El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social estableció la modificación de los procedimientos de inspección, fiscalización y vigilancia laboral. En ese sentido, revocó la Resolución 1655/2022 y el artículo 17 de la Resolución 56/2017, que disponían los trámites administrativos y procedimentales de solicitud y verificación de los documentos de tenencia obligatoria de forma física.
La Resolución 1655/2022 establecía que las notificaciones emitidas en el marco de las fiscalizaciones con relación a los requerimientos de presentación de las documentaciones de tenencia obligatoria debían contar con autorización previa del director general de la Dirección General De Inspección Y Fiscalización De Trabajo (DGIFT).
El Artículo 17 de la Resolución 56/2017 establecía que el Director General de la DGIFT podía solicitar de manera preventiva, por notas de requerimiento o colacionados a los empleadores, la presentación de documentación de tenencia obligatoria, en un plazo determinado, a los efectos de verificar el cumplimiento de las normas laborales y de Salud y Seguridad Ocupacional. Establecía asimismo que, en caso de no presentación de la documentación solicitada, el Director de la DGIFT podrá solicitar una orden de inspección para su diligenciamiento.
En ese sentido, las nuevas disposiciones del MTESS respecto a procedimientos de inspección, fiscalización y vigilancia laboral establecen que:
Las documentaciones laborales de tenencia obligatoria no deben ser requeridas a ninguna empresa a nivel nacional por notas, notificaciones, otros documentos o procedimiento que no sea en el marco de las actuaciones autorizadas por una Orden de Inspección emanada de la Máxima Autoridad Institucional – la Ministra del Trabajo, actualmente Monica Recalde.
A partir del 18 de agosto del 2023, ninguna notificación de requerimiento documental en el marco de las resoluciones derogadas tiene validez.
Los documentos de tenencia obligatoria podrán ser presentados de forma electrónica. Este punto está pendiente de implementación actualmente.
Adicionalmente, el MTESS menciona que están trabajando en la elaboración de un Manual de Fiscalizaciones.
Posterior a tres años desde la cúspide del “Work from home”, y las inversiones en capital tecnológico realizadas por las empresas, nos encontramos frente a un nuevo panorama con el regreso gradual al trabajo presencial. Este regreso ha implicado un cambio en las necesidades y expectativas de los trabajadores. Ahora buscan espacios de oficinas con términos de uso y ocupación flexibles, que les permitan ir explorando gradualmente las cambiantes necesidades de trabajo, como lo son, por ejemplo, los espacios compartidos de trabajo denominados Coworking o bien los espacios de trabajo flexibles conocidos como “Flex Space”.
En general, es importante conocer las particularidades de los contratos de uso y/o arrendamiento para estas nuevas modalidades de espacio. Además de las condiciones contractuales usuales de un arrendamiento, o contrato de servicios, los contratos deben de establecer claramente la duración y formato de la relación contractual; el horario y modo de acceso a las instalaciones, las densidades de uso, las posibilidades de expansión en caso de contratar más trabajadores; los costos, gastos, y seguros requeridos. También se vuelve indispensable resolver el uso de espacios de parqueo (donde aplique), y definir el tipo de uso y espacios dentro del centro laboral, así como el mobiliario y equipo incluidos.
Por parte de los propietarios y usuarios de estos espacios, se cuenta con dos principales necesidades: flexibilidad y estabilidad. Por un lado, el empresario inquilino busca flexibilidad en cuanto al uso del espacio y servicios, que le permita expandir o reducir su operación. Igualmente, busca estabilidad en cuanto a conocer sus costos y gastos de una forma segura, y en la medida de los posibles, busca asignar a otros, responsabilidades que no son parte de su negocio, como el mantenimiento y reparación, los espacios de trabajo y su administración inmobiliaria.
Por otro lado, el propietario del inmueble busca poder asegurar contratos que, además de regular la relación con el inquilino, le permitan recuperar la inversión que realizó, garantizando los plazos de sus contratos en la medida de lo posible, pero guardándose la posibilidad de contar con plazos cortos. Esto presenta retos en los países en los cuales los arrendamientos tienen plazos mínimos asignados por ley.
Finalmente, se torna importante mencionar que además de los beneficios y condiciones indicados, estos formatos de trabajo más flexibles, que permiten a varias empresas y trabajadores convivir de una forma cercana, tiene el valor agregado de crear una red de contactos (networking) y comunidad entre personas y empresas de varias disciplinas, pudiendo entablar relaciones comerciales y personales importantes., y creando además una experiencia de trabajo positiva No obstante, esto genera retos importantes en cuanto a la retención de talento, la protección de las políticas de empresa personales y al ambiente de trabajo de cada empresa y, sobre todo, la protección de datos e información empresarial.
Estamos ante un paradigma en que los requisitos de los empresarios en cuanto a sus necesidades de los espacios de trabajo son inciertos, cambiantes y en muchos casos nuevos, y, por tanto, las relaciones entre propietarios e inquilinos deben de ser reguladas, pero de manera tal que permitan esa fluidez necesaria, garantizando la seguridad jurídica y la mejor experiencia a los usuarios.
Recientemente, la Secretaria General de la Comunidad Andina y la Organización Mundial de Propiedad intelectual publicaron el «Manual de Examen de Marcas», dirigido a los examinadores de marcas y funcionarios de las oficinas de propiedad industrial encargadas del registro de marcas en los Países Miembros de la Comunidad Andina, los cuales son: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.
Así, el objetivo de este manual es homogenizar la interpretación de las disposiciones normativas de la Decisión 486 en las oficinas de propiedad industrial de cada país miembro y facilitar su entendimiento, para así lograr un servicio más eficiente a nivel regional.
Revive todas las alternativas del último webinar de Albagli Zaliasnik “Nueva Ley de Delitos Económicos: Un enfoque práctico para empresas con operaciones en Chile“.
Una de las discusiones sobre competencia más acaloradas de los últimos años, que se amplificó luego de que un artículo en la revista The Economist llamara a la información el nuevo petróleo, es si la recolección y uso de información a gran escala puede generar problemas de competencia. En este momento hay más de quince países que investigan si este tipo de acciones por parte de distintas plataformas puede infringir regulaciones de defensa de la competencia.
Quienes creen que la recolección y el uso de información pueden atentan contra las leyes de competencia se enfocan en dos problemas potenciales.
El primero es que las empresas con poder de mercado recolecten más información de la que deberían porque no tienen competidores que los disciplinen. Quienes defienden esta visión creen que la recolección de información perjudica a los usuarios quienes, si tuvieran opciones, compartirían menos información. En otras palabras, consideran que si las plataformas enfrentaran más competencia pedirían menos información a sus usuarios (o, lo que es lo mismo, ofrecerían mejores niveles de “privacidad”, que algunos equiparan a ofrecer un producto de mayor calidad). Desde este punto de vista, sin los frenos que impone la competencia, ciertas empresas que recolectan “demasiada información” abusan de su posición explotando a los usuarios.
Esta lógica ha recibido críticas varias. Para empezar, las prácticas de recolección de información no parecen guardar relación con la posición que las distintas empresas o plataformas tienen en el mercado: la mayoría recolectan niveles similares de información sin importar su tamaño. Por eso, parece difícil sostener que el nivel de recolección es un “abuso” de las empresas que tienen poder de mercado. En segundo lugar, no está claro en qué medida compartir información perjudica a los usuarios: muchas personas no se sienten explotadas cuando se les pide que compartan información (por ejemplo, muchas comparten información sin restricciones en redes sociales), y muchas otras aceptan libremente compartir sus datos para recibir ciertos servicios sin pagar una tarifa a cambio. Por último, hay otras leyes específicamente pensadas para proteger el derecho a la privacidad, y usar las leyes de defensa de la competencia para esto podría no ser la mejor opción. Para decir que una empresa recolecta demasiada información de sus usuarios hay que entender primero cuál sería el nivel razonable o “competitivo” de recolección. Las agencias de defensa de la competencia no están preparadas para contestar esa pregunta. Las leyes que protegen los datos personales parecen más aptas para resolver los problemas vinculados con la recolección de información (aunque la reciente decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea pone en duda este último argumento).
