, sus usos recomendados, sus resultados no probados, sus riesgos conocidos y lo que se ha dado en llamar el “riesgo de desarrollo”. Esto apunta a que la parte que utilice un sistema de IA consienta su uso de manera informada. Cumpliendo con el deber de información y permitiendo a la otra parte ejercer su libertad de informarse, desde el punto de vista práctico se traslada, en alguna medida, el riesgo de su uso, la responsabilidad por eventuales daños y se limita la responsabilidad frente a usos indebidos. Adicionalmente, la información a revelar debe ser puesta a disposición del usuario o la parte con quien se relaciona el uso del desarrollo, de manera clara y lo más fácilmente comprensible, sin divulgar información estratégica del desarrollo.
- Se debe incorporar la mirada desde la responsabilidad al momento de desarrollar sistemas basados en IA. Al involucrar éstos, derechos humanos, su uso supone, como contracara, un deber genérico o una obligación de no dañar que debe ser siempre atendida. En todo caso, cuanta más información se suministre sobre la forma de actuación de los sistemas con IA, más factible es que el fabricante o empresario resulte eximido de responsabilidad o que su responsabilidad se vea atemperada.
- 4. Se debe incorporar la supervisión humana en todo desarrollo, como por ej. a través de mecanismos man in the loop o man on the loop,
- Las empresas y emprendimientos deben abordar la alfabetización digital de manera integral proporcionando recursos y programas de educación.
- 6. Se deben establecer claramente formas de autorregulación para evitar problemas jurisdiccionales y dar a los usuarios, soluciones rápidas que fácilmente se adapten a las cambiantes necesidades en este entorno.
Estas reflexiones tienen como objetivo el respeto de la dignidad, autonomía y libertad humana y la consecución del bien común; principios orientadores para acertar el valor ético de toda acción profesional.
Como señala Núñez Zorrilla (2019, pág. 15) “La faceta emotiva, sentimental o moral del ser humano rige, en definitiva, la mayoría de las actuaciones humanas, así como las normas que las regulan, porque es inherente a la persona misma. El problema que se plantea entonces en torno a las decisiones autónomas de los robots inteligentes es que, necesitando el hombre este valor espiritual para sobrevivir, y desarrollarse adecuadamente, y careciendo las decisiones artificiales de este componente tan trascendental, las mismas puedan ser en ocasiones contraproducentes o no convenientes para las personas”.
Así, lo más importante para innovar con responsabilidad, es fortalecer las habilidades que nos hacen humanos, la creatividad, las emociones y la inteligencia humana. Ése es un compromiso de todos y no solo de los fabricantes de IA.
Soledad García Fariña. – Corporate Secretarial, LatAm-Tata Consultancy Services
Ana Cristina Peña- Ethics & Compliance Head, LatAm- Tata Consultancy Services
Trabajos citados: Nuñez Zorrilla, M. (2019). Inteligencia artificial y responsabilidad civil. Régimen jurídico de los daños causados por robots autónomos con inteligencia artificial. Madrid: Reus.
by Colomba Rivera | Abr 14, 2025 | Opinión
“El Legal Design es un enfoque innovador que combina el pensamiento de diseño con la experiencia jurídica para crear sistemas, servicios y productos legales más intuitivos, eficientes y accesibles. En el contexto del Compliance, esta metodología cobra especial relevancia al facilitar la creación de procesos y documentación más claros, comprensibles y fáciles de seguir, convirtiéndose en una herramienta clave para potenciar la implementación de las normativas de cumplimiento dentro de las compañías.”
Este campo interdisciplinario busca simplificar y mejorar la forma en que las personas y las organizaciones comunican, entienden y experimentan información de contenido legal. Al integrar los principios de diseño en el ámbito legal, este busca mejorar la claridad, la eficacia y la satisfacción del usuario.
El diseño legal aplica metodologías de Design Thinking al ejercicio de la abogacía, priorizando la empatía, la creatividad y la colaboración, lo que implica comprender las necesidades y experiencias de los usuarios, generando ideas innovadoras, prototipos de soluciones e iteraciones basadas en la retroalimentación. En el contexto del diseño legal, este enfoque permite revisitar y reenfocar procesos, documentos y sistemas legales para hacerlos más intuitivos y accesibles, es decir, más amigables. Esto puede incluir el rediseño de contratos, la creación de recursos visuales, el desarrollo de interfaces intuitivas para tecnología legal y la mejora de la experiencia general del usuario en los servicios legales.
Las implicancias del diseño legal tienen el potencial de ser de gran alcance y pueden tener un impacto significativo en diversos aspectos del sector legal, siendo las siguientes algunas de las principales: (i) experiencia mejorada para el usuario; (ii) mayor eficiencia; (iii) comunicación mejorada, y (iv) innovación y adaptabilidad.
Esta herramienta también tiene relevancia para los departamentos legales, mejorando la gestión de contratos, cumplimiento y gestión de riesgos, comunicación interna, y facilitando el acceso a servicios legales para quienes no están familiarizados con la jerga y terminología técnica.
Las ventajas de este incluyen un enfoque centrado en el usuario, simplificación de los procesos legales, mejor acceso a la justicia, mayor colaboración y eficiencia. Sin embargo, también enfrenta desafíos como la resistencia al cambio, el costo de implementación, la complejidad de la información legal y la falta de concienciación y capacitación.
En resumen, el diseño legal representa un enfoque transformador para el ejercicio de la abogacía, ofreciendo numerosos beneficios en términos de experiencia del usuario, eficiencia y acceso a la justicia y a medida que el sector legal continúa evolucionando, es probable que la relevancia del diseño legal aumente, ofreciendo nuevas oportunidades de innovación y mejora.
El diseño legal ofrece numerosos beneficios en el ámbito del Compliance. Al aplicar principios de diseño y metodologías de Design Thinking, se facilita la creación de sistemas y procesos más intuitivos y accesibles, lo que mejora la comprensión y el cumplimiento de las normativas legales. Esto se traduce en una mayor eficiencia en la gestión de riesgos y en la implementación de políticas de Compliance, ya que los documentos y procedimientos son más claros, amigables y fáciles de seguir, lo que en definitiva permite promover una comunicación más efectiva y una mayor colaboración entre los departamentos, lo que contribuye a una cultura de cumplimiento más sólida y proactiva.
Diego Brieba Vial , Gerente Legal & Oficial de Cumplimiento en Norte Abierto SpA
by Colomba Rivera | Abr 2, 2025 | Opinión, Sin categoría
En el ámbito del compliance y de los procesos de Know Your Customer (KYC), la identificación de los Ultimate Beneficial Owners (UBOs) se ha consolidado como un pilar fundamental para prevenir delitos financieros, como el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Las entidades, incluidas instituciones financieras, organismos gubernamentales y empresas privadas tienen la obligación de recopilar información detallada sobre los UBOs, con el objetivo de garantizar que no se oculten individuos vinculados a actividades ilícitas. Sin embargo, este requerimiento plantea una cuestión crucial: ¿hasta qué punto es necesario solicitar información sensible y privada, como los domicilios completos de los UBOs?
Aunque la transparencia es un principio esencial en los procesos de compliance, la solicitud de datos tan personales puede considerarse excesiva, exponiendo a los UBOs a riesgos significativos de seguridad, como el robo de identidad o amenazas físicas, especialmente cuando se trata de personas con un perfil público o empresarial destacado.
La recopilación de información como el domicilio completo podría parecer innecesaria para el cumplimiento de la ley, desviando la atención de los objetivos primordiales del sistema financiero hacia prácticas que comprometen la privacidad y seguridad de los individuos.
Este debate cobra especial relevancia ante la reciente controversia legal en torno a la Corporate Transparency Act (CTA). Promulgada en 2021, esta ley exige que las empresas reporten información detallada sobre sus UBOs a la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) con el propósito de combatir el uso de empresas ficticias en actividades ilícitas.
Sin embargo, el 3 de diciembre de 2024, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas emitió una orden judicial preliminar suspendiendo su aplicación, argumentando que la ley podría ser inconstitucional por exceder los límites del poder del Congreso.
Posteriormente, el 23 de diciembre de 2024, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito revocó esta suspensión, permitiendo la implementación de la ley. No obstante, el Departamento de Justicia ha solicitado una revisión más amplia del caso, lo que deja abierta la posibilidad de futuras modificaciones en su aplicación.
Es importante subrayar que, según la CTA, la información sobre los UBOs no será de acceso público. FinCEN almacenará estos datos en una base de datos centralizada, compartiéndolos únicamente con autoridades gubernamentales estadounidenses para fines de investigación y aplicación de la ley.
A pesar de estas precauciones, el nivel de detalle exigido por esta normativa ha suscitado preocupación sobre si las medidas de transparencia justifican los posibles riesgos para la privacidad y seguridad de los involucrados.
Este contexto nos invita a reflexionar sobre el equilibrio necesario entre la transparencia y la privacidad en los procesos de KYC. Si bien la transparencia es indispensable para preservar la integridad del sistema financiero global, no debe ser alcanzada a costa de comprometer la seguridad de los individuos. La implementación de leyes como la CTA debe garantizar un balance adecuado entre ambos principios, permitiendo la supervisión efectiva de las actividades ilícitas sin imponer riesgos innecesarios a los UBOs.
En última instancia, este es un tema que requiere una revisión cuidadosa y un debate abierto en el ámbito del compliance global. Transparencia y privacidad no deben ser conceptos opuestos, sino complementarios, para construir un sistema financiero robusto y equitativo que proteja tanto a las instituciones como a los individuos.
Daniel Cheang, Chief Legal and Compliance Officer en Energas.
by Colomba Rivera | Mar 19, 2025 | Opinión, Sin categoría
El 2025 es un año prometedor para México en materia de Compliance, iniciamos un nuevo sexenio al mando de Claudia Sheinbaum, la primer mujer presidenta en más de 200 años de vida independiente , sin duda alguna esto significa el desarrollo de políticas públicas con razón de género, dónde el papel de la mujer será protagonista y se buscará la modificación a leyes laborales que protejan los derechos de las mujeres.
En materia de comercio exterior y aduanas, la toma de protesta de Donald Trump y la próxima revisión del T- MEC (Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá) traerá aparejado el cambio en cuotas arancelarias para ciertos productos y servicios, así como un trabajo detallado para los Compliance Officers en cuanto a la identificación y evaluación de nuevos riesgos al amparo de la legislación aduanera vigente, así mismo es importante monitorear los cambios que se vendrán con la política migratoria entre México y Estados Unidos.
En materia de combate al soborno y la corrupción, a lo que va del 2025 se han modificado leyes secundarias y reglamentos que han reforzado el compromiso de las empresas en la construcción de programas de compliance y han colocado la primera piedra en la formación de una cultura de compliance obligatoria dentro de los entes públicos mexicanos, desde luego un reto importante para el nuevo gobierno y las empresas que deciden invertir en el país.
Los criterios ESG tendrán un papel importante en este sexenio y prueba de ello es la creación de impuestos y contribuciones a nivel local y federal destinados a contener y disminuir el impacto ambiental generado por la industria en México, ejemplo de ello es el nuevo impuesto a emisiones de CO2 a fabricas situadas en la Ciudad de México o la implementación de la Taxonomía Sostenible de México, eso sin mencionar la basta modificación y creación de leyes y normativas con enfoque a la protección de los derechos de comunidades indígenas, personas de la comunidad LGBT+ y a personas con discapacidad que se han venido aprobando desde el año pasado.
Por otro lado, aún existe un cierto sentimiento de incertidumbre por parte de los empresarios nacionales y extranjeros en cuanto temas como la reforma a la Ley de Amparo, la desaparición de los Órganos Constitucionales Autónomos, como son el INAI, COFECE, CRE entre otros, quienes son garantes de las políticas en materia de protección de datos personales, competencia económica y energía en México, sin mencionar la tan polémica reforma al Poder Judicial de la Federación que permitirá a los mexicanos por primera vez en la historia del país, votar por jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte.
Será tarea de los departamentos de compliance y/o Compliance Officers seguir a detalle estos cambios y buscar oportunidades de mitigación que permitan a los empresarios seguir participando en un mercado comercial tan grande, atractivo y competitivo como lo es el mercado mexicano.
Independientemente de los cambios antes señalados es importante mencionar que ciertas industrias se verán directamente beneficiadas, tal es el caso de la industria farmacéutica y de dispositivos médicos, la ferroviaria, transporte, el turismo y servicios así como la tecnológica en dónde ya se encuentra en discusión del Congreso de la Unión la expedición de una ley en materia de ciberseguridad que regule fenómenos como la Inteligencia Artificial, el combate a la ciberdelincuencia y el uso de plataformas digitales y redes sociales.
El fenómeno del “nearshoring” , el cada vez más cercano Mundial de Fútbol de la FIFA a celebrarse en México, junto a Estados Unidos y Canadá, en 2026 y las políticas tendientes a mejorar los derechos de los trabajadores han impulsado cambios relevantes en materia de compliance, siendo esta una gran oportunidad para que los profesionales que se dedican al cumplimiento demuestren la importancia y trascendencia estrategia que tiene esta ciencia de los riesgos.
Zurisadai Alberto Duarte Navarrete, Legal & Compliance Specialist en Medartis México
by Colomba Rivera | Feb 25, 2025 | Opinión
En el entorno corporativo actual, los canales de denuncia y las investigaciones internas son herramientas clave para garantizar el cumplimiento normativo, la ética y la transparencia en las organizaciones. Estos mecanismos no solo tienen como objetivo identificar y corregir irregularidades, sino también fortalecer la confianza entre los trabajadores, stakeholders y la sociedad en general. Sin embargo, su implementación conlleva importantes desafíos, especialmente en lo que respecta a los derechos fundamentales de todas las partes involucradas, particularmente de los denunciados.
El auge del compliance ha evidenciado la necesidad de regular y estructurar adecuadamente los procesos de denuncia e investigación. Cuando no se respeta el debido proceso estas herramientas pueden convertirse en un arma de “doble filo”. Al ser gestionadas de forma indebida, no solo pueden llegar a vulnerar los derechos fundamentales de los intervinientes, sino que también exponen a las organizaciones a daños económicos, reputacionales y legales. En este contexto, garantizar el anonimato, la confidencialidad y la protección contra represalias se vuelve indispensable. Estas medidas son esenciales para fomentar una cultura organizacional que valore la transparencia, sin poner en riesgo la integridad de quienes participan en estos procesos.
No obstante, muchas iniciativas enfocadas en los canales de denuncia priorizan la protección del denunciante y los testigos, relegando los derechos del denunciado a un segundo plano. Esta asimetría puede generar consecuencias adversas, como el daño a la honra, la integridad psicológica y la privacidad de quienes enfrentan una acusación. Es fundamental recordar que el denunciado también es parte esencial del proceso y merece un trato justo. El principio de presunción de inocencia, junto con la garantía de bilateralidad e imparcialidad, debe guiar cada etapa de una investigación interna.
Un proceso diseñado de manera adecuada no solo protege los derechos de todas las partes involucradas, sino que también fortalece el entorno corporativo. Esto incluye definir de forma clara las etapas del procedimiento, capacitar a los responsables de las investigaciones y que los colaboradores conozcan sus derechos y obligaciones. Además, resulta crucial gestionar correctamente las instancias posteriores al cierre de una investigación, ya que el impacto emocional y reputacional sobre el denunciado puede incrementarse, especialmente si los hechos denunciados no se acreditan o si la denuncia resulta infundada.
En este sentido, las organizaciones tienen la responsabilidad de mitigar los efectos negativos a través de medidas concretas. Brindar apoyo a los denunciados (expost), comunicar de manera clara los resultados y establecer mecanismos de apelación son acciones que pueden proteger a quienes han sido sujetos de una investigación. Asimismo, fomentar una cultura de integridad y educar a los colaboradores sobre el uso responsable de los canales de denuncia contribuye a prevenir abusos, denuncias de mala fe o una errada calificación de los hechos. La implementación de estos mecanismos debe encontrar un equilibrio entre los intereses de la empresa y los derechos individuales de los trabajadores.
Si bien el anonimato es fundamental para promover la denuncia de irregularidades, también puede ser mal utilizado, derivando en denuncias infundadas que afectan injustamente a los denunciados. En este aspecto, la promoción de valores éticos y la supervisión rigurosa de los procesos adquieren una especial relevancia.
En conclusión, los canales de denuncia y las investigaciones internas son herramientas indispensables para la sostenibilidad y la gobernanza corporativa. Sin embargo, su eficacia depende de una implementación justa y equilibrada que respete los derechos de todas las partes involucradas. Solo de esta manera las organizaciones podrán cumplir con sus compromisos legales, éticos y sociales, fortaleciendo su reputación y consolidando relaciones de confianza con sus colaboradores y la comunidad en general.
Constanza Muñoz, Subdirectora de Cumplimiento en ENAP
