Durante mucho tiempo, las relaciones con los proveedores se midieron por variables simples: precio, cumplimiento de plazos o formalidad contractual. Pero los tiempos cambiaron. Hoy, el verdadero valor de una empresa también se mide por cómo se comportan quienes trabajan junto a ella.

Según el World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), cerca del 80% del impacto ambiental y social de una organización proviene de su cadena de suministro. Este dato deja en evidencia un cambio estructural: la sostenibilidad y el cumplimiento han ido dejando de ser temas internos; hoy son el reflejo del carácter con que una empresa se relaciona con sus grupos de interés.

Si el cumplimiento define el marco normativo y ético que guía la conducta corporativa, la debida diligencia es la herramienta que le da movimiento y evidencia. Es el proceso mediante el cual una empresa identifica, evalúa y gestiona los riesgos que pueden comprometer su integridad o sostenibilidad. La debida diligencia ya no es un trámite administrativo, un requisito impuesto o el chequeo de una lista de supermercado. Es una herramienta de gobernanza activa que permite anticipar riesgos, asegurar coherencia y fortalecer la confianza de las organizaciones. El desafío actual no consiste solo en verificar si un proveedor cumple la ley, sino en entender cómo gestiona sus propios riesgos éticos, ambientales y – cada vez más importante – laborales.

Esto ocurre en prácticamente todos los sectores. En la minería, los mandantes avanzan hacia sistemas de verificación de temáticas de sostenibilidad, siendo los aspectos asociados a gobernanza cada vez más indispensables para habilitar el ingreso a esta industria; en la energía y la agroindustria, se incorporan cláusulas de integridad y trazabilidad social en los contratos; y en la construcción, las auditorías laborales y ambientales ya son parte del estándar operativo indispensable para visualizar riesgos que puedan impactar la ruta crítica de sus proyectos. En este contexto, la falta de adaptación hará que muchas empresas terminen rezagadas o fuera de juego.

En nuestra región, la debida diligencia avanza más rápido en el discurso que en la práctica. Algunas empresas han sucumbido a la tentación de solo declarar principios éticos en sus códigos de conducta o disponer y publicar políticas de Sostenibilidad omitiendo por completo la ejecución efectiva o practica de control en sus cadenas de suministro. En Chile, por ejemplo, varias compañías mineras y de infraestructura han comenzado a requerir evidencia del desempeño social y ambiental a sus contratistas. Eso ha permitido evidenciar algunas brechas, donde principalmente empresas pequeñas o medianas no cuentan con sistemas internos para controlar, gestionar y reportar adecuadamente sus riesgos. Esa asimetría de madurez crea un riesgo real: que el cumplimiento se vuelva más una cuestión declarativa y no operativa, donde se juega su valor sustantivo al negocio.

Afortunadamente, se ha visto que el Compliance moderno ha ido evolucionando desde la lógica de la sanción a la de gestión ética y estratégica de los riesgos que enfrentan las organizaciones. Ya no se trata solo de esquivar multas o infracciones, sino también de dotar de sentido al cumplimiento normativo. Las compañías más avanzadas entendieron que solo exigir no basta: hay que acompañar, formar y fortalecer a los proveedores para que también homologuen prácticas y crezcan en integridad y sostenibilidad. La debida diligencia, en este contexto, se convierte en un lenguaje común que permite conectar de buena forma los valores de la empresa con los de su entorno productivo.

En Chile, esto se observa con claridad –nuevamente – en la minería, donde varias compañías están promoviendo programas de desarrollo para sus contratistas en seguridad, derechos humanos y medio ambiente, especialmente en materia de huella de carbono y su trazabilidad. Algo similar ocurre en el sector energético y forestal, donde la equidad y buenas prácticas laborales se empiezan a evaluar con el mismo rigor que los indicadores técnicos. Esa transformación, que comenzó como una exigencia externa en algunos ámbitos, hoy es una oportunidad interna para fortalecer la gobernanza y dar sentido real al cumplimiento.

En 2024, la Directiva Europea de Debida Diligencia en Sostenibilidad Corporativa (CSDDD) estableció obligaciones concretas para que las empresas identifiquen y mitiguen riesgos en derechos humanos y medio ambiente a lo largo de toda su cadena de suministro. Aunque es una norma europea, su efecto traspasa fronteras: una minera en chile, una exportadora agrícola o una empresa de manufactura deberán demostrar que sus proveedores operan bajo criterios o estándares de sostenibilidad equivalentes a los exigidos por sus compradores o socios comerciales. Este fenómeno, conocido como efecto Bruselas,  tiene una incidencia no menor en el mercado. En este escenario, la transparencia con la que operan las empresas está dejando de ser un elemento excepcional de diferenciación, transformándose paulatinamente en una condición de acceso a muchos mercados.

Las empresas que asumen la debida diligencia de manera integral no solo reducen riesgos: ganan confianza, credibilidad, estabilidad y preferencia. Estudios del International Council on Mining and Metals (ICMM) y la OCDE muestran que las organizaciones que conectan y articulan sus sistemas o metodologías de cumplimiento y sostenibilidad son más resilientes frente a crisis, atraen mejor talento y acceden con mayor facilidad a financiamiento verde o responsable (con mejor condición financiera que el estándar).

El Compliance, entendido así, deja de ser solo un muro de contención y se convierte en una plataforma que aporta mucho más valor a las organizaciones. Las compañías que logran integrarlo a su cultura operan con mayor consistencia, se vuelven más atractivas para el mundo laboral, mercados y más confiables para los clientes, tanto en relaciones entre empresas como en mercados de consumo final.

El gran desafío no está en acumular documentos ni formularios, sino en la capacidad de construir una cultura compartida de responsabilidad y propósito. Una empresa verdaderamente sostenible es aquella cuyos valores se reflejan en toda su cadena, incluso en los lugares donde no llega el logo de su marca. La debida diligencia, cuando se asume con convicción, trasciende el control y se transforma en una forma de liderazgo: una manera de competir y de generar confianza en un mercado cada vez más complejo y cambiante.

Fuentes y referencias:

• World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), Vision 2050: Time to Transform, 2021.
• OECD, Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct, 2023.
• Comisión Europea, Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD), abril 2024.
• International Council on Mining and Metals (ICMM), Performance Expectations and ESG Trends Report, 2023.
• United Nations Global Compact, Corporate Sustainability in Supply Chains Report, 2024.
• Consejo Minero de Chile, Informe de Sostenibilidad Sectorial, 2023.

Héctor Iturrieta Villalobos.
Gerente de Cumplimiento y Sostenibilidad de Syncore.