Integridad en Brasil: lecciones de enforcement, cadenas de suministro y gobernanza, una conversación con Marcelo Coimbra de CR& Partners

Integridad en Brasil: lecciones de enforcement, cadenas de suministro y gobernanza, una conversación con Marcelo Coimbra de CR& Partners

Brasil combina una de las mayores economías de América Latina con una estructura regulatoria compleja, en la que conviven normas federales, estaduales y municipales, y en la que los riesgos tributarios, laborales, ambientales, anticorrupción y de protección de datos se cruzan con frecuencia. En este escenario, el compliance dejó de ser un conjunto de documentos y procedimientos para convertirse en una función estratégica que debe estar cerca del negocio, basarse en riesgos y adaptarse a realidades regionales, sociales y empresariales muy distintas.

Marcelo Coimbra es socio fundador de CR& Partners, firma brasileña especializada en asesorar a empresas e inversionistas internacionales que operan en Brasil. Con más de 25 años de experiencia, su práctica se concentra en derecho corporativo, operaciones transfronterizas, tributario, ética empresarial y asuntos socioambientales. Ha acompañado a compañías e inversionistas en estructuración de operaciones, fusiones y adquisiciones, y ha desarrollado una perspectiva particular sobre la relación entre integridad, sostenibilidad, gobierno corporativo y competitividad.

En esta conversación, Coimbra analiza las lecciones que dejó el intenso ciclo de enforcement anticorrupción en Brasil, la evolución desde un compliance centrado en la formalidad hacia uno orientado a la efectividad, y los desafíos que plantean las cadenas de suministro globales, la debida diligencia ambiental y los derechos humanos. También aborda las oportunidades y límites de la inteligencia artificial, las tendencias regulatorias internacionales que impactarán a las empresas brasileñas y el valor de la colaboración regional para elevar los estándares de integridad en América Latina.

Brasil es uno de los mercados más grandes y complejos de América Latina. Desde tu experiencia, ¿qué exige gestionar riesgos legales y de compliance en un entorno de esa escala?

Gestionar el riesgo en un mercado del tamaño de Brasil exige, antes que nada, abandonar la idea de que el compliance puede resolverse únicamente mediante la elaboración de un buen manual. En más de veinticinco años asesorando a empresas brasileñas y a inversionistas extranjeros, aprendí que aquí la complejidad constituye el punto de partida de cualquier análisis, y no un simple detalle. Convivimos con tres niveles de normas —federal, estadual y municipal—, con autoridades que a veces miran el mismo hecho desde ángulos distintos y con marcos tributario, laboral, ambiental y anticorrupción que se cruzan todo el tiempo.

A esta complejidad normativa se suma una realidad marcada por profundas desigualdades, no solo económicas, sino también regionales e incluso culturales. Brasil reúne contextos sociales y empresariales muy distintos, con niveles desiguales de desarrollo, institucionalidad y madurez organizacional, lo que exige adaptar los controles y las estrategias de integridad a cada realidad sin perder coherencia ni rigor. Esa diversidad eleva aún más la complejidad de gestionar riesgos legales y de compliance en el país.

En ese entorno, lo que marca la diferencia es un enfoque genuinamente basado en riesgo, aplicado en la operación y no solo documentado en el papel. No se trata de controlar todo con la misma intensidad, sino de saber dónde está la exposición real y concentrar ahí los recursos. Y se trata, sobre todo, de traducir las políticas globales a procedimientos que funcionen dentro de la realidad jurídica brasileña, sin bajar el estándar.

Mi convicción, después de tantos años, es que, en un mercado de esta escala, la efectividad de un programa importa más que su formalidad, porque los programas que parecen robustos pero están desconectados de la operación tienden a fallar apenas se los pone a prueba en la práctica. Los que funcionan son los que están cerca del negocio, son multidisciplinarios y se actualizan con la misma velocidad con que cambian las reglas.

¿Cómo ha evolucionado la conversación sobre integridad empresarial en Brasil y qué cambios consideras más significativos en la manera en que las compañías abordan estos temas?

El cambio ha sido profundo y tuve la oportunidad de observarlo desde dentro, ya que cuando empecé a trabajar con ética empresarial, hace unos quince años, el compliance todavía se percibía como un tema casi marginal, confinado al área jurídica, mientras que hoy se ha convertido en un tema que se discute a nivel de directorio.

El punto de inflexión fue la Ley Anticorrupción, la Ley 12.846/2013, y más tarde su reglamentación por el Decreto 11.129/2022. Brasil pasó de un modelo centrado casi exclusivamente en el castigo a uno que valora la prevención y el consenso, con instrumentos como los acuerdos de lenidad. La CGU maduró como autoridad y fijó criterios claros para evaluar programas de integridad.

Pero el cambio más significativo, en mi opinión, es de naturaleza conceptual, en la medida en que dejamos de preguntar si la empresa cuenta con un programa para empezar a preguntar si ese programa resulta efectivo. La mera existencia de un código de conducta ya no se considera suficiente, puesto que lo que se valora es si existen controles reales, capacitación, canales de denuncia que funcionen y una alta dirección coherente con lo que exige al resto de la organización.

También se produjo una ampliación gradual de la propia agenda de compliance. El enfoque, antes concentrado principalmente en la lucha contra la corrupción, pasó a abarcar la protección de datos, la prevención y el tratamiento del acoso en el entorno laboral, la integridad de la planificación tributaria y los conflictos de interés. A ello se suman la prevención del lavado de activos y la identificación del beneficiario final, especialmente en empresas con socios en el exterior. También han cobrado relevancia los riesgos socioambientales y de derechos humanos, además del impacto creciente de leyes extraterritoriales que pueden alcanzar a empresas y operaciones en Brasil. Esta evolución exige programas más integrados y multidisciplinarios, capaces de identificar riesgos que atraviesan distintas áreas de la organización.

Hay un segundo movimiento que me parece igual de relevante: la integridad dejó de verse solo como defensa frente a sanciones y empezó a entenderse como un factor de competitividad y de acceso a capital, mercados y buenos socios, lo que representa, quizás, la señal de madurez más valiosa de todo el proceso.

Brasil ha estado en el centro de importantes debates regionales sobre corrupción y responsabilidad empresarial. ¿Qué aprendizajes dejaron esos procesos para las compañías y sus líderes?

En un período relativamente breve, Brasil atravesó una de las experiencias de enforcement más intensas de la región, de la que surgieron aprendizajes cuyo alcance excede el contexto brasileño.

La primera lección es que la mayor exposición rara vez proviene de la conducta propia de la empresa, sino de la de terceros como intermediarios, agentes y proveedores, sobre todo porque la ley brasileña consagra la responsabilidad objetiva de la persona jurídica: basta con que el acto ilícito se cometa en su nombre o en su beneficio para que la empresa responda, aun cuando no haya tenido conocimiento directo de él. Por esa razón, la gestión de terceros pasó a entenderse como una función estratégica dentro del programa de integridad y no como un mero trámite administrativo.

La segunda lección se dirige específicamente a los líderes, en la medida en que el llamado tone at the top tiene consecuencias concretas sobre la efectividad del programa: cuando la conducta de la cúpula contradice el discurso institucional, incluso el programa mejor diseñado pierde credibilidad y deja de funcionar. Por eso la alta dirección no se limita a definir los parámetros, sino que también responde para que esos parámetros se cumplan en la práctica.

La tercera lección, probablemente la más difícil de asumir, es que los controles que existen únicamente en el papel terminan siendo ineficaces cuando se los pone a prueba en la operación cotidiana. Muchas empresas descubrieron, con frecuencia en el momento más inoportuno, que contaban con políticas formalmente impecables mientras su práctica real seguía un camino distinto.

Existe una lección más optimista, relacionada con el valor concreto que tienen la transparencia y la cooperación. Las compañías que comprendieron que colaborar con las autoridades y remediar las fallas resultaba preferible a negar los hechos y resistirse terminaron fortalecidas, en buena medida porque invertir en integridad suele representar un costo menor que el de enfrentar una crisis.

También es necesario fortalecer la educación para la ética y los valores colectivos. Una cultura que asocia el éxito con el ascenso social a cualquier costo y con un apego excesivo a los bienes materiales puede normalizar atajos, debilitar el sentido de responsabilidad compartida y perjudicar la efectividad de los programas de compliance. Ningún sistema de controles sustituye una cultura que valore la integridad como un principio de convivencia y no solo como una obligación formal.

Desde la experiencia brasileña, ¿en qué aspectos crees que América Latina aún mantiene las brechas más importantes frente a los estándares internacionales de integridad corporativa?

Diría, con franqueza, que la brecha principal de América Latina ya no está tanto en la ley escrita como en su aplicación. Varios países de la región cuentan con leyes anticorrupción modernas, comparables a las mejores del mundo, de modo que la dificultad principal reside en la consistencia del enforcement y en la estabilidad institucional que lo sostiene.

La segunda brecha es la distancia entre la forma y la efectividad. Si bien resulta relativamente fácil adoptar un programa, lograr que ese programa viva en la operación diaria es mucho más difícil, y por eso muchas empresas de la región siguen ancladas en la fase del cumplimiento meramente formal.

La tercera, que veo crecer rápido, es la madurez en la gestión de la cadena de suministro y en la debida diligencia ambiental y de derechos humanos. Mientras Europa avanza con regímenes obligatorios, buena parte de la región todavía trata estos temas como voluntarios, cuando en la práctica ya son condición de acceso a mercados y financiamiento.

Y hay una cuarta, más silenciosa: la inclusión de las pequeñas y medianas empresas. La integridad no debería ser un atributo exclusivo de las grandes compañías exportadoras, ya que, mientras no alcance a la base del tejido empresarial, los avances quedarán limitados a focos aislados de buenas prácticas dentro de un entorno todavía marcado por la informalidad.

Operaciones, terceros y sostenibilidad

Has asesorado a empresas e inversionistas en operaciones corporativas dentro y fuera de Brasil. ¿En qué momento de una adquisición o inversión debería incorporarse el análisis de integridad, y qué riesgos suelen aparecer cuando se deja para el final?

Esta es una pregunta que me toca de cerca, porque buena parte de mi trabajo ha sido estructurar operaciones corporativas dentro y fuera de Brasil. En mi opinión, el análisis de integridad debe incorporarse desde el primer momento, en paralelo con la debida diligencia legal y financiera, y nunca en una etapa posterior.

Las razones son a la vez jurídicas y prácticas, puesto que en Brasil la responsabilidad bajo la Ley Anticorrupción se transmite a la sucesora: quien adquiere puede heredar la exposición por actos cometidos antes de la operación. Lo mismo ocurre con pasivos ambientales, laborales o con la inclusión del target en la llamada lista sucia del trabajo esclavo. Adquirir una empresa sin evaluar su integridad implica, en los hechos, asumir una parte relevante del riesgo sin tener conocimiento de ella.

Cuando el análisis se deja para el final, las dificultades tienden a concentrarse en la etapa menos conveniente, puesto que suele descubrirse tardíamente un intermediario problemático, un contrato público mal originado o una estructura societaria opaca, momento en el que ya no queda margen para ajustar el precio, estructurar garantías e indemnizaciones o, llegado el caso, retirarse a tiempo.

Mi recomendación a los inversionistas es siempre la misma: la debida diligencia de integridad no debe entenderse como un freno al negocio, sino como un mecanismo de protección de la inversión, puesto que un hallazgo identificado a tiempo puede gestionarse, mientras que uno detectado tardíamente suele traducirse en pérdidas.

La debida diligencia también es esencial para identificar pasivos que todavía no se han materializado y para comprender si la cultura de la organización objeto de la adquisición está alineada con la cultura ética del inversionista. Sabemos que una transformación cultural no es sencilla ni ocurre a corto plazo. Por eso, es necesario evaluar si existe un desajuste tan profundo que pueda comprometer la integración y convertirse incluso en un deal breaker.

Las cadenas de suministro conectan a las empresas con terceros que operan en distintas jurisdicciones. ¿Cómo debería integrarse la evaluación de proveedores y socios comerciales en una estrategia de compliance que sea efectiva y, a la vez, viable para el negocio?

El desafío consiste precisamente en lograr que la evaluación de proveedores y socios sea rigurosa sin convertirse en un cuello de botella para el negocio, algo que se resuelve aplicando un criterio de proporcionalidad.

En Brasil, este desafío se vuelve aún más complejo porque muchas pequeñas empresas operan con un grado significativo de informalidad y cuentan con bajos niveles de documentación, especialmente en materia de compliance. La ausencia de políticas, registros y controles estructurados no siempre indica una irregularidad, pero dificulta la evaluación objetiva del riesgo. Por eso, la debida diligencia debe combinar rigor con proporcionalidad y considerar la realidad operativa de cada proveedor.

Lo primero es segmentar por riesgo, ya que no todos los terceros merecen el mismo escrutinio. Un proveedor de insumos genéricos no plantea las mismas exigencias que un agente que interactúa con el sector público o que un proveedor en un sector sensible como el agro, la madera o la minería, de modo que calibrar la profundidad de la diligencia según el nivel de riesgo es lo que permite mantener el programa viable.

Lo segundo es pensar en todo el ciclo de vida de la relación, no solo en la contratación: diligencia previa, cláusulas contractuales con derecho de auditoría y de terminación, y monitoreo continuo. La relación con el tercero no concluye con la firma del contrato, sino que en rigor comienza en ese momento.

Lo tercero es apoyarse en la tecnología para escalar, dado que la automatización del screening y del monitoreo permite abarcar a muchos terceros sin frenar la operación y libera al equipo para concentrarse en los casos que realmente lo exigen.

Conviene, por último, no perder de vista el contexto internacional, en el que regímenes como el reglamento europeo sobre deforestación o las restricciones por trabajo forzoso en Estados Unidos ya condicionan el acceso de los exportadores brasileños. Para muchas empresas, una adecuada diligencia de terceros ha dejado de ser una buena práctica opcional para convertirse en una condición necesaria para poder operar.

Tu trayectoria también está vinculada a asuntos socioambientales y de ética empresarial. ¿Cómo pueden las compañías conectar sus compromisos de sostenibilidad con decisiones concretas de gobierno corporativo y gestión de riesgos?

La conexión entre sostenibilidad, gobierno corporativo y gestión de riesgos comienza por reconocer que los compromisos ambientales y sociales no son declaraciones de imagen, sino decisiones que generan obligaciones, costos, oportunidades y exposición reputacional. Para que esos compromisos sean creíbles, deben traducirse en metas medibles, responsabilidades claras y controles que permitan verificar su cumplimiento en la operación.

En la práctica, esto exige incorporar los riesgos socioambientales en los procesos de evaluación de inversiones, adquisiciones, contratos y proveedores. También requiere que los directorios reciban información suficiente para entender dónde están las exposiciones más relevantes, qué controles existen y qué medidas se están adoptando cuando aparecen fallas.

Una empresa que gestiona estos temas de manera integrada no solo reduce riesgos: también fortalece su acceso a mercados, financiamiento y socios comerciales. En un entorno donde las exigencias internacionales sobre trazabilidad, deforestación y derechos humanos avanzan rápidamente, la sostenibilidad dejó de ser una agenda aislada para convertirse en parte de la estrategia de negocio y de la gobernanza corporativa.

Tecnología, regulación y colaboración regional

La inteligencia artificial está cambiando la forma en que las empresas analizan información y toman decisiones. ¿Dónde ves sus mayores oportunidades para los equipos legales y de compliance, y qué riesgos exigirán una supervisión especialmente cuidadosa?

La inteligencia artificial es, probablemente, la mayor transformación que viviremos los equipos legales y de compliance en esta década, y prefiero abordarla con una combinación de interés y cautela.

Las oportunidades son enormes justamente en lo que más nos cuesta hacer a escala: el screening y el monitoreo continuo de terceros, la detección de anomalías en pagos y transacciones, la revisión de contratos, la aceleración de las debidas diligencias y el rastreo de cambios regulatorios en varias jurisdicciones a la vez. Tareas que antes requerían equipos muy numerosos hoy pueden realizarse mejor, con mayor rapidez y de forma más consistente.

Existen, no obstante, ciertos riesgos que exigen una supervisión especialmente cuidadosa y que conviene examinar por separado. El primero es la protección de datos: en Brasil, cualquier uso de IA tiene que dialogar con la LGPD. El segundo son los sesgos y los errores, los falsos positivos y negativos que pueden llevar a decisiones injustas o hacer que se pase por alto un riesgo real. El tercero, más sutil, es el riesgo de complacencia, es decir, la tendencia a delegar en la herramienta y a reducir el análisis crítico propio.

Mi posición es que la IA representa un multiplicador de capacidad muy relevante, pero el criterio y la responsabilidad continúan siendo humanos. Los equipos de compliance deberán incorporar a su actuación la identificación de los riesgos asociados al uso indebido de la IA y definir medidas concretas para prevenirlos, detectarlos y mitigarlos. A ello se suma un elemento nuevo: la propia gobernanza de la IA, junto con su explicabilidad y su trazabilidad, se está convirtiendo en una nueva frontera del compliance, de modo que ya no basta con utilizar estas herramientas, sino que resulta necesario saber gobernarlas.

¿Qué tendencias regulatorias internacionales crees que tendrán mayor impacto sobre las empresas brasileñas y cómo deberían prepararse aquellas que operan en varios países de la región?

A mi juicio, existen tres grandes frentes que marcarán la agenda regulatoria de las empresas brasileñas en los próximos años.

El primero es el de la debida diligencia obligatoria en sostenibilidad y derechos humanos que avanza en Europa, junto con las exigencias de reporte y las reglas de deforestación. Aunque sean normas europeas, alcanzan de lleno a nuestros exportadores, que deben demostrar trazabilidad y origen lícito para seguir vendiendo. Conviene seguirlas de cerca, porque Europa está en pleno proceso de recalibrarlas y simplificarlas, de modo que los plazos y los alcances siguen moviéndose.

El segundo frente es el del comercio y las sanciones, con restricciones crecientes vinculadas al trabajo forzoso y a insumos sensibles, sobre todo en Estados Unidos. Y el tercero, emergente pero acelerado, es la regulación de la inteligencia artificial y la convergencia global en materia de protección de datos.

¿Cómo prepararse, sobre todo si se opera en varios países de la región? Mi recomendación es construir un único programa integrado que apunte al estándar más alto aplicable, en lugar de adaptar las exigencias país por país, lo que supone mapear la exposición real, invertir en trazabilidad, involucrar a los proveedores y llevar el tema al directorio. La empresa que intenta perseguir cada norma por separado tiende a reaccionar tarde, mientras que aquella que define principios comunes y los adapta a cada jurisdicción logra anticiparse y prepararse adecuadamente.

CR& Partners representa a Brasil en ComplianceLatam. ¿Qué valor tiene participar en una red de líderes legales y de compliance de distintos países? ¿Qué experiencias puede aportar Brasil al debate regional y qué puede aprender de sus vecinos?

Para nosotros, representar a Brasil en ComplianceLatam tiene un valor muy concreto, dado que nuestros clientes rara vez operan en un solo país y piensan, por lo general, en términos regionales. Formar parte de una red de líderes legales y de compliance de distintas jurisdicciones nos permite ofrecerles esa mirada regional con conocimiento local de verdad, no con generalizaciones.

Participar en una red tan amplia en América Latina también es importante para crear conexiones de confianza que puedan dar lugar a futuros proyectos conjuntos. Esto resulta especialmente valioso al diseñar e implementar programas de compliance para empresas que operan en varios países de la región, porque permite articular capacidades locales dentro de una estrategia regional coherente.

Hay además un valor de aprendizaje colectivo. Cuando colaboramos en trabajos comparados, como la guía sobre Compliance en las cadenas de suministro, que tuve el gusto de preparar en representación de Brasil, uno ve con claridad en qué se parecen y en qué se diferencian nuestros sistemas, y eso enriquece el consejo que damos a cada cliente.

En cuanto a lo que Brasil puede aportar al debate, se trata sobre todo de experiencia vivida. Pocos países de la región atravesaron un ciclo de enforcement tan intenso ni construyeron un marco anticorrupción tan probado en la práctica, con la lenidad, la actuación de la CGU y una jurisprudencia abundante. Esa experiencia, aunque difícil, constituye también una fuente valiosa de conocimiento.

En cuanto a lo que puede aprender, hay bastante. Veo a vecinos con enfoques muy interesantes en protección de datos, en el diseño de incentivos a la autodenuncia o en la articulación entre el sector público y el privado. El valor de la red reside precisamente en ese punto: ninguno de sus integrantes cuenta con todas las respuestas, y el intercambio permite mejorar el nivel de todos.

Desde una perspectiva regional, ¿qué haría falta para que los avances en integridad, transparencia y gobierno corporativo se traduzcan en cambios sostenidos en la forma de hacer negocios en América Latina?

El salto pendiente no es, otra vez, de leyes, ya que América Latina cuenta en general con buenos marcos normativos y lo que todavía falta es que esos avances se incorporen a la cultura empresarial.

Para lograrlo se requieren tres condiciones. Primero, consistencia, es decir, un enforcement previsible y una estabilidad institucional que no dependa del ciclo político de turno, sin la cual resulta difícil que alguien invierta en integridad. Segundo, un cambio de mentalidad, que consiste en pasar de un compliance movido por el miedo a la sanción a una integridad movida por convicción, por ser la mejor manera de hacer negocios y de atraer capital y talento. Y tercero, amplitud, para que la integridad alcance tanto a las grandes empresas como a las pequeñas y medianas, y se extienda de los equipos técnicos a los liderazgos y a los directorios.

Existe, además, una dimensión de acción colectiva, ya que las empresas honestas no pueden competir solas contra aquellas que no lo son y necesitan sumarse, fijar estándares de mercado y exigirse mutuamente.

Soy optimista, aunque realista, porque los cambios culturales no se producen por decreto, sino que se construyen de manera gradual. Si logramos que la próxima generación de líderes entienda la integridad no como un costo, sino como parte de lo que significa hacer bien las cosas, habremos avanzado en lo que realmente importa.


Para más información sobre la plataforma, escríbenos a contacto@compliancelatam.legal.

Guatemala | Sociedades deberán actualizar información de accionistas e inscribir a sus administradores ante el Registro Mercantil

Guatemala | Sociedades deberán actualizar información de accionistas e inscribir a sus administradores ante el Registro Mercantil

Para realizar el trámite, las empresas deberán contar con libros autorizados, avisos de emisión de acciones registrados y firma electrónica avanzada del administrador único o secretario del consejo, además de presentar información detallada sobre su estructura accionaria.


El Registro Mercantil de Guatemala informó que, de conformidad con la Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo, las sociedades mercantiles cuyo capital esté dividido en acciones y que hayan sido constituidas antes del 16 de septiembre de 2026 deberán actualizar y remitir a dicho Registro la información de sus accionistas, dentro del plazo de un año. Adicionalmente, deberán inscribir a los integrantes de su órgano de administración dentro de los seis meses siguientes a la vigencia de la Ley.

Actualización del Registro de Accionistas y Administradores

El Registro Mercantil de Guatemala, a través del Ministerio de Economía, emitió un comunicado oficial en el que precisa el alcance de la obligación transitoria prevista en la Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo (Decreto 15-2026), aplicable a las sociedades mercantiles accionadas constituidas antes de su entrada en vigor.

Principales aspectos:

  1. Vigencia: la Ley entró en vigor el 16 de septiembre de 2026.
  2. Sujetos obligados: sociedades mercantiles cuyo capital esté dividido en acciones, constituidas antes de esa fecha.
  3. Plazo y obligación: un año, contado desde la vigencia de la Ley, para remitir al Registro Mercantil, de forma certificada y con carácter confidencial, la información de su registro de accionistas.
  4. Requisitos previos:
    1. Libro de Registro de Accionistas autorizado por el Registro Mercantil.
    2. Aviso de emisión de acciones debidamente registrado.
    3. Administrador Único o Secretario del Consejo de Administración vigente, con firma electrónica avanzada.
    4. Formulario electrónico con el nombre y domicilio de los accionistas; numeración, serie y clase de las acciones; llamamientos y pagos realizados; y transmisiones de acciones efectuadas.
  5. Inscripción de administradores: seis meses, contados a partir del 17 de septiembre de 2026, para inscribir ante el Registro Mercantil a los miembros del órgano de administración.
  6. Alcance de la obligación: este régimen transitorio aplica únicamente a sociedades constituidas antes del 16 de septiembre de 2026. Las que se constituyan a partir de esa fecha se rigen por la obligación permanente de aviso dentro de los diez días hábiles siguientes a la primera inscripción o a cada transmisión de acciones.

Escríbenos a contacto@compliancelatam.legal si necesitas más información.

Compliance en un entorno dinámico: integridad, riesgos financieros y gobernanza, una conversación con Gustavo Papeschi de Beccar Varela

Compliance en un entorno dinámico: integridad, riesgos financieros y gobernanza, una conversación con Gustavo Papeschi de Beccar Varela

Argentina combina una intensa dinámica económica con un marco regulatorio en permanente transformación. Para las empresas, diseñar programas de compliance en este contexto exige ir más allá del cumplimiento formal: implica construir estructuras flexibles, anticipar cambios normativos e integrar la gestión de riesgos en las decisiones estratégicas del negocio. En un mercado donde coexisten regulaciones nacionales y provinciales, además de estándares internacionales con efectos extraterritoriales, la capacidad de adaptarse sin perder rigor se ha vuelto una condición esencial para operar de manera sostenible.

Gustavo Papeschi es socio de Beccar Varela, firma que representa a Argentina en ComplianceLatam. Su práctica se concentra en asesoramiento corporativo, bancos e instituciones financieras, compliance, regulación financiera, operaciones internacionales y estructuración de inversiones. A lo largo de su trayectoria ha acompañado a compañías, entidades financieras e inversionistas en decisiones complejas, incluyendo fusiones y adquisiciones, joint ventures, financiamientos, operaciones de mercado de capitales y proyectos con proyección internacional.

En esta conversación, Papeschi analiza cómo ha evolucionado la relación entre las empresas y sus asesores legales, el impacto de las normas internacionales sobre las compañías argentinas y los desafíos que plantea un entorno regulatorio cambiante. También aborda el rol de los directorios en la promoción de la integridad, las señales que revelan problemas culturales, el equilibrio entre control de riesgos y agilidad empresarial, el uso de la inteligencia artificial y la importancia de la colaboración regional para elevar los estándares de compliance en América Latina.

Llevas varios años acompañando a empresas, bancos e instituciones financieras en decisiones estratégicas. ¿Cómo ha cambiado el tipo de asesoramiento que esperan hoy los clientes de sus abogados?

Hoy, el abogado debe actuar con la diligencia de un buen hombre de negocios —como exige el artículo 59 de la Ley General de Sociedades 19.550—, entendiendo que su función excede la mera redacción de contratos o la defensa en litigios. Los directorios esperan que identifiquemos riesgos emergentes antes de que se materialicen, que acompañemos en la toma de decisiones con criterio preventivo y que seamos capaces de traducir complejidades regulatorias en recomendaciones accionables para la alta dirección.

El asesoramiento jurídico empresarial ha experimentado una transformación sustancial. Los clientes ya no buscan únicamente respuestas técnico-legales a problemas puntuales, sino socios estratégicos capaces de anticipar riesgos, comprender la dinámica del negocio y ofrecer soluciones integrales que contemplen tanto la dimensión legal como la comercial, reputacional y regulatoria. Este cambio responde a un entorno de mayor complejidad normativa —reflejado, por ejemplo, en la Ley 27.401 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas—, donde las decisiones corporativas requieren una visión transversal que integre compliance, gobierno corporativo, ciberseguridad y sostenibilidad.

Argentina es un mercado con una enorme dinámica regulatoria y económica. ¿Qué implica para las empresas diseñar una estrategia de compliance en un entorno donde las reglas pueden cambiar rápidamente?

La clave está en construir una cultura de cumplimiento genuina que trascienda la mera formalidad documental. Las empresas que logran este equilibrio convierten al compliance en un diferenciador competitivo, especialmente relevante para acceder a financiamiento internacional o participar en regímenes como el RIGI.

Argentina presenta un escenario regulatorio particularmente desafiante. La coexistencia de normativas nacionales —como las resoluciones del BCRA, la CNV y la UIF— con regímenes provinciales que pueden variar sustancialmente, exige a las empresas diseñar programas de compliance flexibles pero robustos. La Ley 27.401 establece los elementos mínimos de un programa de integridad efectivo: códigos de ética, canales de denuncia, evaluaciones de riesgo, debida diligencia de terceros y capacitaciones periódicas, entre otras cosas.

La corrupción y los riesgos de integridad ya no pueden analizarse únicamente desde la perspectiva de la legislación local. ¿Cómo ha cambiado el impacto de las normas y estándares internacionales sobre las compañías argentinas?

Esta convergencia regulatoria internacional implica que una conducta indebida en Argentina puede generar consecuencias en múltiples jurisdicciones simultáneamente. Por ello, las empresas argentinas —particularmente aquellas en sectores extractivos, infraestructura, farmacéutico o que interactúan frecuentemente con el sector público— deben implementar programas de integridad que cumplan estándares globales.

Las normas internacionales anticorrupción —especialmente la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) estadounidense y la UK Bribery Act británica— han redefinido las obligaciones de las empresas argentinas con proyección internacional. A mero título de ejemplo, la FCPA prohíbe pagos a funcionarios públicos extranjeros para obtener o retener negocios, mientras que la UK Bribery Act va más allá al penalizar también el soborno comercial entre particulares y tiene un alcance jurisdiccional extraordinariamente amplio. Ambas leyes pueden aplicarse a compañías argentinas que tengan operaciones, cotización, transacciones en dólares o vínculos comerciales con Estados Unidos o el Reino Unido. La Convención de la OCDE contra el Soborno, de la cual Argentina es parte, refuerza este marco exigiendo a los Estados miembro cooperar en investigaciones transfronterizas.

Has trabajado en estructuras y operaciones con una fuerte dimensión internacional. ¿Qué tan importante es para una empresa argentina comprender que una decisión tomada localmente puede generar consecuencias regulatorias en otras jurisdicciones?

Para mitigar estos riesgos, las empresas argentinas con exposición internacional deben incorporar el análisis multijurisdiccional desde la etapa de planeamiento de cualquier operación relevante: M&A, joint ventures, contratos con el sector público, estructuras de financiamiento y operaciones de comercio exterior. El asesor legal debe mapear todos los puntos de conexión jurisdiccional y diseñar la operación considerando el marco regulatorio más exigente aplicable, no solo el local.

Esto es absolutamente crítico. En operaciones con dimensión internacional, una decisión adoptada en Buenos Aires puede activar obligaciones de reporte o incluso exposición penal en Nueva York, Londres o Bruselas. La arquitectura regulatoria global ha evolucionado hacia la cooperación entre autoridades: la SEC y el DOJ estadounidenses, la Serious Fraud Office británica, y los reguladores europeos intercambian información y coordinan investigaciones. Esto significa que una transacción estructurada localmente sin considerar sus implicancias extraterritoriales puede transformarse en un problema de proporciones significativas.

En tu experiencia asesorando a bancos e instituciones financieras, ¿cuáles son los riesgos de compliance que más han evolucionado en los últimos años y cómo se están preparando las organizaciones para enfrentarlos?

Las instituciones financieras están respondiendo con inversiones significativas en tecnología de monitoreo transaccional, sistemas de alerta temprana basados en inteligencia artificial, y equipos especializados en compliance regulatorio. Sin embargo, el desafío principal persiste: mantener controles efectivos sin generar fricciones excesivas en la experiencia del cliente ni ralentizar operaciones legítimas.

El sector financiero argentino ha experimentado una evolución notable en sus riesgos de compliance. Tradicionalmente centrados en prevención de lavado de activos (PLA) —regulada por la Ley 25.246 y las resoluciones de la UIF—, hoy los programas deben abordar amenazas más sofisticadas: el financiamiento del terrorismo (FT), el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (según la reforma introducida por la Ley 27.739), los riesgos asociados a activos virtuales y proveedores de servicios de criptoactivos (PSAV) y los ciberataques con componente de fraude financiero.

Directorios, cultura e integridad

¿Qué señales deberían alertar a un directorio de que una organización está enfrentando un problema de cultura y no simplemente un problema puntual de cumplimiento?

Un problema de cultura requiere intervenciones estructurales: revisión del sistema de incentivos, fortalecimiento de los mecanismos de supervisión del directorio, cambios en posiciones de liderazgo si fuera necesario, y un proceso genuino de redefinición de valores organizacionales. No alcanza con actualizar políticas o reforzar capacitaciones si la raíz del problema está en cómo se toman decisiones, cómo se promueve a las personas y qué conductas se premian o toleran informalmente.

Existen señales de alerta inequívocas. Cuando los incumplimientos se repiten en distintas áreas o unidades de negocio; cuando los canales de denuncia permanecen inactivos o las denuncias son sistemáticamente desestimadas; cuando existe una desconexión evidente entre los valores declarados en el código de ética y las conductas toleradas en la práctica; cuando el tone from the top transmite mensajes ambiguos priorizando resultados sobre integridad; o cuando se detectan patrones de “mirar hacia otro lado” ante irregularidades menores.

El rol del directorio frente al compliance ha adquirido cada vez mayor relevancia. ¿Qué se espera hoy de un directorio realmente comprometido con la integridad?

Un directorio comprometido genuinamente con la integridad no se limita a aprobar políticas: cuestiona, indaga, exige información suficiente para tomar decisiones informadas y establece consecuencias reales ante incumplimientos.

El directorio ha pasado de ser un órgano de supervisión formal a convertirse en el garante último de la cultura de integridad. La Ley 27.401 es clara: para que un programa de integridad sea considerado efectivo a efectos de atenuar o eximir la responsabilidad penal de la persona jurídica, debe contar con el apoyo inequívoco de la alta dirección. Esto implica que el directorio debe aprobar las políticas de compliance, supervisar su implementación efectiva, asignar recursos adecuados al área y recibir reportes periódicos sobre el estado del programa y los riesgos identificados.

¿Cómo debería equilibrarse la exigencia de controlar riesgos con la necesidad de que las empresas sigan siendo ágiles en los negocios?

La tecnología es aliada fundamental en este equilibrio: automatizar controles rutinarios libera tiempo para análisis de mayor valor agregado, mientras que los sistemas de monitoreo continuo pueden identificar anomalías en tiempo real sin frenar operaciones legítimas. El objetivo no es eliminar riesgos —lo cual paralizaría cualquier negocio— sino gestionarlos de manera inteligente, tomando decisiones informadas sobre qué riesgos asumir, mitigar o transferir, siempre dentro de los límites del apetito de riesgo definido por el directorio.

Este equilibrio es uno de los mayores desafíos del compliance moderno. La respuesta está en adoptar un enfoque basado en riesgos —expresamente incorporado en la normativa argentina— que permita calibrar la intensidad de los controles según la criticidad de cada proceso o transacción. No todas las operaciones requieren el mismo nivel de escrutinio: la debida diligencia reforzada debe reservarse para situaciones de mayor riesgo (clientes políticamente expuestos, operaciones inusuales, jurisdicciones de alto riesgo), mientras que los procesos de bajo riesgo pueden gestionarse con controles simplificados.

¿Cómo crees que la tecnología y la inteligencia artificial van a modificar la manera en que las empresas gestionan riesgos, toman decisiones y supervisan sus programas de compliance?

El desafío inmediato es desarrollar marcos de gobernanza de IA antes de que la regulación alcance plena vigencia. Las empresas deben documentar evaluaciones de riesgo para sus sistemas de IA, establecer mecanismos de supervisión humana y garantizar que los algoritmos no perpetúen sesgos discriminatorios. El gobierno de la IA se ha convertido en uno de los pilares del compliance en 2026.

La inteligencia artificial está transformando radicalmente la gestión de riesgos y compliance. La IA permite analizar volúmenes masivos de datos para detectar patrones de fraude, automatizar la debida diligencia de terceros, monitorear transacciones en tiempo real y predecir riesgos emergentes con mayor precisión que los métodos tradicionales. Sin embargo, la IA representa un “arma de doble filo”: mientras las organizaciones la adoptan para fortalecer sus controles, los actores maliciosos la utilizan para ejecutar fraudes más sofisticados y a mayor escala.

Más allá de las herramientas tecnológicas, ¿qué capacidades humanas o competencias consideras que los equipos de compliance no deberían perder ni delegar completamente en la tecnología?

También son críticas las habilidades de investigación —saber formular las preguntas correctas, evaluar credibilidad de testimonios, preservar evidencia—, la capacidad de gestionar crisis con serenidad bajo presión y el liderazgo para impulsar cambios culturales. La validación humana sigue siendo esencial: ningún algoritmo debería tomar decisiones consecuenciales —sobre empleo, crédito, contratos— sin revisión humana. El compliance del futuro será una asociación entre inteligencia artificial e inteligencia humana, donde cada una aporte sus fortalezas distintivas.

El juicio ético y el criterio profesional son irreemplazables. La IA puede procesar información y detectar anomalías, pero carece de la capacidad de contextualizar, ponderar valores en conflicto y tomar decisiones que requieren sensibilidad humana. El compliance officer debe mantener la habilidad de interpretar la “zona gris” donde las normas no ofrecen respuestas claras, de comunicar riesgos de manera que movilicen a la organización y de construir relaciones de confianza que permitan que las personas se acerquen a reportar problemas. La tecnología presenta oportunidades tremendas para mejorar eficiencia y reducir costos, pero su adopción debe ser reflexiva y responsable, siempre con supervisión humana experta.

Argentina en el debate regional

Beccar Varela representa a ComplianceLatam en Argentina. ¿Cuál crees que es la importancia de formar parte de una plataforma que busca conectar a los principales actores legales y de compliance de la región? ¿Qué crees que puede aportar Argentina al debate en Latinoamérica?

Argentina puede aportar significativamente al debate latinoamericano. Contamos con una Ley de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas (27.401) que establece estándares claros para programas de integridad; un régimen de prevención de lavado de activos recientemente modernizado con la Ley 27.739; jurisprudencia relevante sobre responsabilidad de directores; y profesionales de compliance con experiencia en gestionar entornos de alta complejidad regulatoria y volatilidad económica. Esta experiencia en navegar la incertidumbre es particularmente valiosa para toda la región.

La participación en redes regionales como ComplianceLatam es estratégica por varias razones. Primero, porque la convergencia regulatoria internacional hace que los estándares de compliance tiendan a homogeneizarse: lo que hoy es mejor práctica en Brasil o México, mañana puede ser requisito legal en Argentina. Segundo, porque las empresas multinacionales que operan en la región demandan consistencia en los programas de integridad de sus contrapartes locales. Tercero, porque el intercambio de experiencias permite aprender de crisis ajenas y anticipar tendencias regulatorias.

¿Cuál crees que será la gran conversación que los líderes legales de Latinoamérica tendrán que enfrentar durante los próximos años en materia de cumplimiento?

La gran conversación será sobre cómo gestionar la “brecha de gobernanza de IA” antes de que genere una crisis comparable a las primeras décadas de enforcement del FCPA. Las organizaciones están adoptando masivamente herramientas de inteligencia artificial sin los marcos de control adecuados —muchas empresas carecen de cualquier política sobre uso de IA—, y la regulación avanza rápidamente con sanciones severas. Paralelamente, deberemos abordar la fragmentación regulatoria creciente: requisitos divergentes entre jurisdicciones que complican la operación de empresas con presencia multinacional, especialmente en materia de ESG, datos personales, sanciones económicas y reporte de sostenibilidad.

También será central el debate sobre cómo demostrar la efectividad real de los programas de compliance —más allá de la existencia formal de políticas— y cómo construir métricas que permitan comparar madurez entre organizaciones. Los reguladores y tribunales serán cada vez más exigentes en evaluar si los programas de integridad son genuinos o meramente cosméticos. En Latinoamérica, además, persistirá el desafío de mantener culturas éticas sólidas en contextos de inestabilidad institucional, presión económica y cambios políticos frecuentes. Quienes logren construir programas resilientes ante estas variables tendrán una ventaja competitiva significativa.


Para más información sobre la plataforma, escríbenos a contacto@compliancelatam.legal.

Perú | Sujetos obligados deberán cumplir nuevas exigencias de capacitación en SPLAFT

Perú | Sujetos obligados deberán cumplir nuevas exigencias de capacitación en SPLAFT

La formación debe vincularse con los riesgos del negocio y las funciones de cada colaborador, mientras que las organizaciones deben conservar constancias y documentación de respaldo disponibles para la UIF-Perú como evidencia de cumplimiento.


Capacitación anual obligatoria

Los trabajadores y directores deben recibir, dentro de cada año calendario, al menos una capacitación en materia de prevención y detección del LA/FT.

¿Quiénes deben capacitarse?

  • Trabajadores
  • Directores, cuando corresponda
  • El sujeto obligado, cuando sea persona natural

¿Cómo puede realizarse?

La capacitación puede desarrollarse bajo cualquier modalidad: presencial, virtual o mediante terceros especializados.

¿Qué debe conservarse?

Debe contarse con la constancia correspondiente, la cual debe mantenerse junto con la información de cada trabajador o director y encontrarse disponible para la UIF-Perú.

La prevención comienza con las personas: las empresas deben capacitar a sus equipos, lo que permitirá transformar el cumplimiento en una ventaja.

¿Qué deben conocer las organizaciones?

Una capacitación efectiva debe estar conectada con los riesgos y funciones de las organizaciones.

Durante la capacitación se debe abordar:

  1. LA/FT Y FP: conceptos, delitos y principales riesgos.
  2. Riesgos del negocio: identificación de los riesgos a los que se encuentra expuesto el Sujeto Obligado.
  3. Señales de alerta: ¿cómo identificar operaciones inusuales o sospechosas?
  4. Políticas y procedimientos: conocimiento y aplicación de las normas internas del SPLAFT.
  5. Listas y congelamiento de fondos: aspectos relevantes para la prevención.
  6. Responsabilidades: ¿qué corresponde hacer a cada trabajador según sus funciones?

Conocer el riesgo permite actuar a tiempo: capacitación + conocimiento + evidencia = un SPLAFT fortalecido

Cerrar el año con todo en orden

El cumplimiento también se demuestra con evidencia. Antes de cerrar 2026, las empresas deben asegurarse de contar con:

  • Capacitación anual realizada
  • Constancias correctamente emitidas
  • Registro de participantes
  • Temario y documentación de respaldo
  • Inducciones de nuevos trabajadores
  • Evidencia organizada y disponible

El momento para prepararse es ahora

Las empresas deben aprovechar el cierre de año para completar y ordenar su evidencia de cumplimiento, y empezar 2027 con el SPLAFT preparado para lo que viene.


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Guatemala | Nueva ley antilavado amplía los sujetos obligados y refuerza las exigencias de cumplimiento

Guatemala | Nueva ley antilavado amplía los sujetos obligados y refuerza las exigencias de cumplimiento

La normativa también introduce cambios en la gestión societaria, lo que requiere revisar la documentación corporativa y coordinar su actualización.


¿Qué cambia con la nueva ley?

  • Unifica en una sola ley la prevención y represión de LD/FT e incorpora el riesgo de FPADM.
  • Amplía y precisa las actividades que califican como Personas Obligadas.
  • Adopta un enfoque basado en riesgo y exige demostrar la efectividad de los controles.
  • Refuerza la debida diligencia, la identificación del beneficiario final y el monitoreo continuo.
  • Introduce nuevas obligaciones registrales y fortalece la supervisión de la IVE.

Nuevas personas obligadas

  • Entidades supervisadas por la SIB y personas que realizan actividades financieras reguladas, aunque no estén sujetas a supervisión sectorial.
  • Sectores comerciales y de servicios: actividades inmobiliarias, vehículos, bienes de alto valor, servicios societarios y activos virtuales, entre otros.
  • Profesionales jurídicos, económicos, contables y de auditoría independientes, así como notarios, únicamente en las actividades previstas por la Ley.
  • La calificación depende de la actividad efectivamente realizada, no solo del objeto social.

Obligaciones ante la IVE/SIB

  • Inscripción y actualización de información ante la SIB, por medio de la IVE.
  • Identificación y verificación del cliente, del representante y del beneficiario final.
  • Monitoreo de transacciones y reporte confidencial de transacciones sospechosas.
  • Atención de requerimientos y adopción de medidas correctivas.
  • Conservación, integridad y disponibilidad de expedientes y registros.
  • El reglamento y las disposiciones de la IVE definirán requisitos operativos adicionales.

Principales implicaciones

Manual y gestión de riesgos

Manual de políticas y procedimientos; funciones y responsabilidades; debida diligencia y monitoreo; reportes y escalamiento; capacitación y conservación.

  • Gestión de riesgos;
  • identificación de riesgos;
  • evaluación por clientes, productos, canales y geografía;
  • controles y riesgo residual;
  • monitoreo y actualización;
  • aprobación del órgano de dirección.

Implicaciones corporativas

Registro de accionistas

Las sociedades accionadas constituidas antes de la vigencia disponen de un año para proporcionar, de forma certificada y confidencial, la información de su registro de acciones.

Órgano de administración

Las sociedades existentes deben inscribir a todos los integrantes de su órgano de administración dentro de los seis meses siguientes a la vigencia de la Ley.

Requisitos previos

Libro autorizado, avisos de emisión de acciones registrados, información accionaria conciliada y firma electrónica avanzada del Administrador Único o Secretario del Consejo.

Avisos posteriores

La primera inscripción y cada transmisión de acciones deberán informarse al Registro Mercantil dentro de los diez días hábiles siguientes al evento.

Fechas clave y preparación

  • 16 de septiembre de 2026: entrada en vigor
  • 6 meses: inscripción de administradores
  • 1 año: actualización del registro de acciones

Preparación inmediata

  • Confirmar la aplicabilidad por sociedad y por actividad real.
  • Realizar un diagnóstico de brechas en gobierno, riesgos, KYC, datos y controles.
  • Regularizar libros, títulos, transferencias y nombramientos antes de presentar información.
  • Definir responsables y un plan de implementación sujeto al reglamento y disposiciones de la IVE.

Responsabilidades y sanciones

  • Comparación con leyes anteriores.
  • Cambios, continuidades y remisión a reglamentos.
  • Reglas penales en cada caso particular.

Si necesitas más información, escríbenos a contacto@compliancelatam.legal.

Chile | Ley de Fraudes: proyecto propone cambios a la responsabilidad de bancos y usuarios

Chile | Ley de Fraudes: proyecto propone cambios a la responsabilidad de bancos y usuarios

La iniciativa modifica la Ley N°20.009 y propone nuevos estándares de diligencia para usuarios y cambios al régimen de restitución de fondos fraudulentos.


El pasado 9 de septiembre, el Ejecutivo ingresó al Congreso el proyecto de Ley de Reforma al Mercado de Capitales y Financiamiento de la Casa Propia (Boletín N° 18.643-05), que modifica, entre otros cuerpos legales, la Ley N°20.009, conocida como Ley de Fraudes, que regula el régimen de responsabilidad aplicable al uso de medios de pago y transacciones electrónicas en casos de extravío, hurto, robo o fraude.

A poco más de dos años de la última reforma a esta ley, la propuesta busca volver a modificar el estándar de cuidado exigible a los usuarios, la restitución de fondos y la distribución de responsabilidad entre quienes intervienen en la cadena de pagos.

Estos cambios se fundamentan en el aumento de los fraudes y en las dificultades que, a su juicio, presenta la regulación vigente tanto para acreditar el dolo o culpa grave del usuario como para ejercer el derecho a restitución, entre ellas la falta de un formato único para la declaración jurada.

La propuesta ya ha generado las primeras reacciones de diferentes actores relevantes. Mientras la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y BancoEstado han respaldado los cambios al régimen de fraudes, algunos parlamentarios han planteado reparos, particularmente frente a la rebaja del estándar de culpa grave a culpa leve y sus eventuales efectos sobre la protección de los usuarios.

Las modificaciones

Nuevo estándar de diligencia: de culpa grave a culpa leve

Actualmente, la Ley N° 20.009 impone a los usuarios el deber de informarse y adoptar las medidas necesarias para prevenir el uso indebido, el fraude u otros riesgos asociados a los medios de pago y sus mecanismos de autenticación. Sin embargo, para que el incumplimiento de estos deberes permita atribuir responsabilidad al usuario, la regulación vigente exige acreditar dolo o culpa grave.

El proyecto reduce ese umbral. El usuario pasaría a responder hasta de culpa leve por el incumplimiento de sus deberes de cuidado y, en concordancia con ello, se elimina la referencia a la culpa grave en las disposiciones que regulan la oposición del emisor a la restitución.

En la práctica, el emisor ya no tendría que acreditar dolo o culpa grave del usuario para oponerse a la restitución, sino el incumplimiento del estándar de diligencia ordinaria propio de la culpa leve. El cambio amplía, por tanto, los supuestos en que la conducta del usuario puede incidir en la decisión sobre quién debe soportar el costo de una operación fraudulenta.

Autenticación reforzada: se amplían los casos en que se presume culpa leve del usuario

El proyecto establece que se presumirá la culpa leve del usuario cuando la operación desconocida haya sido realizada mediante autenticación reforzada, cualquiera sea el tipo de factores utilizados. La presunción operará para efectos de los procedimientos ante el juez de policía local.

Bajo la regulación vigente, no toda autenticación reforzada genera automáticamente una presunción. Depende de qué factores se usaron:

  • Si hubo autenticación reforzada con biometría —huella, rostro, entre otros—, la ley presume dolo o culpa grave; y
  • Si hubo autenticación reforzada sin biometría —por ejemplo, contraseña + código enviado al celular—, no existe esa presunción automática; solo puede servir al juez como antecedente para construir una presunción.

El proyecto elimina esa diferencia. Si la operación se hizo con cualquier autenticación reforzada, se presumiría culpa leve, haya o no biometría.

Esto no significa que el emisor pueda rechazar automáticamente el reclamo por el solo hecho de existir autenticación reforzada. La presunción opera ante el juez de policía local y, por tanto, el emisor deberá seguir recurriendo a esa sede para mantener la suspensión de la cancelación de cargos o restitución de fondos.

Nuevas reglas para distribuir la responsabilidad en la cadena de pagos

El proyecto introduce, además, cambios relevantes respecto de la distribución de responsabilidad entre las distintas entidades que intervienen en la cadena de pagos.

Actualmente, la responsabilidad frente al usuario recae en el emisor. El proyecto mantiene esa regla, pero reconoce expresamente al emisor que haya cancelado cargos, restituido fondos o indemnizado perjuicios el derecho a repetir contra las demás entidades que hayan contribuido, por acción u omisión, a la ocurrencia del fraude o a la imposibilidad de prevenirlo.

A su vez, el proyecto amplía las entidades sujetas a los deberes de seguridad establecidos en la Ley N°20.009, incorporando expresamente a operadores subadquirentes, proveedores de servicios de procesamiento de pagos, determinadas sociedades de apoyo al giro, titulares de marcas de tarjetas de pago, entidades que administren u operen sistemas de pago o compensación y participantes del Sistema de Finanzas Abiertas.

Este derecho de repetición agrega una dimensión contractual al régimen de fraudes: la asignación de obligaciones y responsabilidades entre emisores y los demás participantes de la cadena de pagos puede pasar a ser determinante para establecer quién soportará finalmente el costo del fraude. El propio proyecto deja a salvo las acciones que correspondan conforme a los términos y condiciones contractuales que vinculen a estas entidades.

Otros ajustes al procedimiento de restitución

El proyecto contempla además una serie de modificaciones al procedimiento aplicable frente a operaciones desconocidas:

  • Amplía de 10 a 15 días hábiles el plazo general para cancelar cargos o restituir fondos y, tratándose de giros en avances en efectivo o cajeros automáticos, de 15 a 20 días hábiles.
  • Establece un formato único para la declaración jurada, que será fijado por el Ministerio de Hacienda, y prohíbe al emisor exigir antecedentes adicionales al momento de su suscripción.
  • Permite efectuar electrónicamente la denuncia exigida por la ley, reconociendo el respectivo comprobante electrónico como respaldo suficiente.
  • Elimina la prohibición que actualmente impide a los emisores ofrecer seguros que cubran riesgos o siniestros que deban asumir conforme a la Ley N°20.009. La modificación reabre así la posibilidad de ofrecer coberturas para este tipo de operaciones, sin alterar las responsabilidades que la ley mantenga a cargo del emisor.

¿Cuándo entrarían en vigencia estas modificaciones?

De aprobarse el proyecto en los términos actualmente propuestos, las modificaciones a la Ley N°20.009 entrarían en vigencia desde su publicación en el Diario Oficial. Las nuevas reglas sobre culpa leve y autenticación reforzada se aplicarían únicamente a operaciones realizadas con posterioridad a dicha publicación. Los reclamos ante el emisor y procedimientos ante los juzgados de policía local iniciados previamente continuarían rigiéndose por la normativa anterior hasta su término.

El proyecto se encuentra actualmente en tramitación ante el Congreso Nacional, por lo que estas disposiciones pueden experimentar modificaciones durante su discusión legislativa.


Escríbenos a contacto@compliancelatam.legal si necesitas más información.